El gobierno de Ecuador se encuentra acorralado por protestas que paralizan al país, en un clima de convulsión social similar al que se vivió en los días previos a la caída del ex presidente Abdalá Bucaram, en febrero de 1997.
Este domingo 6.000 indígenas tomaron la ciudad de Latacunga, capital de la provincia central de Cotopaxi, 70 kilómetros al sur de Quito, y cortaron el puente de entrada a la misma, para protestar contra el aumento del precio del combustible decretado la semana pasada y pedir que se archive la ley de privatizaciones.
Horas más tarde llegaron 100 soldados del ejército e intentaron dispersar a los indígenas con gases lacrimógenos, pero sólo lograron enfurecerlos.
Los militares abrieron fuego contra la multitud e hirieron a 12 personas. Varias de ellas recibieron disparos por la espalda, como el indígena Segundo Bedón, quien recibió una bala en la columna vertebral y corre riesgo de morir o quedar paralítico.
El hecho provocó fuertes protestas callejeras de los habitantes de la ciudad, a quienes se sumaron numerosos indígenas llegados de las zonas aledañas.
Los soldados huyeron en camiones, y aunque habían sido identificados como pertenecientes a un cuartel de la región, las autoridades señalaron que no eran de la zona, agregando que no sabían de dónde habían venido.
Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) dijeron a IPS que iniciarán un juicio penal contra el gobierno por intento de asesinato y aumentarán las protestas.
Miguel Lluco, coordinador nacional del partido indigenista Movimiento Pachakutik, anunció que esa organización impulsará un juicio político al ministro de Defensa, general retirado José Gallardo, por el ataque de los militares a los indígenas.
"La represión militar fue contra una movilización pacífica y los disparos contra nuestros hermanos fueron por la espalda, como lo comprueba el parte médico. Eso tiene que explicarlo el ministro de Defensa", aseguró Lluco a IPS.
También dijo que no aceptará excusas ni "mentiras como las que saben inventarse en situaciones como ésta".
"Queremos justicia", subrayó.
Latacunga está ocupada por unos 15.000 indígenas, y todos los pueblos de la provincia fueron tomados para impedir que se realicen ferias y se saquen productos al mercado.
En la provincia de Tungurahua, limítrofe con Cotopaxi, la situación es similar. Desde el viernes 8.000 indígenas ocupan estaciones repetidoras de radio y televisión, cuyas emisiones interrumpieron.
El gobernador de la provincia llegó al lugar en helicóptero, acompañado por directivos de los medios de comunicación y por militares armados. Estos últimos fueron rodeados por los campesinos, quienes les dijeron que si intentaban actuar podría darse un enfrentamiento.
Tras negociar con el gobernador, los dirigentes indígenas aseguraron que mantrendrían la ocupación de las estaciones hasta que el gobierno accediera a sus demandas, pero aceptaron reanudar el funcionamiento de las emisoras. Luego, cuando se enteraron de los incidentes en Latacunga, volvieron a cortar las señales.
En la tarde del lunes unas mil mujeres indígenas y campesinas de la provincia septentrional de Imbabura, iniciaron una marcha de unos 200 kilómetros hacia la capital, y prevén unirse con otras que saldrán de distintas provincias para ingresar a la ciudad.
"Los indígenas vienen en marchas pacíficas, así que esperamos que no haya represión ni sean detenidos, porque están dispuestos a responder", dijo a IPS Antonio Vargas, presidente de la CONAIE.
Vargas dio a conocer la semana pasada un documento del Fondo Monetario Internacional en el que esae organismo financiero recomendó al gobierno que aumentara 105 por ciento el precio del gas.
Al ver que el cerco comenzaba a cerrarse sobre el gobierno, el presidente Jamil Mahuad anunció la congelación del precio actual de los combustibles hasta el 31 de diciembre.
Mahuad explicó que el precio del barril del petróleo había aumentado hasta superar los 15 dólares, y que eso permitía mantener el precio de los combustibles sin que aumentara el déficit fiscal.
Lluco preguntó si las autoridades no sabían que el precio del barril de petróleo ya era 15 dólares la semana pasada.
"Este gobierno vuelve a mostrar su negligencia. ¿Por qué esperó hasta ahora para anunciar el congelamiento de precios? ¿Quería que llegáramos a esta situación?", añadió.
Portavoces de diferentes organizaciones sociales dijeron a IPS que no consideran satisfactoria la medida anunciada por Mahuad, y que demandan que los precios del combustible se congelen en los valores anteriores al último aumento.
Algunos sectores piden la renuncia del presidente, pero Lluco opinó que eso no sería una solución, pues si Mahuad abandonara su cargo sería sustituido por el vicepresidente o el presidente del Congreso, a quienes considera peores.
"La solución está en rectificar. Que cambie la política económica, sustituya a la ministra de Finanzas, se preocupe por la realidad de los pobres y deje de darle dinero a los banqueros corruptos. Si no el país se va prender fuego y no habrá quien lo arregle", aseguró.
La protesta nacional contra el gobierno comenzó el lunes 5, con una huelga de taxistas, y continuó al día siguiente con el levantamiento de pueblos indígenas. Luego se produjeron movilizaciones de los afiliados al Seguro Campesino, los maestros, los trabajadores petroleros y de la salud, y los vendedores ambulantes.
Este martes se sumaron al paro 60.000 trabajadores del transporte de cargas pesadas y los productores bananeros, que mantienen cortadas las carreteras de la provincia sudoccidental de El Oro, una de las de mayor producción.
Todas las capitales provinciales del país están paralizadas, sin autobuses ni taxis, y ya comienza a sentirse el desabastecimiento de alimentos y la falta de gas, mientras se espera que pronto comience a escasear la gasolina.
Desde el lunes 5 rige en todo el país el estado de emergencia, con suspensión de los derechos de reunión y de asociación, y las Fuerzas Armadas están movilizadas. Según la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía, desde el comienzo de las protestas hubo 320 detenidos.
En una encuesta de la empresa Cedatos, realizada esta semana en Quito y Guayaquil, 76 por ciento de los consultados justificaron el paro de los taxistas y el levantamiento indígena.
Vladimiro Alvarez, ministro de Gobierno (Interior) declaró que de todos modos la situación no es comparable a la que precedió a la destitución del ex presidente Bucaram, a quien el parlamento declaró mentalmente incapacitado para ejercer el gobierno, tras una oleada de protestas contra su política económica. (FIN/IPS/kl/mp/ip/99
