Una organización internacional de lucha contra las minas antipersonales procura el respaldo de grupos guerrilleros para un propuesto acuerdo que prohibiría el uso de esas mortíferas armas a partir del año próximo.
La Campaña Internacional para Prohibir las Minas de Tierra (ICBL, por sus siglas en inglés) planea lanzar el 1 de enero del año 2000 una nueva iniciativa titulada "Llamado de Ginebra", anunció Sol Santos, coordinadora para Filipinas.
"Esperamos que los grupos guerrilleros que se niegan a firmar el Tratado de Ottawa se muestren dispuestos a apoyar el Llamado de Ginebra", dijo Santos a IPS.
Santos estuvo en Sri Lanka para asistir a un seminario regional sobre minas de tierra realizado la semana pasada en la localidad de Wadduwa, unos 30 kilómetros al sur de Colombo.
ICBL, una coalición de más de 1.300 organizaciones no gubernamentales de 75 países, promovió el Tratado de Ottawa de diciembre de 1997, que prohibió el desarrollo, la producción, la acumulación, la transferencia y el uso de minas terrestres.
Desde su promulgación en Canadá y hasta el 31 de marzo de este año, 135 países firmaron o se adhirieron al tratado, según cifras oficiales.
Las minas de tierra utilizadas por gobiernos y grupos rebeldes en conflictos internacionales o civiles mataron o mutilaron a millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo.
A diferencia de otras armas de guerra que se apuntan a un objetivo y se disparan, las minas matan o lesionan indiscriminadamente, y sus efectos perduran más allá del fin de la guerra a menos que sean removidas o detonadas, destacó el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Hay más de 250 millones de minas antipersonales almacenadas en 108 países, según ICBL.
La Cruz Roja estimó que 800 personas mueren y 12.000 más resultan heridas cada mes a causa de las minas de tierra.
La lucha contra el flagelo de estas armas es harto difícil, porque mientras se remueven minas de zonas de conflicto a un altísimo costo, se plantan otras.
El encuentro de la semana pasada, organizado por la Cruz Roja, reunió a cancilleres y funcionarios de Defensa de India, Pakistán, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh y Bután, además de militares y expertos en derechos humanos de otros países.
La reunión de tres días se concentró en la prohibición de las minas sobre fronteras comunes y de la transferencia de esas armas como primera medida hacia su eliminación.
"Este es el comienzo de discusiones entre gobiernos de Asia meridional sobre las medidas que deberían adoptarse para eliminar las minas terrestres", dijo un funcionario.
Dentro de la región, la mitad de los países parecen estar dispuestos a trabajar para el fin de las minas antipersonales, mientras la otra mitad, aunque no se opone a dicho objetivo, cree que debe aplazarse.
Sólo Bangladesh y Maldivas suscribieron el tratado de Ottawa dentro de Asia meridional.
Autoridades de Sri Lanka defendieron su decisión de no firmar el tratado arguyendo que las minas son esenciales en el conflicto contra los rebeldes que luchan por un estado tamil separado en el norte y este del país, llamados "Tigres de Tamil".
Los expertos estiman que la península de Jaffna, en el norte de Sri Lanka, es la zona de Asia meridional que tiene más minas plantadas por kilómetro cuadrado.
Santos, abogado y ejecutivo de ICBL, explicó a IPS que su grupo realiza esfuerzos para que unos 165 organizaciones rebeldes y de liberación de todo el mundo aprueben el Tratado de Ottawa.
Hasta ahora, ICBL persuadió a unos 12 grupos rebeldes de Somalia, Sudán, Afganistán y Filipinas de declarar unilateralmente el cese del uso de minas antipersonales, pero "los Tigres de Tamil son un hueso duro de roer", dijo Santos. (FIN/IPS/tra- en/fz/rdr/mlm/ip/99
