La instalación de una base militar de Estados Unidos en el puerto de Manta, Ecuador, cuenta con el aval del gobierno de Jamil Mahuad y la oposición del movimiento indígena, la Iglesia Católica y grupos de derechos humanos.
El gobierno ecuatoriano defiende tal destino para ese puerto sobre el océano Pacífico con el argumento de que servirá de respaldo a sus Fuerzas Armadas, y permitió que en mayo pasado se realizaran las primeras operaciones de aviones de Estados Unidos en la zona.
La necesidad inminente de un lugar para las fuerzas militares apostadas durante un siglo en el canal de Panamá llevó al gobierno estadounidense a acelerar las gestiones para trasladar sus bases a Ecuador, en América del Sur, y Aruba y Curazao, en el Caribe.
Estados Unidos entregará el canal a la soberanía de Panamá el 31 de diciembre, en cumplimiento del tratado firmado en 1977 por los entonces presidentes Jimmy Carter y Omar Torrijos.
Voceros indígenas y de otros movimientos sociales aseguraron a IPS que rechazarán la instalación de la base militar en la mesa de concertación con el gobierno que comenzará a sesionar la semana próxima.
El gobierno accedió a crear esta instancia de diálogo en el acuerdo que firmó con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para poner fin al levantamiento que realizaron las comunidades este mes durante dos semanas.
En la mesa de concertación se discutirán la modernización del país sin necesidad de nuevas privatizaciones, la renegociación de la deuda externa y la posible negativa a la instalación de bases estadounidenses en territorio ecuatoriano.
El gobierno aceptó no enviar al parlamento ningún proyecto de ley ni emitir decretos relacionados con estos asuntos antes de que se discutan, por lo que las gestiones en torno de la instalación de la base de Manta están en suspenso.
La base en Manta "es una ofensa muy grande a nuestra libertad, nuestra autonomía y, sobre todo, nuestra soberanía", dijo a IPS el influyente obispo de la ciudad de Cuenca, Luis Alberto Luna Tobar.
El ministro de Defensa, general retirado José Gallardo, percibe en la presencia militar estadounidense un respaldo para las fuerzas armadas ecuatorianas posibles incursiones de la guerrilla colombiana.
Gallardo aseguró que a las Fueras Armadas le "preocupan profundamente" la presencia de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las plantaciones de coca en la zona del Putumayo, fronteriza con Ecuador.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) teme que el fuerte acento militarista puesto en el combate al narcotráfico y a la guerrilla de Colombia involucre a Ecuador en estrategias continentales que "redefinen el papel de los ejércitos nacionales de la región".
Para la Cedhu, también debe tomarse en cuenta el posible impacto ambiental de la instalación de la base militar.
"Se desconoce el tipo y la cantidad de explosivos y otros elementos contaminantes utilizados en las bases militares y en las prácticas de tiro, así como el costo de la tecnología para sanear totalmente estas áreas", señaló el organismo humanitario mediante un boletín.
En 1997, Rick Stauber, experto a quien el Departamento (Ministerio) de Defensa (Pentágono) de Estados Unidos encomendó un estudio sobre el impacto ambiental de las bases militares en el canal de Panamá, denunció que en el lugar se habían efectuado pruebas con armas químicas y uranio empobrecido.
La Cedhu se preguntó "quién puede asegurar que no ocurrirá lo mismo en Manta" y "quién descontaminará después"
El jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Charles Wilhelm, se reunió en Ecuador hace tres semanas con el ministro Gallardo y otras autoridades militares de ese país.
También condecoró al jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas de Ecuador, general Carlos Mendoza, "por su labor profesional desempeñada en la cooperación" entre los militares de ambos países.
Wilhelm tomó contacto, además, con los resultados de las primeras operaciones aéreas realizadas en Manta y constató en persona el adelanto en las negociaciones con Ecuador.
En 1998, el Pentágono proyectaba la realización de 186 operaciones militares en la región, de las cuales 21 ubicadas en Ecuador.
A mediados de ese mismo año, militares ecuatorianos y estadounidenses participaron en ejercicios contra el narcotráfico en la selva amazónica. Hoy, las fuerzas armadas de ambos países construyen en conjunto un cuartel antidrogas y se anuncian otros tres para la Amazonia y siete para otras zonas del país.
El historiador ecuatoriano Jorge Nuñez recordó que el interés de Washington por concesiones territoriales y facilidades para operar en Ecuador no es nuevo.
"En 1812, Estados Unidos estableció en las islas Galápagos una primera base naval para atacar a los barcos ingleses en el Pacífico. Más tarde, intentó conseguir la venta o arriendo de las islas. En la segunda guerra mundial levantó una base en el archipiélago, a la que abandonó en 1946", comentó Nuñez.
Jorge Nuñez también recordó que la flota estadounidense en el Pacífico Sur llegó en 1834 a Guayaquil "para apoyar al general venezolano Juan José Flores, primer presidente del Ecuador republicano, y aplastar la revolución popular de Chiguaguas".
En 1986, la presencia en el país del general John Galvin, entonces jefe del Comando Sur, y la denuncia sobre un supuesto convenio entre las fuerzas armadas de los dos países para establecer la Escuela de las Américas e instalar bases militares despertaron manifestaciones oposición.
En 1987, durante la presidencia de León Febres Cordero (1984- 1988), 6.900 militares estadounidenses supervisados por el Comando Sur integraron el grupo "Fuerza de Tarea 1169", que durante seis meses participó en la operación militar "Abriendo Rutas" en la provincia amazónica de Napo.
Para el ministro Gallardo, la presencia militar estadounidense en Ecuador "no afecta a la soberanía del país" y es solo un acto de reciprocidad.
"Nuestras naves militares pueden usar los aeropuertos militares estadounidenses, para abastecerse de combustibles y cambiar sus tripulaciones", aseguró Gallardo.
El argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, expresó en una carta divulgada el jueves que una eventual intervención de Estados Unidos en Colombia "incendiaría el horizonte en América Latina a fines del siglo XX". (FIN/IPS/kl/mj/ip/99
