Cansados de morir en silencio, con casi 1.000 dirigentes asesinados en los dos últimos años por los paramilitares de derecha, la guerrilla izquierdista y el Ejército, los indígenas colombianos comenzaron hoy jornadas de reflexión para enfrentar la guerra y exponer su propuesta de paz.
"Hemos resistido la guerra en silencio, pero nos ha costado muchos muertos. Por eso convocamos a delegados de todo el país para buscar salidas a la actual ola de terror", dijo a IPS Edilberto Imbachín, jefe de la Sección de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Colombia (ONIC).
Los 120 participantes en la reunión representan a 1,5 millones de indígenas de 94 pueblos, cuyos territorios ocupan 280.000 de los 1,15 millones de kilómetros cuadrados de superficie del país.
El debate se prolongará hasta el martes en Zipacón, una localidad de la periferia de Bogotá cuyo nombre evoca al Zipa, dueño y señor del territorio de los aborígenes chibchas, primigenios pobladores de la sabana bogotana.
Cuando Inbachín, autor del documento central de discusión en la asamblea nacional indígena, habla de "ola de terror", no lo hace en sentido figurado.
En 1998 fueron asesinados, en masacres o crímenes selectivos, 700 dirigentes indígenas, y más de 100 este año, dijo Inbachín, basado en estadísticas levantadas sobre informes de los centros regionales de la ONIC y denuncias ante las autoridades judiciales.
"El número (total) de muertos de miembros de los pueblos es mucho mayor", agregó.
Un informe del Programa Indígena de la Presidencia de la República distribuido a través de la Red de Solidaridad Social da cuenta de 2.830 personas, miembros de 511 familias, que debieron abandonar sus comunidades a causa del conflicto interno.
Pese a que el informe reseña lacónicamente el motivo del desplazamiento, hay dos palabras que son recurrentes: "enfrentamiento y hostigamiento".
En algunos casos, las estadísticas sugieren hechos que Imbachín no duda en calificar de operaciones de exterminio.
Por ejemplo, el asesinato de 22 líderes embera katio, de la comunidad de Avive, perpetrado en la zona rural de Mutatá, en el noroccidental departamento del Chocó, limítrofe con Panamá.
Inbachín dice que, por departamentos y pueblos, los más afectados por el conflicto armado, después de los embera katio del Chocó y Antioquia, son los korewaje del sudoriental departamento del Caquetá, fronterizo con Perú, y los Paeces y guambianos, del suroccidental departamento del Cauca.
En lo que no hay diferencia entre los desplazados indígenas y campesinos mestizos (unos dos millones) que la guerra ha expulsado de sus parcelas es lo que el informe oficial clasifica de "requerimientos": apoyo alimentario, reubicación, vivienda, empleo.
Revestidos del reconocimiento que la Constitución de 1991 les hizo al declarar a Colombia como país multiétnico y pluricultural, los indígenas buscan un espacio político, que responda a esa diversidad.
Lo hacen en momentos en que sectores no gubernamentales presionan por la reactivación de las conversaciones entre el gobierno y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estancadas desde principios de mayo.
La ONIC opina que el esquema de negociaciones planteado es excluyente.
"De ninguna manera, hasta el momento, las dos partes que actúan en el proceso han tenido en cuenta el sentir de otros sectores de la nación que no sin ser actores armados han sufrido con gran peso los estragos de un sistema que excluye las diferencias y las persigue".
Si eso no se modifica, afirma Imbachín, "los excluidos generaremos conflictos sociales graves, que perturbarán la paz de los colombianos del futuro".
Los aborígenes están seguros de que, "como pueblos milenarios, con nuestro saber y visión diferente a la occidental (podemos) formular una propuesta de convivencia pacífica entre los pueblos, los individuos, y entre la sociedad y la naturaleza".
Cuestionan como única opción de desarrollo el modelo "fundado en el orden mundial de la economía de mercado con un sólo objetivo: la acumulación".
Además, reclaman "reconocimiento oficial por parte del Estado de la jurisdicción interna de los pueblos indígenas (…) sobre "la propiedad del suelo, el subsuelo y el espacio aéreo (…) y el derecho al territorio como propiedad colectiva".
Los planteamientos de la ONIC apuntan al trasfondo de la discusión general de la negociación de paz y, también a la agenda Colombia-Estados Unidos.
"Sólo nosotros hablamos de soberanía nacional", dijo Imbachín. Y "cuando hablamos de soberanía nos referimos a la globalización. No sólo Estados Unidos está encima, sino que hay muchas (empresas) multinacionales que aspiran a ubicarse en el territorio colombiano, tanto por sus recursos como por su localización geoestratégica".
"El neoliberalismo atenta contra los recursos naturales, que son patrimonio de la humanidad", agregó.
"La agenda indígena contempla derechos irrenunciables, no negociables, con guerra o sin guerra. Tanto el gobierno como la guerrilla y otros sectores van atener que poner mucha atención a nuestra propuesta", advirtió.
Imbachín señaló casos como la explotación de yacimientos petroleros por parte de Britsh Petroleum en el departamento de Boyacá, del centro-oeste, en predios de los pueblos U'was, cuyos líderes han anunciado el suicidio colectivo como protesta, según sus cánones culturales.
También mencionó los problemas causados a los pueblos zenues del noroccidental departamento de Córdoba por el proyecto hidroeléctrico de Urrá, en el que participan empresas europeas.
Ante los insistentes rumores de una intervención estadounidense en Colombia, Imbachín comentó que "se está haciendo desde hace mucho tiempo. En cuanto a una intervención militar directa "aceleraría el conflicto y profundizaría la guerra".
En el plano internacional, se remitió a las experiencias de América Central. En El Salvador, Guatemala y Nicaragua, donde se desarrollaron procesos de paz similares al propuesto para Colombia "tanto la insurgencia como la fuerza pública se extralimitaron en sus acciones contra la población civil".
"Hoy en Centroamérica no hay guerra, pero tampoco hay paz", afirmó, y manifstí escepticismo ante la posibilidad de una pronta salida negociada al conflicto colombiano. "Sin lugar a dudas, debemos prepararnos para las consecuencias de una confrontación armada de mayor intensidad".
Por eso, parte de los tres días de la asamblea se dedicarán a diseñar planes para responder a tres interrogantes: "¿Cómo va a ser la educación de los pueblos indígenas en la guerra?. ¿Cómo se atenderá la salud de las comunidades?. ¿Cómo solucionaremos el problema de la alimentación?". (FIN/IPS/mig/ff/hd/99
