La administración de justicia en Venezuela quedó sometida a un profundo cambio, con la aplicación de un nuevo código penal que entrará en vigencia este jueves, en un escenario delimitado por expectativas y escepticismo.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, advirtió que el código reemplazará un sistema que tuvo "poco aprecio por la dignidad humana".
El máximo tribunal venezolano realizó este miércoles una sesión especial para el lanzamiento de "una nueva cultura judicial", cuya razón de ser es "la protección de la dignidad humana", tanto de las víctimas como de los procesados.
La modernización de la justicia había sido planteada como una necesidad imperante para Venezuela, un país cuyas cárceles albergan a más de 22.000 personas, de las cuales al menos unas 9.000 aún esperan sentencia.
La proporción se redujo ante la llegada del nuevo código, pues el año pasado, 75 por ciento de los presos aún figuraban sólo como "procesados".
Los tribunales penales venezolanos fueron objeto de cambios titánicos y de la movilización de montañas de expedientes, ante el inicio de esta nueva época, mientras la publicidad oficial anunciaba por televisión "la democratización de la justicia".
Juicios orales, acusadores y defensores públicos, participación ciudadana y, sobre todo, agilización de los procesos, forman parte de la oferta para un sistema en el cual la libertad será la regla y la detención la excepción.
El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) fue aprobado el 10 de diciembre de 1997, con el propósito de sustituir un sistema considerado anacrónico con un cuerpo de normas vigente desde 1926, que dejó de existir este miércoles.
El proceso inquisitivo y por escrito, que se ejecutaba lentamente, con una larga etapa de secreto sumarial y toneladas de expedientes archivados en desesparanzadoras montañas de papel, será reemplazado por un sistema acusatorio oral y participativo.
"El expediente desaparece para darle paso a rostros concretos", anunció la presidenta de la Corte Suprema.
Pero pese a que llegó la hora cero para la aplicación del COPP, persisten numerosas dudas sobre cómo será llevado a la práctica en estos primeros días, dado que generará cambios drásticos para la administración de justicia.
Uno de los problemas graves es de infraestructura, pues los juicios orales con jurados requieren salas especiales, y en numerosos casos éstas han tenido que ser improvisadas.
Otro aspecto a considerar son los conflictos laborales provocados por la disminución de escribientes, archivistas y otros funcionarios, y por cierto, el destino de causas abiertas cuyas carpetas fueron embaladas en medio del caos del cambio.
Y como telón de fondo de este proceso, aparecen las reiteradas críticas del procurador general, Javier Elechiguerra, quien consideró que será difícil generar modificaciones verdaderas si no son reemplazados los jueces.
"La justicia en Venezuela está por el suelo", dijo Elechiguerra.
Los promotores del sistema asumen que habrá grandes desafíos. El COPP "implica cambios fundamentales en nuestra cultura jurídica, y éstos no pueden darse de la noche a la mañana", precisó la presidenta de la Corte Suprema.
Organizaciones de derechos humanos coincidieron en que si bien el nuevo código "no es una panacea", constituye un primer paso hacia una mejor administración de justicia.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) emitió un comunicado para afirmar que espera cambios en las cárceles, eficiencia de la policía, debido proceso, seguridad ciudadana y respeto a la libertad y a la dignidad.
"Indudablemente, esto dependerá de la voluntad política de los actores responsables: jueces, fiscales, policías y funcionarios de régimen penitenciarios", dijo Provea.
Durante los últimos meses hubo una serie de actividades de capacitación para jueces que se harán cargo de tribunales completamente distintos, y para fiscales, asistentes, alguaciles y secretarios.
En el nuevo sistema, el fiscal del Ministerio Público es una figura clave, que recibe denuncias y actúa como acusador e investigador en vinculación con la policía.
El caso inicialmente pasa por un juez de control y luego es tomado por un juez de juicio, que preside la audiencia pública del caso. La sentencia, que tiene una instancia de apelación, será dictada con el aporte de ciudadanos que actuarán como "escabinos" o jurados.
Cuando la sentencia máxima sea de 16 años, el juez actuará junto a dos "escabinos" o ciudadanos comunes seleccionados para esa tarea. Y en casos más graves, se incorporará un jurado de nueve ciudadanos.
La participación es una de las grandes novedades del nuevo código, que establece las condiciones para ser seleccionado, las excepciones y las sanciones para quienes no quieran cumplir cuando sean elegidos.
Todos estos son elementos de un sistema con el cual se aspira a lograr un sistema de justicia "moderno, cristalino y transparente", según sus promotores. (FIN/IPS/lc/ff/hd/99
