Un penetrante olor a corrupción sale de las ollas que destapan los organismos de control de Colombia, y los medios de comunicación se lo ofrecen a diario, como plato fuerte, a un público que comienza a manifestar repugnancia.
La receta no es nueva y algunos ni se inmutan cuando, tras las cortinas musicales de primicias informativas, la radio o la televisión anuncian otra reveladora investigación sobre el robo cometido en tal o cual institución.
Pero muchos expresan sus críticas en las secciones de correo de los diarios, en los programas radiales de micrófono abierto y en espacios de televisión con líneas telefónicas de opinión.
La sangría de las arcas públicas se evidencia en las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación sobre las investigaciones en curso. El número de alcaldes investigados por malos manejos (2.633) es mayor que la cantidad de municipios que hay en el país (1.071).
Más de 5.000 personas investigadas por el delito de peculado – mal uso de dinero público-, 4.335 por prevaricato por acción o por omisión, 1.109 por suscribir contratos sin llenar los requisitos legales.
Otras 536 personas son indagadas por enriquecimiento ilícito y 4.231 por otros delitos relacionados con el saqueo de las finanzas públicas.
Pero las cifras reales deben ser aún mucho mayores. Esto es sólo lo que se filtra por denuncias valerosas y, también, por revanchas y venganzas de algunos a los que le tomaron la delantera "en el negocio".
En dos bancos estatales con supuesta vocación social, el Central Hipotecario (vivienda) y la Caja Agraria, se han detectado faltantes por unos 295 millones de dólares.
Autopréstamos y favores entre delincuentes de cuello blanco con asiento en las Juntas directivas que también involucraron al Banco del Estado y al ex embajador en México, Diego Pardo.
El caso de la liquidación de la estatal Puertos de Colombia fue señalado como una muestra de "democratización de la corrupción", a través de sus ocho sindicatos y una federación de trabajadores.
Adulteración de documentos para cobro de pensiones y auxilios entre 1993 y 1997 hicieron que el pasivo riesgoso por concepto de obligaciones pendientes superara en 10 veces el presupuesto existente.
Los Contralores de la época, Manuel Becerra y David Turbay, no abrieron las investigaciones correspondientes y hoy están presos, pero no por haber hecho la "vista gorda", sino acusados de enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico.
La nación perdió el equivalente a 10 millones de dólares en la conciliación de un contrato entre el Ministerio del Transporte y la empresa privada Dragacol, según denuncia del senador Javier Cáceres.
La lista parece no tener fin y ya hay quienes advierten que la corrupción puede ser la mecha que prenda el fuego en medio de la caldeada crisis del país.
Francisco Cajiao, director de la División de Educación de la Fundación para la Educación y el Desarrollo, dijo a IPS que ante la situación generalizada de corrupción "la gente no tiene canales confiables de acceso al manejo de la cosa pública".
"Tampoco los organismos de control del Estado como la Procuraduría y la Contraloría, o del sector privado, como las superintedencias, brindan garantías. Además, los partidos políticos prácticamente no existen", añadió.
Según el experto, la corrupción generalizada, evidenciada en administradores deshonestos o ineptos, crean climas como el que antecedió al triunfo de (Hugo) Chávez en Venezuela".
Sin embargo, considera que en Colombia no se vislumbra por ahora una alternativa de ese corte, pues no hay oposición democrática ni sociedad civil organizada y fuerte, y la guerrilla es una opción militar que no ha dicho qué país imagina para cambiar el actual.
En medio de ese horizonte sin expectativas, "el ciudadano de clase media -que es el que paga impuestos porque los ricos son evasores- es presa del chantaje de perder la casa o el cupo del colegio de su hijo por la corrupción de quienes por décadas han dirigido con tanto cinismo los rumbos del país", añadió.
El séptimo lugar que ocupa Colombia en la lista de países corruptos -superado sólo por Camerún, Paraguay, Honduras, Tanzania, Nigeria e Indonesia- según la organización Transparencia Internacional (TI), tiene respaldo.
El Estado, en un país de 38 millones de personas -80 por ciento de ellas en situación de pobreza-, pierde el equivalente a tres por ciento de su presupuesto nacional -que para el 2000 equivale a unos 23,5 millones de dólares- por culpa de funcionarios venales y personas del sector privado corruptas.
La impunidad y la corrupción son tanto o más peligrosas que los grupos armados irregulares, advirtió el Fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez.
Pablo González, director del Cuerpo de Investigaciones Técnico Judiciales, afirmó que "la inoperancia del Estado por la corrupción administrativa o política se ha convertido en un factor altamente perturbador de la estabilidad democrática".
El ex ministro de Hacienda Abdón Espinosa afirmó que "de la picaresca callejera, auspiciada en parte por la necesidad (la corrupción) sube a recintos insopechados" y el país acabó familiarizándose y hasta celebrando las "ilícitas aventuras".
Intentando contrarrestar el rosario de escándalos, el Ministerio de Comunicaciones suscribió a principios de este mes el primer contrato que en Colombia se acoge al modelo propuesto por TI: pactar entre las firmas licitantes y el contratista el rechazo de cualquier pago extra indebido.
Pero Cajiao considera que, por ahora, estas son sólo briznas que no afectan lo que denomina "el estado de ánimo de la corrupción generalizada". (FIN/IPS/mig/ag/ip/99
