Unos 1.200 millones de personas pobres de países en desarrollo pagan en promedio 12 veces más por el agua que consumen que sus compatriotas en mejores condiciones económicas, concluyeron expertos.
Además, por no estar conectados con sistemas municipales, muchos pobres se ven forzados a comprar agua transportada en camiones, y por eso cuatro millones mueren cada año de alguna enfermedad transmitida por el agua, según la Comisión Mundial sobre el Agua para el Siglo XXI.
Se trata de una enorme injusticia pero también de una oportunidad comercial, destacó el grupo de donantes, que se reunirá en Estocolmo los días 9 y 10 de este mes para discutir formas de recaudar los 31.000 a 35.000 millones de dólares que estima necesarios por año para lograr el acceso universal al agua antes del 2010.
"Es improbable que los países más pobres consigan fondos, incluso mediante la ayuda internacional, para financiar ese desarrollo", y por lo tanto deben obtenerlos de empresas multinacionales e inversionistas nacionales, declaró la Comisión.
De otro modo, el número de personas sin agua potable aumentará a 2.300 millones para el 2025, advirtió Ismail Serageldin, presidente de la Comisión.
Las necesidades serán especialmente acuciantes en las ciudades, cuya población crecerá en promedio 160 por ciento para el 2030, frente a 10 por ciento en el campo, previno.
La promoción de la comercialización de los suministros de agua por parte de la Comisión bien podría probar la veracidad del viejo refrán de que "el agua ha ahogado más penas que el vino", opinaron observadores.
Funcionarios públicos de Paraguay amenazaron con una huelga general debido a los planes de privatización, que consideran una medida contraria a los sindicatos.
El Banco Mundial, supuestamente insatisfecho con la desregulación de las reservas de agua en ese país latinoamericnao, suspendió un préstamo de 46 millones de dólares, según informes de prensa.
Mientras, compañías de agua francesas enfrentan la indignación popular en Argentina, donde aumentaron las tarifas más allá de los niveles acordados y amenazaron con cortar el servicio a aquellos que no lo pueden pagar.
Obreros y grupos comunitarios de Sudáfrica también se oponen a los planes de privatización del agua basados en la experiencia negativa de otros servicios públicos cedidos a empresas privadas.
"Claramente, los costos unitarios del suministro de agua deben reducirse", destacó Serageldin, quien es vicepresidente del Banco Mundial.
Sin embargo, de alguna manera los pobres logran hallar dinero para adquirir agua, y esto podría convertirse en ganancias para empresarios acreditados, señalaron miembros de la Comisión.
"Aunque en general se cree que los pobres no pueden pagar el agua de uso doméstico que necesitan, un estudio demostró que tanto los pobres urbanos como rurales están dispuestos a pagar tarifas más altas para tener agua potable", destacó William Cosgrove, director de la Unidad de Visión del Agua Mundial.
La organización de Cosgrove está elaborando pautas de políticas públicas y una lista de oportunidades de inversión privada que será adoptada el próximo marzo.
Actualmente, las personas pobres pagan por el agua cinco veces más que la tarifa municipal en Abidján, Costa de Marfil; 25 veces más en Dacca, Bangladesh, y 40 veces más en El Cairo, Egipto, de acuerdo con la Comisión Mundial sobre el Agua.
"Pagan tanto que sólo pueden comprar tazas de agua para beber, no los 40 litros por día" que se precisan como mínimo para satisfacer las necesidades humanas básicas, apuntó Arienne Naber, consultora de la Comisión.
Las firmas privadas que se introdujeron en los mercados del agua de países en desarrollo en la última década obtuvieron resultados muy variados, reconoció Naber.
Muchas empresas dirigieron sus servicios al sector de mayores ingresos de la población, dejando que el Estado satisficiera las necesidades de los pobres, pero "si los gobiernos proveen el marco regulatorio adecuado, pueden garantizar que los servicios privados lleguen a los pobres", agregó.
El marco adecuado implica un equilibrio entre el deber de los gobiernos de proteger el interés público y las demandas de los inversores privados de exoneraciones impositivas y garantías de que se permitirá a las tarifas flotar con el mercado.
Los proponentes de la privatización arguyen que ésta es necesaria porque los gobiernos ya no tienen fondos para invertir en infraestructura y entrega.
La cofinanciación de proyectos hídricos por el Banco Mundial cayó de un promedio de 34 por ciento a fines de los años 80 a cerca de 10 por ciento a comienzos de los 90, y la diferencia debió ser compensada con inversiones privadas, subrayó Naber. (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/mlm/en-dv/99
