Una economía estable, pero con déficit en alza, una deuda externa equivalente a 50 por ciento del producto y un alto desempleo que, con la pobreza, dibuja un amenazante cuadro social serán en Argentina la herencia del ganador de las elecciones presidenciales de este domingo.
Los economistas coinciden en que el desafío es complejo porque se requiere un ajuste fiscal con reducción del gasto público y aumento de impuestos, y, por otro lado, una red de contención para 13 millones de pobres, tres millones de indigentes y cinco millones de personas con problemas de empleo.
Las nuevas autoridades tendrán a su favor una recuperación de la economía que comenzó a advertirse este mes, después de un año signado por el impacto de la depreciación del real en Brasil. En 1999 el producto caerá, pero se prevé que alcance en el 2000 un crecimiento de entre 3,5 y cinco por ciento.
Los principales contrincantes son el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Fernando de la Rúa, de la Alianza opositora centroizquierdista, y Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato del oficialista Partido Justicialista, de centroderecha.
De la Rúa recoge 51 por ciento de las intenciones de voto, según las encuestas, y Duhalde 35 por ciento, una diferencia que, de concretarse, permitiría descartar una segunda vuelta.
La encuestadora Gallup advirtió que de 1983 a 1991, cuando la inflación llegó a superar 3.000 por ciento anual, siete de cada 10 argentinos votaban preocupados por la inflación.
Hoy, ese problema no existe entre las prioridades de la ciudadanía a la hora de decidir el voto, porque los candidatos aseguraron que la estabilidad "es sagrada".
"Setenta y cinco por ciento de los que van a votar el domingo tienen memoria histórica de la inflación, y temen que un cambio en ese sentido empeore las cosas", advirtió el encuestador Manuel Mora y Araujo.
Por eso, agregó, la gente quiere un cambio que no modifique la paridad entre el dólar y el peso argentino, que data de 1991.
Pero aun partiendo de la estabilidad, quedan muchas asignaturas pendientes que condicionarán al próximo gobierno. Una de ellas es, justamente, este respeto sagrado por el tipo de cambio que hizo perder competitividad a las exportaciones de Argentina frente a Brasil.
Sea quien sea el ganador, la hipoteca a levantar es onerosa. El déficit fiscal de este año, que se preveía de 5.000 millones de dólares, rondará los 7.500 millones. El desequilibrio será el más alto de los 10 años de gobierno de Carlos Menem.
La deuda pública se incrementó en este decenio de 45.000 millones a 143.000 millones de dólares, de los cuales 23.000 millones corresponden a las provincias que no tienen respaldo financiero y atraviesan una situación de pobreza y desempleo extremos en algunos distritos.
La deuda equivale a 49 por ciento del producto interno bruto y para el 2000 se prevén vencimientos de intereses por 10.000 millones de dólares.
La desocupación de mayo se situó en 14,5 por ciento de la población económicamente activa, el mismo porcentaje que el del subempleo. Para este mes, según previsiones conocidas cuando aún no se difundió la tasa oficial, el desempleo habría trepado a 16 por ciento.
La pobreza y la indigencia se incrementaron a raíz de la falta de empleo. Miles de personas que se ubicaban en la clase media fueron descendiendo por la caída de sus ingresos y se transformaron en "nuevos pobres", pese a tener estudios y, algunas veces, casa propia.
El sociólogo Artemio López, del estudio Equis, sostuvo que de cada 1.750 personas empobrecidas en el último año, 1.000 pertenecían a la clase media. "El de los nuevos pobres es el fenómeno social más novedoso y extendido de los últimos 10 años", remarcó.
La pobreza crece en Argentina desde 1994, cuando la desocupación comenzó a subir. En el primer gobierno de Menem, con la estabilidad económica, la situación de los sectores socioeconómicos más bajos mejoró, pero luego comenzó a descender aceleradamente.
Este gobierno concretó la venta de empresas públicas deficitarias, con varias consecuencias sociales negativas. El beneficio económico obtenido con las privatizaciones no fue invertido en políticas públicas destinadas a atender la situación de los jubilados, pobres o desempleados.
Los servicios de salud, educación, justicia y seguridad, que el Estado debía atender con mayor eficiencia una vez que subastara las empresas deficitarias tal como había prometido, empeoraron en estos años, y allí radica otro de los grandes desafíos del nuevo gobierno.
Los más de 25.000 millones de dólares que consiguió Menem con la venta de las empresas públicas se esfumaron.
El Estado deberá crecer un poco otra vez, pero no para ocuparse de nuevo de competir con los negocios privados, sino para proteger de manera eficiente a quienes queden circunstancialmente relegados del modelo de desarrollo, sostienen los analistas.
El nuevo presidente deberá poner bajo control estricto a las nuevas empresas privadas de servicios públicos que obtuvieron ganancias siderales al recibir mercados cautivos y libertad para aumentar las tarifas, sin una exigencia de calidad a cambio. (FIN/IPS/mv/mj/ip if/99
