Unas 50 mujeres butanesas refugiadas en Nepal presentaron esta semana un memorando a la secretaría de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) en busca de una solución al problema de los ciudadanos expulsados de Bután hace unos 10 años.
Krishna Maya Neupane es una de esas mujeres, integrantes de la nueva Organización de Bután para los Derechos de la Mujer. Luego de siete años en un campamento de refugiados de Nepal sin perspectivas de cambio, la enfermera decidió expresar activamente su derecho a regresar a su país.
Por eso, esta semana decidió con las otras mujeres tomarse un autobús a Katmandú para presentar el memorando, que exhorta a los gobiernos de los siete estados miembros de la SAARC a atender la situación de los 97.000 refugiados butaneses que languidecen en campamentos de Nepal desde hace unos 10 años.
Respaldadas por el Foro de los Pueblos para los Derechos Humanos y el Desarrollo, las refugiadas urgieron al gobierno de Nepal a terminar las conversaciones bilaterales con Bután y solicitar la intervención de la comunidad internacional para encontrar una solución pacífica a su problema.
"Los países miembros de la SAARC tienen el deber moral de garantizar que un grupo de personas no sea víctima de otra por causas étnicas o políticas, al menos en esta región", dice el memorando.
"La solución al problema se relaciona con la voluntad política del gobierno de Bután de aceptar a sus ciudadanos de regreso", afirma el documento.
Agrega que "el problema de los refugiados ya no es un tema bilateral, porque involucra a tres países: Bután que expulsó a sus ciudadanos, India, un país de tránsito a través del cual llegaron los refugiados, y Nepal, el país anfitrión".
En 1988, para preservar el carácter budista de la nación, Bután decidió expulsar a todos aquellos habitantes que no pudieran probar haber vivido en el reino himalayo por más de tres décadas.
Dado que la mayoría de los "lhotsampas" o hindúes de habla nepalesa del sur de Bután no tenían prueba de su identidad, decenas de miles de ellos debieron abandonar el país, entre ellos altos funcionarios de gobierno.
La mayoría vive en ocho campamentos administrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y sobrevive gracias a los alimentos que les proporciona las Naciones Unidas y agencias occidentales de ayuda humanitaria.
Los antepasados de los "lhotsampas" fueron estimulados a establecerse en el sur de Bután para proteger los territorios amenazados y contribuir a los ingresos poco después de la guerra anglo-butanesa de 1864-1865, pero el gobierno de Bután sostiene que se trata de inmigrantes por motivos económicos.
Nepal y Bután celebraron siete rondas de infructuosas negociaciones a nivel ministerial a partir de julio de 1993. La última se realizó el pasado enero en Katmandú.
Grupos de refugiados afirman que Thimpu nunca aceptará su repatriación hasta que India, el gigante de Asia meridional fronterizo con Nepal y Bután, ejerza presión sobre ese gobierno.
Pero Nueva Delhi y Thimpu son estrechos aliados regionales, y aquélla no desea deteriorar las relaciones.
Con la decisión de Bután de no recibir a los refugiados de regreso, la negativa de India a intervenir y el chapuceo diplomático de Nepal, el futuro es más que incierto para los refugiados. Unos 20.000 de ellos viven sin apoyo alguno de India, que ha ignorado el problema.
El plan de Thimpu de reubicar en el sur a poblaciones del norte y este del país contribuye a la incertidumbre.
"Hemos vivido allí durante generaciones. Tenemos granjas. Bután es nuestro hogar y tenemos todo el derecho de regresar", manifestó Gayatri Diyalo, madre de dos hijos. (FIN/IPS/tra-en/rl/an/mlm/pr-hd/99
