Panamá considera la posibilidad de reclamar a Estados Unidos ante las Naciones Unidas la descontaminación y desactivación de explosivos del área del canal interoceánico que pasará a soberanía panameña el 31 de diciembre.
Mientras, políticos y miembros de la sociedad civil de Panamá pidieron al gobierno que demande internacionalmente a Estados Unidos por su negativa a descontaminar esos lugares.
Unas 3.800 hectáreas de tierras fueron usadas por el ejército de Estados Unidos en las riberas del canal desde hace 85 años para realizar ejercicios militares, prácticas de artillería y ensayo y almacenamiento de armas químicas.
La denuncia sobre ensayos y posterior almacenamiento de armas químicas, entre ellos municiones cargadas con uranio empobrecido, "agente naranja" y gas mostaza, fue hecha a fines de 1998 por Rick Stauber, experto estadounidense que realizó inspecciones en Panamá por encargo del Departamento de Defensa de su país.
En la denuncia, presentada en el programa 60 Minutos de la estación de televisión estadounidense CBS, Stauber identificó 16 sitios del territorio panameño donde el ejército de su país experimentó con municiones activas y armas químicas desde inicios de la década de 1940.
Los tratados canaleros firmados con Panamá en 1977 obligan a Estados Unidos a entregar todo el territorio de la antigua zona del canal libre de peligros para la vida y la salud humana, pero Washington se rehúsa a descontaminar los sitios donde se encuentran municiones activas sin detonar.
Tampoco ha informado siquiera sobre los sitios en los que realizó experimentos con armas químicas o dónde las almacenó.
El ministro de Relaciones Exteriores panameño, Jorge Ritter, señaló que Panamá prevé la posibilidad de llevar el caso a los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, pero que eso se hará a su debido momento.
"Cuando Panamá tenga la convicción inequívoca de que Estados Unidos se dispone a incumplir los tratados, entonces tomará las medidas correspondientes", advirtió Ritter.
El portavoz del Ejército Sur de Estados Unidos, Rogelio Preciado, afirmó en Panamá que su país no cuenta con medios técnicos adecuados para limpiar los sitios contaminados en los juegos de guerra realizados en las riberas del canal.
Cuando la zona del canal sea transferida a Panamá, el ejército estadounidense "hará recomendaciones para mantener alejadas a las personas de estos lugares, ya que no pueden ser saneados completamente", subrayó Preciado.
"Ni siquiera Estados Unidos tiene la tecnología para hacerlo", agregó.
Según Stauber, en una campo experimental que posee Estados Unidos en el área de Chivo Chivo, cerca de la capital panameña, el ejército de su país realizó en 1993 prácticas de artillería con municiones cargadas con uranio empobrecido.
Pero Washington no informó a Panamá sobre esas prácticas ni sobre el posterior almacenamiento de material bélico en ese mismo lugar.
El ex ministro de Vivienda y miembro del gobernante Partido Revolucionario Democrático, Pedro Pereira, dijo que ante la negativa de Estados Unidos a cumplir con lo pactado "el gobierno debe hacer rápidamente un cambio de notas" para obligar a Washington a iniciar una negociación al respecto.
"Este es un tema nacional que no sólo compete al actual gobierno sino que todos tenemos derecho a saber qué está pasando y qué vamos a hacer para que se cumpla lo pactado" en los tratados del canal de Panamá, afirmó Pereira.
La Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá declaró esta semana que "es típico de Estados Unidos actuar con prepotencia, de manera arbitraria y unilateral para ejercer su inmenso poder militar contra las naciones haciendo caso omiso de los acuerdos fundamentales para la convivencia internacional".
La organización añadió que la negativa de Washington a remover los explosivos y químicos que introdujo en Panamá "viene a recordar la historia de muertes, heridos e impedidos que ha sufrido la población panameña por causa de las actividades del ejército estadounidense acantonado en nuestro país'.
Desde el 1 de octubre de 1979, cuando entraron en vigor los tratados canaleros firmados en 1977, 21 panameños murieron por el estallido de municiones sin detonar abandonadas por el ejército de Estados Unidos en el área del canal.
El ex canciller Ricardo Alberto Arias dijo que Panamá no debe realizar negociaciones bilaterales sino "incluir a los tribunales internacionales y las organizaciones mundiales de defensa del ambiente para lograr que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones".
Además, advirtió que, de acuerdo con los tratados canaleros y los convenios internacionales, la responsabilidad del Estado que contamina, en este caso Estados Unidos, "se termina cuando se limpian" los sitios que fueron afectados.
Sin embargo, indicó que eso "no implica desde ningún punto de vista presencia militar de Estados Unidos" en Panamá luego del 31 de diciembre de 1999, según lo establecido en los tratados de 1977.
El abogado Carlos López Guevara, ex miembro del equipo de expertos de Panamá que negoció los tratados en los primeros años de la década de 1970, dijo que "como ciudadano común siento que nuestro gobierno no ha hecho lo suficiente para que Estados Unidos cumpla con ese deber". (FIN/IPS/sh/mj/ip en/99
