La desconfianza de los inversionistas ante las intenciones del gobierno de México de restar beneficios fiscales a la industria de zona franca provoca el traslado de empresas al exterior, aun cuando el sector creció 9,4 por ciento durante los primeros cuatro meses de este año.
El Régimen de Establecimiento Permanente que entrará en vigor a partir del año 2000 establece que todas las empresas con capital extranjero deberán sujetarse al pago de impuestos, incluida la industria maquiladora, cuya producción es cien por ciento para exportación.
Dirigentes del sector empresarial, que depende en más de 90 por ciento de insumos extranjeros, advierten que un cambio en el sistema fiscal pondría en riesgo el desarrollo del ramo.
Cifras oficiales apuntan que entre enero y abril de este año las maquiladoras registraron incrementos de 10,9 por ciento en personal ocupado, 11,2 por ciento en horas trabajadas y 4,8 por ciento en remuneraciones.
Analistas económicos sostienen que el sector maquilador, que en abril un superávit de 1.049 millones de dólares, es el motor del crecimiento económico del país.
Las empresas maquiladoras "están aprovechando al máximo el nivel de tipo de cambio en el país y la coyuntura de fuerte crecimiento de la economía estadounidense", afirmó el analista financiero Carlos Ramírez.
Ese sector es el menos afectado por la situación económica del país, pues su mercado se mantiene relativamente ajeno a la dinámica interna, señaló Ramírez.
El peso mexicano está sobrevaluado en 15 por ciento y dicho margen podría ampliarse en lo que resta de año, además de que la cotización actual (9,45 pesos por dólar) provocó un crecimiento inusitado de las importaciones, según la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores.
Las maquiladoras importan casi todos los insumos que necesitan y lo único que aprovechan del país es la mano de obra, pagando salarios mucho más bajos que en sus países de origen, afirmó Ramírez.
La industria, que el año pasado realizó exportaciones por más de 51.000 millones de dólares, lo que representa 40 por ciento del comercio exterior de México, comienza sin embargo a vivir incertidumbre y desconfianza ante el futuro sistema fiscal.
Para los empresarios del sector sólo existen dos escenarios: uno donde están obligados a retroceder y otro donde lo arriesgan todo. "Muchos optan por el primero", según el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora.
Tres empresas del norteño estado de Baja California se trasladaron a países asiáticos y varios inversionistas piensan retirar su capital en caso de que las autoridades de Hacienda no suspendan la implantación del nuevo régimen fiscal, dijo Roberto Mattus, director de la Asociación Maquiladora de Matamoros.
En México existen 3.206 compañías multinacionales que operan en zonas francas industriales, principalmente del norte, aunque se han expandido hacia localidades del centro y sur del país.
Ese sector, que emplea a más de un millón de trabajadores y tiene presencia significativa en 38 ciudades mexicanas, se dedica principalmente al ensamblaje de partes automotores, artículos electrónicos y textiles.
Sólo en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, existen 18 parques industriales de empresas transnacionales, entre las cuales se cuentan Ford y General Electric, que en total dan trabajo a 240.000 personas, informó la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras (CJM).
Sólo 20 por ciento de las personas empleadas por las maquiladoras de esa ciudad están afiliadas formalmente a un sindicato, señaló este mes la Coalición, al cumplir 10 años de actividad en México, Estados Unidos y Canadá.
Una "alianza global para combatir ese verdadero monstruo que no sabe de límites", es la única opción de los trabajadores, según la Coalición, que llamó a poner "un alto a las constantes violaciones a las leyes laborales, a los derechos humanos y al deterioro del ambiente" por parte de las empresas del sector.
La organización no gubernamental internacional Human Rights Watch, con sede en Nueva York, denunció este año que las transnacionales de la maquila obligan a las mujeres que solicitan empleo a practicarse un examen médico para confirmar que no estén embarazadas.
En caso positivo, las solicitantes son rechazadas, lo que constituye "una clara discriminación de sexo que esas corporaciones jamás se atreverían a practicar o defender en su país de origen", destacó Human Rights Watch. (FIN/IPS/pf/ag/if/99
