El gobierno de Chile ve abrirse otra vez un escenario de crisis en el caso Pinochet, tras las frustradas gestiones que en favor del ex dictador realizó el presidente Eduardo Frei en la Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea de Río de Janeiro.
El presidente de la empresarial Confederación de la Producción y el Comercio, Walter Riesco, pidió el miércoles que Chile suspenda sus relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, país que mantiene bajo arresto a Augusto Pinochet desde hace casi nueve meses.
Salvo el estatal diario La Nación, los medios de prensa señalaron que Frei fracasó en su propósito de que los gobiernos de España y Gran Bretaña adopten consideraciones humanitarias hacia el ex dictador que gobernó el país entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
Las gestiones en Brasil de Frei y su canciller Juan Gabriel Valdés fueron criticadas en Chile, desde ángulos opuestos, tanto por la derecha partidaria de Pinochet como por dirigentes de la oficialista Concertación por la Democracia.
El general retirado y senador vitalicio de 83 años de edad está arrestado en Londres desde el 16 de octubre de 1998 y a partir del 27 de septiembre enfrentará un juicio de extradición a España que tendrá un largo desarrollo.
Frei se entrevistó durante la cumbre de la Unión Europea (UE) y Am érica Latina y el Caribe con el presidente del gobierno español, José Marí a Aznar, quien descartó interferir en el proceso contra Pinochet que lleva en su país el juez Baltasar Garzón.
Aznar remitió al gobierno británico, representado en la cumbre por el ministro de Relaciones Exteriores, Robin Cook, la posibilidad de una liberación del ex dictador por razones humanitarias, atendiendo a su avanzada edad y su deteriorada salud.
Cook, quien se reunió en Río de Janeiro con el canciller chileno Juan Gabriel Valdés, puntualizó que las consideraciones humanitarias sólo pueden tener lugar una vez culminado el proceso de extradición y emitida la respectiva sentencia.
Frei, cuyo mandato de seis años finaliza el 11 de marzo del 2000, ve virtualmente frustrada su intención de solucionar el caso Pinochet ante s de esa fecha y no dejarlo como una pesada herencia al ganador de las elecciones presidenciales del 12 de diciembre.
La sucesión de Frei, de acuerdo a las encuestas, será disputada por Ricardo Lagos, abanderado único de la coalición gobernante, y Joaquí n Lavín, candidato de los dos grandes partidos derechistas que conforman el opositor pacto Unión por Chile.
En el marco de la declaración final de la primera cumbre euro- latinoamericana tampoco se incluyeron elementos que avalen la posici ón del gobierno de Frei en cuanto a reclamar el "mejor derecho" de Chile para juzgar a Pinochet en este país.
La declaración incluyó referencias genéricas al principio de igu aldad de los estados, vagas alusiones a la no intervención e ignoró el tema de la aplicación extraterritorial de las leyes, que constituye un factor polé mico en el caso Pinochet.
Al culminar la reunión de gobernantes en Río de Janeiro, Frei ofic ializó su decisión de no asistir a la novena Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en noviembre en La Habana, como consecuencia del fracaso de s u gestión ante Aznar.
España es parte de la comunidad iberoamericana y, según el gobiern o chileno, al pedir la extradición de Pinochet está desconociendo el respaldo al principio de territorialidad de la justicia refrendado por la cumbre de 1998 de Oporto.
Frei no precisó si se hará representar por el canciller Valdés en La Habana, o si su gobierno boicoteará esa reunión, tal como podría ocurrir con Argentina y Nicaragua, cuya inasistencia se fundamentaría en un rechazo político al gobierno de Fidel Castro.
En el frente interno, la oposición derechista reiteró sus críticas a la política "errática" del gobierno en el caso Pinochet, planteando qu e la invocación de razones humanitarias se contradice con iniciativas judici ales anunciadas anteriormente por el gobierno.
El propio Pinochet dijo en Londres, a través de un abogado, que no acepta la gestión humanitaria, ya que se considera inocente de los crí menes que se le imputan y sostiene que debe volver a Chile "por razones de justicia y dignidad nacional".
Parlamentarios de los oficialistas partidos Por la Democracia y Demócrata Cristiano advirtieron igualmente que el argumento humanitario contradice los criterios de justicia con que el gobierno se propuso enfrentar el caso Pinochet.
En este sentido, algunos diputados estimaron adecuada la posición británica de que en esta fase del proceso de extradición, antes de qu e se dicte sentencia, no corresponden consideraciones de clemencia.
Los empresarios, en tanto, parecen marcar la tónica de una nueva ofensiva política contra Londres, a partir de la sugerencia de Riesco d e suspender las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. (FIN/IPS/ggr/ip hd/99)
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