Venezuela enfrenta tiempos difíciles en su integración a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que reiteró un fallo pidiendo a este país levantar los obstáculos que impuso al transporte de cargas por carretera desde Colombia.
El gobierno venezolano calificó de injusta la decisión adoptada esta semana por la Secretaría General de la CAN, descartó que vaya a levantar la medida y anunció una apelación, aunque al mismo tiempo defendió la posibilidad de buscar soluciones por la vía del diálogo bilateral.
Venezuela ordenó el 15 de julio, de forma unilateral, que los camiones colombianos que se dirijan a su territorio trasborden al llegar a la frontera sus cargas a camiones venezolano.
La participación de Venezuela en la CAN no ha sido puesta en duda, pero los representantes del gobierno no ocultan su malestar porque consideran que sus argumentos no son debidamente considerados en este caso.
"Vamos a apelar esa decisión porque nos parece que no es justa", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, al anunciar que Venezuela recurrirá ante el Tribunal Andino con sede en Quito.
La decisión anunciada por la CAN esta semana reitera un fallo contrario a Venezuela del 12 de julio, en el cual se consideraba que la medida de trasbordo obligatorio de mercaderías de camiones colombianos a camiones venezolanos violaba disposiciones sobre libre tránsito de cargas en el bloque.
Tanto Colombia como Venezuela son socios en la CAN, un acuerdo de integración en el cual también participan Bolivia, Ecuador y Perú.
La CAN se pronunció a petición del gobierno colombiano, que rechazó la medida unilateral de Venezuela y la denunció como un incumplimiento de los acuerdos de integración.
El trasbordo de cargas fue decidido tras una serie de protestas de camioneros venezolanos, quienes se negaban a ingresar a Colombia por temor a la inseguridad en las carreteras de ese país, reflejada en robos e incluso asesinato de choferes.
Las autoridades venezolanas argumentaron que el objetivo de la medida era "nivelar" las relaciones, pues los camioneros colombianos sí podían cruzar la frontera sin problemas, lo cual les daba ventajas económicas.
"La CAN sabe que el problema de la inseguridad de los transportistas venezolanos no es una excusa sino una realidad. La realidad colombiana no es la que imperaba cuando se firmó el acuerdo de transporte" de la CAN, argumentó Rangel.
El canciller venezolano también consideró necesario que "las posiciones duras se depongan", con la finalidad de restaurar el diálogo más allá de las instancias de apelación. "Cuando hay vecindad, hay que ser extremadamente sensibles", añadió Rangel, en obvia referencia a Colombia.
Colombia y Venezuela considerarán fórmulas de solución esta semana, en un encuentro ministerial que se celebrará en la sede de la CAN en Lima.
El ministro de Producción y Comercio venezolano, Juan de Jesús Montilla, anunció que pretende llevar una "posición conciliadora" a la reunión con su par colombiana, la ministra de Comercio Martha Lucía Ramírez.
Ramírez ha sido muy crítica del trasbordo obligatorio en la frontera y ocasionó una pequeña crisis bilateral cuando Venezuela llamó a su embajador en Colombia a comienzos de julio, después de que la ministra pusiera en duda la voluntad de integración del gobierno de Hugo Chávez.
Pero más allá de las posiciones conciliadoras, tanto la cancillería como el ministerio de Infraestructura venezolanos advirtieron que no levantarán la medida, pese al reiterado pronunciamiento de la CAN.
El sector privado ha apoyado la medida del gobierno, pero al mismo tiempo sugirieron que es necesario ser cautelosos en vista de los compromisos asumidos en el marco de la CAN.
La principal organización empresarial del país, Fedecámaras, anunció que realizará una reunión extraordinaria este lunes para estudiar las repercusiones del caso.
Analistas locales han destacado que Venezuela estaría obligada a cumplir la decisión del Tribunal Andino, aún si resulta desfavorable, o de lo contrario se expondría a medidas de represalia en el marco del acuerdo de integración.
El canciller Rangel adelantó que esa apelación estará basada, al igual que las presentaciones anteriores, en el deber del Estado de resguardar la seguridad de sus ciudadanos. "Este es un argumento fundamental", afirmó. (FIN/IPS/lc/mj/if/99
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