El negocio del tráfico ilegal de personas de Cuba a Estados Unidos podría introducir fisuras en los acuerdos sobre migración alcanzados por ambos países a mediados de esta década tras laboriosas negociaciones.
Aunque a nivel oficial ambas partes han ratificado su interés en mantener las regulaciones y el orden en el flujo migratorio, el continuo trasiego ilegal presiona fuertemente en los buenos deseos expresados tanto por La Habana como por Washington.
El problema tiene interpretaciones diversas según el lado del estrecho de Florida del que se mire, sobre todo a la hora de señalar responsabilidades.
Para el presidente cubano Fidel Castro, la inmigración ilegal es alentada por los "mensajes subversivos" de los anticastristas exiliados en Miami, que "se molestan" con el gobierno de Bill Clinton cuando señala que La Habana cumple los acuerdos sobre migración.
No obstante, detrás del deseo de marchar a Estados Unidos está la difícil situación económica, que al cabo de nueve años de crisis continúa golpeando con fuerza la vida cotidiana de los más de 11 millones de habitantes de Cuba.
Si bien no alcanzó la magnitud de la ola migratoria de 1980 (130.000 personas, la mayoría de las cuales partieron del puerto de Mariel), la crisis de 1994, cuando salieron ilegalmente de Cuba 36.900 "balseros", llevó a las negociaciones que derivaron en los acuerdos vigentes.
En esencia, el acuerdo comprometió a Washington a conceder 20.000 visas anuales para ciudadanos de Cuba, que a su vez se obligó a no sancionar a los emigrantes ilegales interceptados en alta mar por guarcostas estadounidenes y devueltos a la isla.
Pero la demora en los trámites o la certeza de que no calificarán para una visa, así como el incentivo de que si logran pisar territorio de Estados Unidos obtendrán en poco tiempo el permiso de residencia, arroja a muchos en brazos de los traficantes de emigrantes.
Luego, podrán verse favorecidos por la Ley de Ajuste Cubano, del 2 de noviembre de 1962, que considera como perseguido político a cualquier persona procedente de Cuba que llegue a Estados Unidos de forma ilegal y lo reconoce como residente al año y un día de su arribo.
Para las autoridades de la isla, esa norma constituye "la base y el estímulo fundamental de los viajes ilegales desde Cuba hacia Estados Unidos", donde residen hoy 1,2 millones de cubanos y sus descendientes.
Desde la percepción de La Habana, detrás del aliento a la emigración ilegal está la intención del exilio de extrema derecha radicado en Miami de provocar una crisis migratoria que conduciría a un serio conflicto bilateral.
El fin de los acuerdos, la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano y el bloqueo económico "daría lugar a impulsos migratorios tales que originarían un inevitable conflicto entre Estados Unidos y Cuba", acotó, a su vez, el diario oficial Granma en su edición del día 16.
Expertos afirmaron que el caso reviste especial gravedad, por cuanto "una posible explosión migratoria incontrolada de Cuba a Estados Unidos podría ser considerada una agresión a la seguridad nacional de ese país", lo que daría justificación a una intervención militar.
Según Granma, los sectores de extrema derecha de la comunidad cubana en Miami "sueñan, deliran, pensando gozosos en que Cuba se convierta en una especie de Serbia". "No cesan de acariciar la idea de ver a nuestro país bloqueado militarmente, invadido o atacado con miles de bombas y misiles", agregó.
A través del editorial de Granma, el gobierno cubano rechazó tajante la posibilidad de que se "autorice o permita" el éxodo masivo desde la isla, pues "es el honor y la propia seguridad del país lo que está en juego".
A su vez, el Departamento de Estado estadounidense (cancillería) garantizó a mediados de la pasada semana que la política migratoria hacia Cuba no cambiará, aunque anunció que se revisarán los procedimientos judiciales para evitar maltratos a los indocumentados cubanos.
"Nuestro compromiso con los acuerdos firmados con Cuba en 1994 y 1995 siguen sin cambio", dijo James Rubin, portavoz del Departamento de Estado, citado por el diario El Nuevo Herald, que se edita en español en Miami.
"Debemos hacer cumplir nuestras leyes y proteger nuestras fronteras, al tiempo que dirigimos la inmigración hacia canales seguros, legales y ordenados para desalentar viajes irregulares", añadió Rubin.
De acuerdo con la prensa de Miami, 1.860 indocumentados cubanos alcanzaron el sur del estado estadounidense de Florida desde el comienzo del año fiscal en curso, en octubre de 1998.
En poco más de cuatro años de aplicación de los acuerdos migratorios, 2.254 emigrantes ilegales fueron devueltos por Estados Unidos a la isla, de ellos 401 desde la base naval de Guantánamo, en el extremo oriental del país.
En ese mismo período, unas 100.000 personas, entre ellas familias completas, emigraron legalmente al país norteño, de acuerdo con fuentes oficiales cubanas.
El gobierno de Castro mantiene además diversas fórmulas de entendimiento migratorio con Bahamas, República Dominicana, Jamaica, Islas Caimán y Belice, entre otras naciones del Caribe. (FIN/IPS/pg/mj/ip hd pr/99
