La crisis agropecuaria de México, cuya cartera vencida fue el año pasado equivalente a la mitad de la producción nacional de granos, fue causada por la política del gobierno, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Las reformas aplicadas por el gobierno entre 1990 y 1994 para abrir la economía mexicana al mundo y sanear las finanzas públicas y los indicadores macroeconómicos dejó desprotegidos a los productores rurales, según la Cepal, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.
El retiro del Estado de la comercialización y almacenamiento de alimentos ocasionó vacíos que mermaron el mercado, el financiamiento y la asistencia técnica al sector, según el análisis titulnado "Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina".
La cartera agropecuaria vencida alcanzó en 1998 el equivalente a 2.759 millones de dólares, de acuerdo con investigaciones de la Universidad de Chapingo.
El informe de Cepal estimó que los bajos ingresos obedecen no sólo a las políticas gubernamentales, sino también a que la mayor parte de la tierra se cultiva aprovechando la temporada de lluvias, y no apelando a sistemas de riego que optimizan el rendimiento.
México tiene una superficie total de 190 millones de hectáreas, de las cuales alrededor de 23 millones se consideran cultivables. Apenas unos seis millones de hectáreas son cultivadas mediante sistemas de riego.
La Cepal calculó que entre 70 y 80 por ciento de los ingresos familiares de los campesinos minifundistas mexicanos procede de actividades ajenas a la labranza de la tierra.
Los resultados negativos en materia de empleo, salarios e ingresos en las áreas rurales del país, derivaron en un agravamiento de la emigración. Hoy, 45 por ciento de las familias propietarias de pequeñas parcelas tiene al menos un integrante en Estados Unidos, estimó la Cepal.
Cerca de 30 millones de mexicanos, un tercio de la población local, viven en áreas rurales. Unos 320.000 mexicanos se dirigen cada año a Estados Unidos en busca de trabajo y, solo en 1998, más de 350 perecieron en el intento, según cifras oficiales.
"El ajuste y la liberación crearon un contexto de incentivos desfavorable para los productores rurales y generaron una crisis de rentabilidad en la agricultura, debido a que los costos de producción crecieron más rápido que los precios de los productos finales", afirmó la Cepal.
Los niveles de "dependencia alimentaria para México aumentaron claramente a partir de 1994 en productos como arroz y trigo", según el estudio.
El primer día de 1994 comenzó a regir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado entre México, Estados Unidos y Canadá.
En los últimos años, el crecimiento de las importaciones de alimentos ha sido la tendencia dominante en América Latina, con independencia del grado de apertura comercial de cada país, señaló la Cepal.
El gobierno mexicano permite la importación de alimentos por encima de las cuotas fijadas como libres de aranceles, con la consecuente baja de los precios domésticos, según el estudio.
Las importaciones de maíz de los últimos años superaron las cuotas autorizadas libres de aranceles, contraviniendo "lo estipulado en el TLCAN y lesionando a los productores rurales" de México, añadió la comisión.
"El problema es la forma como se aplica la política interna, más que el propio tratado" de libre comercio, sostuvo.
El TLCAN estableció un plazo de 15 años para permitir a la agricultura del maíz ajustarse a las asimetrías entre los mercados de los tres países. Así, se preveía el mantenimiento del arancel de 1994 hasta el 2008.
En 1998 se importaron cinco millones de toneladas de maíz estadounidense.
El maíz es en México mucho más que una actividad productiva. Se trata de la base de la alimentación de la población y alrededor de este grano se desarrolla toda una cultura agroalimentaria.
La apertura al mercado internacional dispuesta por el gobierno significó la disminución de los subsidios, la eliminación de los precios de garantía y el retiro del Estado de las actividades de compra de cosechas y comercialización de productos agrícolas, recordó el informe de la Cepal.
"Este proyecto estatal de modernización rural conlleva altos costos sociales y reproduce la pobreza rural en el corto plazo", advirtió.
El secretario (ministro) de Agricultura y Ganadería, Romárico Arroyo, admitió que el problema social en el agro "es complejo", pues la tierra de cultivo y el agua no pueden resolver la economía de 30 millones de mexicanos que viven en el campo. (FIN/IPS/pf/mj/if dv/99
