El presidente de El Salvador, Francisco Flores, enfrenta acusaciones de que su partido entregó a ex paramilitares, para que lo votaran, fondos de ayuda internacional destinados a los afectados por el huracán Mitch.
Según las denuncias, el ex presidente Armando Calderón Sol entregó 10 millones de colones de esos fondos (cerca de 1,1 millones de dólares) a la Asociación de Productores Agropecuarios (Aproas), que agrupa a ex paramilitares, para que sus integrantes votaran a Flores, quien asumió el gobierno el 1 de junio.
El gobierno y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el partido de Calderón y Flores, negaron al principio la denuncia, pero luego reconocieron que la Aproas había recibido el dinero, aunque arguyeron que eso se debió a que sus miembros habían sido damnificados por el huracán.
El actual mandatario había declarado antes que nunca se había reunido con representantes de la Aproas, que no conocía a nadie que integrara esa asociación, y que no pediría una investigación porque las denuncias carecían de fundamento.
Rutilio Aguilera, principal magistrado de la Corte de Cuentas (organismo de contralor), ordenó el miércoles, sin embargo, una auditoría para determinar si el dinero proveniente de la ayuda internacional para las víctimas del huracán Mitch tuvo un destino distinto del previsto por los donantes.
El Salvador recibió en los últimos meses de 1998 cuantiosa ayuda internacional para los afectados por el huracán, que asoló América Central a fines de octubre de ese año. Los países más afectados fueron Honduras y Nicaragua, seguidos por El Salvador. Las pérdidas totales causadas por el fenómeno se estimaron en 6.000 millones de dólares.
Las denuncias de desvío de fondos se conocieron el lunes, pero todo empezó a gestarse la semana anterior, cuando los integrantes de la Aproas realizaron una manifestación que terminó en enfrentamientos con la policía y dejó el saldo de dos ex paramilitares muertos y una docena de heridos.
Los ex "patrulleros", como se les conoce, cooperaron con el ejército en los combates contra la guerrilla durante la guerra civil de 1980-1992, y pretenden que por ello se les otorguen indemnizaciones individuales de unos 1.000 dólares, pensiones mensuales de unos 100 dólares, y créditos para labores agrícolas.
Los ex paramilitares quedaron excluidos de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y la guerrilla en 1992
Luis Alonso Molina, dirigente de la Aproas, aseguró que esa organización recibió de Arena el dinero y camisetas estampadas con el nonbre de esa organización política.
Según las denuncias, el desvío de fondos hacia integrantes de la Aproas no sólo se realizó con fines de proselitismo electoral, sino también para mitigar los reclamos de compensaciones de los ex paramilitares.
Un dirigente de Arena reconoció que había participado en la gestión del dinero entregado a la Aproas, pero alegó que con esos recursos se pretendía beneficiar a 5.000 familias damnificadas por el huracán.
El ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, dio una versión similar de los hechos, al asegurar que Calderón ordenó el desembolso suponiendo que beneficiaría a productores agrícolas y no a los ex "patrulleros".
Alfredo Cruz, dirigente de la Aproas, aseguró al diario La Prensa Gráfica, sin embargo, que la mayoría de los miembros de su organización que recibieron fondos destinados a los afectados por el huracán (unos 200 dólares cada uno) no habían sido víctimas de ese fenómeno, pero pasaron por tales con el consentimiento de Arena.
En la edición del jueves del diario aparecieron testimonios de varios ex "patrulleros", y Cruz, de 31 años, explicó que cobró los 200 dólares y tomó la camiseta de Arena, a pesar de que el huracán no lo afectó porque vive en Izalco, en el departamento suoccidental de Sonsonate, donde el Mitch no causó daños.
Otros ex paramilitares que realizaron declaraciones al diario señalaron que habían recibido dinero aunmque ni siquiera se dedicaban a la agricultura.
Tras los disturbios de la semana pasada, los dirigentes de la Aproas aseguraron que esa organización se preparará para realizar nuevas medidas de presión en los próximos días.
Flores aseguró, sin embargo, que no cederá a las demandas de los ex paramilitares ni a las de los trabajadores públicos, quienes realizaron una huelga la semana pasada en demanda de aumentos salariales.
Según dirigentes del movimiento sindical, el conflicto entre los trabajadores y el gobierno no ha terminado y habrá nuevas protestas. El salario mínimo en El Salvador es de aproximadamente 120 dólares, el desempleo ronda siete por ciento según datos oficiales y el subempleo llega a 35 por ciento. (FIN/IPS/mso/mp/ip/99)
