La protesta nacional contra el gobierno de Ecuador se radicalizó hoy, cuando más de 3.000 indígenas de la provincia de Tungurahua, en la Sierra Central, ocuparon estaciones repetidoras de radio y televisión y cortaron la señal.
La medida es parte de la protesta nacional contra el gobierno de Jamil Mahuad, que comenzó el lunes con una huelga de taxistas y continuó con el levantamiento de los pueblos indígenas el martes.
A éstos se sumaron los afiliados al Seguro Campesino, maestros, trabajadores petroleros y de la salud, vendedores ambulantes, que se movilizaron en varias ciudades del país.
Los huelguistas exigen que se deje sin efecto el aumento de combustible decretado la semana pasada por el gobierno, y se archive definitivamente la ley de privatizaciones.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Antonio Vargas, dijo a IPS que si el gobierno no rectifica, entre este fin de semana y el lunes se producirá un levantamiento total.
Vargas dio a conocer un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se recomienda al gobierno un aumento del gas de 105 por ciento, y aseguró que si los militares reprimen la protesta habrá enfrentamientos.
"Han pasado cosas terribles como la subida de la gasolina, el documento de imposiciones del FMI y la insistencia en la privatización de las áreas estratégicas", dijo Vargas, y señaló que en marzo se discutió la toma de Quito por unos 100.000 indígenas, pero se decidió suspender la medida.
Los indígenas y campesinos informaron que se proponen apoderarse de centrales hidroeléctricas y plantas de tratamiento de agua potable, así como bloquear el paso de los productos de primera necesidad.
La primera medida fue el cierre de carreteras en distintas regiones, que impiden la realización de ferias agropecuarias y mercados agrícolas, y la salida de productos agropecuarios desde las comunidades hacia las ciudades, por lo que se comenzó a sentir el desabastecimiento.
En Quito y Guayaquil, los precios de las pocas frutas y verduras que se encuentran en los supermercados están entre un 60 y 120 por ciento más caros que la semana pasada.
También se comienza a sentir la falta de gas y en las próximas horas podría faltar gasolina.
En Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país no hay servicio de transporte público, porque los propietarios de autobuses no sacaron sus unidades debido al paro de los taxistas, que mantienen calles cortadas.
Desde el lunes rige en todo el país el estado de emergencia, lo que implica la movilización de las Fuerzas Armadas y la suspención del derecho de reunión y asociación.
Según la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía, desde el comienzo de la protesta hay 273 detenidos.
El ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez, ofreció a los transportistas un precio preferencial para los combustibles a cambio de que levanten la medida. Sin embargo, la ausencia de Pedro Alava, máximo dirigente de la Federación Nacional de Taxistas, no permitió que se llegará a un acuerdo.
Esa organización confirmó que no va a participar en las conversaciones hasta que no se levante el estado de emergencia y se libere a los taxistas detenidos y Alava aseguró desde la clandestinidad que los sindicatos del transporte que negocian con el gobierno el levantamiento de la huelga no son representativos.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana aceptó mediar en el conflicto a solicitud del gobierno y la Conaie.
Vargas manifestó que la Conaie acudirá a las conversaciones con el gobierno y la Conferencia Episcopal, si se deja sin efecto el último aumento de combustibles, se deroga el decreto de emergencia y se libera a los detenidos en las protestas.
El parlamento no pudo reunirse para discutir el levantamiento del estado de emergencia por falta de quórum.
El ex presidente, Rodrigo Borja, líder del partido Izquierda Democrática, exigió a Mahuad que cambie su política o renuncie.
El 76 por ciento de la población justifica el paro de los taxistas y el levantamiento indígena, según una encuesta de la empresa Cedatos realizada esta semana en Quito y Guayaquil.
La mayoría de las personas consultadas, no obstante, declararon que no participan del paro "por temor a perder el empleo" o porque salir a las calles a protestar "afectaría el presupuesto familiar".
Las protestas provocaron que la misión del FMI, que debía llegar a Ecuador este jueves, aplazara su visita hasta "que el ambiente político interno se normalice", lo que obligaría a postergar la firma de una Carta de Intención con ese organismo, que el gobierno de Mahuad pensaba concretar el día 16. (FIN/IPS/kl/ag/ip/99
