El conflicto entre los transportistas y el gobierno que detuvo a Ecuador durante 12 días concluyó hoy, pero más de 20.000 indígenas advierten que permanecerán en esta capital mientras no se atiendan sus reclamos.
Los indígenas, que llegaron a Quito en forma pacífica entre el jueves y la madrugada de este viernes, fueron objeto de dura represión a manos del ejército, que mantiene las calles de Quito bloqueadas y rodea el Palacio de Gobierno, donde el presidente Jamil Mahuad conduce las negociaciones del gobierno.
Cientos de indígenas fueron heridos y desapareció una decena de niños, que son buscados por miembros de la Cruza Roja.
Mientras, el parlamento amnistió este lunes a más de 500 activistas presos desde el inicio de las protestas el día 5 y los indígenas comenzaron a desbloquear las rutas, pero el gobierno anunció el mantenimiento del estado de emergencia.
En la entrada sur de la ciudad, los participantes de la marcha fueron recibidos el jueves por la población que les mostraba su apoyo, pero en pocos minutos llegaron miles de militares en camiones y helicópteros que lanzaron bombas lacrimógenas contra la multitud y realizaron disparos al aire.
El ejército logró retrasar la llegada a Quito de los indígenas, que, de todos modos, se las ingeniaron para ingresar a la ciudad por zonas rurales, ya que todas las calles de entrada a la capital estaban tomadas por efectivos de las fuerzas armadas.
El dirigente indígena Ricardo Ulcuango se mostró indignado con la actitud del gobierno. "¿Dónde está la sensibilidad de Mahuad?", se preguntó.
Mahuad, cuya renuncia exigen dirigentes de la oposición política encabezados por el ex presidente Rodrigo Borja (1988- 1992), se comprometió el miércoles a congelar el precio de los combustibles al valor anterior al último incremento y crear un Fondo de Desarrollo para las Nacionalidades Indígenas.
Para el dirigente Indígena Ricardo Ulcuango, las palabras de Mahuad, presionado por las protestas que paralizan el país hace 12 días, abrieron una puerta al diálogo. Sin embargo, el ataque militar contra los indígenas parecen cerrarla.
"El presidente está acostumbrado a mentirnos. Por eso, hasta que no se hagan efectivos los anuncios no le creemos. Además, no levantó el estado de emergencia, medida fundamental para iniciar cualquier diálogo", dijo Ulcuango.
La protesta nacional contra el gobierno comenzó el 5 de julio con una huelga de los transportistas, que fue levantada este viernes, y siguió al día siguiente con el levantamiento de los pueblos indígenas.
A éstos se sumaron los afiliados al Seguro Campesino, maestros, trabajadores petroleros y de la salud, vendedores ambulantes y pequeños productores bananeros.
Los huelguistas exigían que se deje sin efecto el aumento de combustible decretado el 1 de julio por el gobierno, y se archive definitivamente la ley de privatizaciones.
Desde el día 5 rige en todo el país el estado de emergencia (estado de sitio), con suspensión de los derechos de reunión y de asociación, y las Fuerzas Armadas están movilizadas. Hasta el momento hay dos muertos y una cantidad indeterminada de detenidos.
El parlamento unicameral ecuatoriano aprobó este viernes la amnistía para más de 500 presos, a propuesta del diputado Gilberto Talahua, del indigenista Movimiento Pachakutik, pero se estimaba que las liberaciones tardarían en concretarse.
"El estado de sitio sigue. Hay dirigentes sociales presos y el ejército reprimió violentamente a nuestros hermanos que vienen de todos lo rincones en marcha pacífica", comentó Talahua a IPS.
Ulcuango aseguró que el movimiento indígena mantiene el levantamiento y los campesinos que llegaron a Quito no dejarán la ciudad hasta que se libere a los presos.
Desde que comenzaron las protestas, los indígenas tomaron ciudades, procesadoras de agua potable, centrales eléctricas, y repetidoras de radio y televisión en distintas provincias de Sierra ecuatoriana, para el miércoles comenzar su marcha hacia Quito.
El ataque del ejército contra los indígenas en distintos puntos de la Sierra dejó decenas de heridos de bala, uno de ellos en estado grave y a punto de quedar paralítico y una indígena de 14 años muerta.
Además, hubo casos de asfixia en todo el país y una niña alcanzada por una bomba lacrimógena quedó ciega.
Al menos 300 de los más de medio millar de detenidos en los 12 días que lleva la huelga contra del Gobierno se hallan a disposición de los juzgados militares.
Entre ellos figuran 56 dirigentes de las manifestaciones. El resto son conductores de taxi, ciudadanos que obstaculizaron las vías y unos pocos empleados.
Para las organizaciones de derechos humanos, la actuación del gobierno en estas protestas confirma la ubicación de Ecuador entre los países donde se registran las mayores violaciones de derechos humanos, de acuerdo con la estimación de Amnistía Internacional.
La organización había denunciado la actuación del Escuadrón de la Muerte en Guayaquil, las torturas y el asesinato contra el sindicalista socialista Saúl Cañar, el asesinato del diputado izquierdista Jaime Hurtado a pocos metros del parlamento, en el que intervino un colaborador de la policía.
También se menciona la muerte de dos personas en la provincia de Manabí a manos de parapoliciales y policías activos, la detención y tortura de un columnista del diario El Universo y la violación sistemática de hogares de personas sin ninguna vinculación a la delincuencia en Guayaquil.
Tras constatar esas violaciones a los derechos humanos, Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), dijo a IPS que estaba preocupada por la represión contra los indígenas y distintos movimientos sociales que protestan contra el gobierno.
"El gobierno está cometiendo graves violaciones de derechos humanos al haber dictado el estado de emergencia para frenar el malestar social que tiene su origen en las duras medidas económicas que afectan a la mayoría de la población", señaló la religiosa católica.
Monge agregó que la declaración viola la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas
"La militarización en los lugares con gran presencia, organización y unidad indígena ha dejado como saldo 17 ciudadanos heridos de bala y decenas de personas asfixiadas", aseguró.
Por otra parte, dijo que la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional para procesar a civiles mediante el Código Militar viola el derecho a ser juzgado por tribunales con independencia e imparcialidad.
"Por un lado, las fuerzas armadas son actores activos durante el estado de emergencia y, por otro, los tribunales castrenses pasan a ejercer justicia sobre hechos que no son propios de la función militar y que afectan a civiles", señaló.
Según una encuesta dada a conocer hoy por la Empresa Cedatos, 87 por ciento de los ecuatorianos no creen en la palabra del presidente Mahuad y 84 por ciento desaprueban su gestión.
La popularidad de Mahuad, que hace un año estaba en 66 por ciento, ha caído a 11 por ciento. (FIN/IPS/kl/mj/ip hd pr/99
