Colaboradores de la presidenta electa de Panamá, Mireya Moscoso, figuras del actual gobierno y miembros de la sociedad civil debatieron sobre el empleo de 1.360 millones de dólares provenientes de la privatización de empresas públicas.
Las privatizaciones forman parte de un programa de "modernización del Estado" implementado por el presidente Ernesto Pérez Balladares a finales de 1994, con el propósito declarado de insertar al país en el proceso de globalización de la economía.
Una ley aprobada en 1996 estableció que los fondos obtenidos por la venta de empresas públicas debían ser depositados en un fondo de fideicomiso, y que sólo podían gastarse sus intereses, para inversiones de índole social.
Según informó el gobierno, el dinero proveniente de las privatizaciones fue colocado en varios bancos extranjeros, a intereses anuales de alrededor de 5 por ciento, que representan unos 70 millones de dólares por año.
El ex ministro de Hacienda y Tesoro, Mario Galindo, sobre quien se asegura que ocupará un alto cargo a partir del 1 de septiembre, cuando Moscoso asuma la presidencia, dijo que el futuro gobierno se verá en la necesidad de gastar el dinero del fondo, y no sólo sus intereses, para realizar obras sociales.
Moscoso prometió en su campaña electoral que durante su gobierno disminuiría la pobreza, que afecta actualmente a casi 38 por ciento de los 2,8 millones de habitantes, y se reduciría el índice de desempleo, que hoy asciende a 13,1 por ciento, hasta llegar "a una cifra manejable".
Víctor Juliao, secretario general del Partido Arnulfista, al cual pertenece Moscoso, adujo por su parte que "la mala situación actual de las finanzas públicas no le deja otro camino a la futura presidenta que apelar a los fondos de la privatización".
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú, acotó que "los que están hablando así lo hacen con la intención de crear un ambiente para poder gastarse ese dinero quién sabe en qué", y agregó que si eso ocurre "dentro de tres o cuatro años" no habrá dinero "para hacer frente a las obligaciones del Estado".
Aramburú calificó de "irresponsables" a Galindo y Juliao, y aseguró que en el actual presupuesto de gastos "hay suficientes recursos para obras de desarrollo social", aunque admitió que "nunca habrá suficientes recursos para solucionar todos los problemas y resolver todas las exigencias sociales".
Pérez Balladares informó que su gobierno planea dejar alrededor de 2.500 millones de dólares a disposición de Moscoso, entre ellos los 1.360 millones del fondo de privatización y otros 1.200 en reservas en el Banco Nacional.
Expertos, empresarios y sindicalistas participaron en un intenso debate sobre el uso que debe darse al fondo de privatización.
Rubén Darío Carles, un banquero y ex contralor general de la República, dijo que el fondo puede servir para recomprar la deuda externa, de unos 5.179 millones de dólares, o para "financiar inversiones y gasto público sin necesidad de recurrir a las instituciones financieras internacionales".
Juan Jované, director del Instituto de Estudios Nacionales y profesor de la Facultad de Economía de la estatal Universidad de Panamá, señaló a su vez que ese dinero debe brindar un mayor rendimiento para el Estado.
"No es justo que actualmente el gobierno le pague a los organismos internacionales de crédito más de ocho por ciento de intereses de la deuda externa, mientras los fondos de la privatización solamente generan cinco por ciento de interés. Es una verdadera barbaridad", afirmó.
Jované opinó que parte de ese dinero podría ser utilizado para la modernización de empresas públicas como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que "luego devolverían el dinero con intereses, como si hubieran recibido préstamos de alguna institución financiera internacional".
"De esa forma se estaría resolviendo un problema social, como el de la carencia de agua potable y alcantarillas, y se recibiría, además, un rendimiento económico sin necesidad de privatizar el servicio", añadió el economista.
Los sindicalistas José Arosemena, del privatizado Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, y Mario Medina, de la Asociación de Profesores, se opusieron a que el producto de las privatizaciones se emplee para gastos corrientes del gobierno.
Arosemena criticó que el dinero haya sido depositado en bancos extranjeros a bajos intereses, "cuando aquí se podría haber obtenido una mayor utilidad", pero rechazó la propuesta de Galindo y Juliao, alegando que si se gasta, luego "no habrá dinero ni empresas que privatizar".
Medina opinó que los 1.360 millones de dólares podrían ser usados como garantía "para solicitar préstamos con intereses blandos, con el único objetivo de realizar obras sociales en beneficio de las personas que viven por debajo de la línea de pobreza". (FIN/IPS/sh/mp/if ip/99)
