La sentencia de muerte dictada contra el líder kurdo Abdullah Ocalan podría retrasar por tiempo indefinido la entrada de Turquía a la Unión Europea (UE), si el tribunal de apelaciones y el Parlamento de ese país confirman el fallo.
"La opinión sobre el asunto es unánime" en la UE, declaró Anneli Puura-Markala, vicedirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, que asumirá este jueves la presidencia rotativa del bloque europeo.
Los gobiernos europeos también temen que la posible ejecución de Ocalan, el líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), cause una nueva ola de violencia en Turquía y en el resto de Europa, dónde viven unos 700.000 kurdos.
Hubo graves disturbios en Europa en febrero, cuando Ocalan fue secuestrado en Nairobi por agentes turcos que habrían contado con ayuda de la policía de Kenia y de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos e Israel.
El líder kurdo fue llevado enseguida a Turquía dónde fue confinado en absoluta soledad, y desde entonces no se le permitió ver a sus abogados en privado.
Su juicio comenzó el 31 de mayo y allí, desde una jaula de vidrio, Ocalan prometió servir a los intereses de la República de Turquía y negociar la paz si no lo condenaban a muerte.
Ocalan conduce, desde 1984, una lucha armada para conseguir la independencia de los 12 millones de kurdos que viven en Turquía, lo cual le costó al país cerca de 35.000 muertes.
El PKK cambió de propósito en 1993 y pidió un acuerdo de autonomía para la minoría kurda.
La constitución de Turquía no reconoce la existencia de la identidad y la lengua kurdas. Además, prohíbe sus manifestaciones públicas, políticas o culturales, y no permite que tengan una educación diferente a los demás.
Ahora, ante el fallo de este martes, Hans van den Broek, el comisionado de la UE para las relaciones con Europa central y oriental, envió a Turquía un documento que insta a las autoridades a "considerar que la UE se opone a la pena de muerte".
Varios políticos europeos dijeron que el juicio a Ocalan y la situación de las minorías kurdas son la prueba de que Turquía, a pesar de tener un gran potencial económico y mercados fuertes, aún no está lista para unirse a la UE.
La UE excluyó a Turquía de las negociaciones de integración a la unión en 1997 debido a sus malos antecedentes en el terreno de los derechos humanos.
Aplicar la pena de muerte a Ocalan "tendría consecuencias graves sobre las relaciones de Turquía con la UE" e implicaría un incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Ankara, explicó Pauline Green, líder del bloque socialista del Parlamento Europeo.
Walter Veltroni, líder de los demócratas de izquierda, el mayor partido de la coalición que gobierna Italia, sostuvo que la sentencia es "absurda y muy grave", y que además compromete las relaciones de Turquía con el resto de Europa.
El ministro del Interior de Alemania, Otto Schily, dijo tener esperanzas de que el presidente de Turquía, Suleyman Demirel, revisará la decisión del tribunal e instó a los kurdos a "tener fe en el proceso de apelación y en la Corte Europea para los Derechos Humanos".
El gobierno de Turquía está sometido a presiones contradictorias, ya que la comunidad internacional hace todo lo posible para que no ejecuten a Ocalan, mientras los políticos y los medios de comunicación nacionales llevan a cabo una campaña para que se mantenga y cumpla la sentencia.
Bruselas calcula que el parlamento y el tribunal de apelaciones turco demorarán meses en llegar a una decisión definitiva en cuanto al destino de Ocalan.
En caso de que las instancias judicial y parlamentaria fracasen, se supone que los abogados de Ocalan apelarán ante la Corte Europea para los Derechos Humanos, un organismo del Consejo de Europa que ya condenó la política turca respecto de la causa kurda.
El Consejo de Europa es la organización más antigua del continente. Fundada en 1949, cuenta ahora con 40 miembros y su propósito es realizar una unión más estrecha entre sus miembros a través de debates, conclusión de acuerdos y adopción de una política común a fin de promover los ideales europeos.
Turquía, integrante del Consejo de Europa y parte de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, fue uno de los países que se comprometieron en 1997 a abolir la pena de muerte o a confirmar las moratorias existentes sobre la ejecución.
La pena de muerte no fue abolida, pero no se realizaron ejecuciones en Turquía desde 1984.
El Consejo de Europa reaccionó en forma prudente al fallo del tribunal de Turquía, y declaró el lunes que la moratoria "es un logro histórico que debe confirmarse".
Sin embargo, el Consejo ya había amenazado a Turquía con suspender su asistencia a la Asamblea Parlamentaria si se llevaba a cabo alguna ejecución.
"El gobierno de Turquía hizo esfuerzos considerables para convencer al mundo de que (Ocalan) tendría un juicio justo", pero hubo "problemas graves en cuanto a la independencia del sistema judicial", señaló Human Rights Watch, organización defensora de los derechos humanos con sede en Estados Unidos.
Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se mostró preocupada porque parte del proceso a Ocalan no cumplió los requisitos internacionales sobre el derecho a tener un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial.
Los abogados de Ocalan recibieron varias amenazas y fueron acosados en repetidas ocasiones, dijo Robinson, quien declaró que era "particularmente inquietante" que el tribunal lo hubiera condenado a muerte.
El derecho de Ocalan a tener un juicio justo y a defenderse él mismo o mediante abogados fue violado, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, de Londres.
Además, Turquía no hizo un juicio completo, ante un tribunal competente, independiente e imparcial, insistió Amnistía.
Ocalan fue sentenciado a muerte "al concluir un juicio que violó la legislación nacional y los requisitos internacionales para garantizar un proceso justo", recalcó la organización.
Amnistía pidió que Ocalan sea sometido a otro juicio, y que se nombre "un tribunal competente, independiente e imparcial, y que se respeten de la forma más estricta las garantías del debido proceso que se detallan en la legislación nacional y el derecho internacional". (FIN/IPS/tra-en/ns/ak/ceb/aq/hd-ip/99
