Las compañías transnacionales obtuvieron una importante victoria sobre los gobiernos federal y estatales de Estados Unidos que penalizan a las firmas por tener acuerdos comerciales con gobiernos dictatoriales.
Tres jueces de un tribunal federal de apelaciones de Boston declararon inconstitucional la ley del estado de Massachussets que impone una multa de 10 por ciento en las licitaciones estatales a las compañías que comercian con Birmania.
Massachussetts, que compra bienes y servicios por valor de 2.000 millones de dólares cada año, aprobó la ley en 1996.
El fallo de los jueces, que puede ser apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, podría invalidar decenas de leyes similares sobre "compra selectiva".
"Es un gran paso atrás", comentó Simon Billenness, uno de los líderes de la campaña internacional contra la dictadura militar que gobierna Birmania.
La campaña pretende que Birmania respete los derechos humanos y reconozca al partido vencedor de las elecciones de 1990, la Liga Nacional por la Democracia, dirigido por la ganadora del premio Nobel de la Paz, Aung San Kuu Kyi.
"Si este fallo se hubiera aplicado a las leyes de compra selectiva que prohibían comerciar con el gobierno del apartheid (en Sudáfrica, el ex presidente sudafricano) Nelson Mandela aún estaría preso", agregó Billenness.
El fallo del tribunal irritó a los activistas, pero alegró a las transnacionales estadounidenses que iniciaron el juicio el año pasado.
"Estamos encantados de que (el tribunal) del primer circuito estuviera de acuerdo en que las sanciones estatales y federales no están contempladas por la Constitución", declaró Frank Kittredge, presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior, un grupo de 580 firmas nacionales y extranjeras.
"El fallo tiene un significado amplio, nacional, y debería servir para terminar con los intentos estatales de gobernar la política exterior", dijo Kittredge, cuyo grupo se opone a las leyes de compra selectiva porque restringen la libertad de las compañías.
La decisión judicial también defendió a la Unión Europea (UE) que, en una extraordinaria intervención, envió al tribunal de Boston un mensaje en el cual sostenía que la ley debía ser revocada.
La UE y Japón habían protestado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la ley de Massachussetts, que según ellos violaba el Acuerdo sobre Compras del Gobierno (GPA), de 1995.
El GPA prohíbe a los estados utilizar razones que no sean económicas para decidir si comerciar o no con otros países.
El subsecretario designado del Tesoro, Stuart Eizenstat, apoyó la decisión de los jueces para promover la globalización económica y los intereses de la OMC.
Pero funcionarios de Comercio señalaron que el fallo desatará nuevas reacciones contra la OMC en el Congreso, y funcionarios de Derechos Humanos advirtieron que la decisión va contra la postura asumida por el gobierno de Clinton respecto de Birmania.
Las leyes de compra selectiva funcionaron como poderosas herramientas para los activistas defensores de los derechos humanos desde que las "inventó" el movimiento contra el apartheid sudafricano, a fines de los años 70.
Varios estados y ciudades aprobaron leyes en la década del 80 que prohibían participar en las licitaciones a las compañías que tenían inversiones en Sudáfrica. La consecuencia fue que grandes firmas estadounidenses, incluso gigantes como Coca Cola, IBM y General Motors, se retiraron de ese país.
Leyes similares aprobadas en Nueva York, California, Pennsylvania y otros lados obligaron a los bancos suizos y a las compañías de seguros a firmar acuerdos con las víctimas del holocausto nazi y sus familias, en agosto del año pasado.
Otras jurisdicciones aprobaron leyes contra las compañías que hacen negocios con China y con Cuba, contra las que compran productos derivados de maderas raras procedentes de los bosques húmedos, o las que violan los códigos de conducta contra la discriminación en Irlanda del Norte.
Veinticuatro estados y ciudades de Estados Unidos aprobaron leyes de compra selectiva contra las compañías que comercian con Birmania.
Al igual que lo ocurrido en Sudáfrica hace 15 años, la medida hizo que varias firmas importantes, como Eastman Kodak, Levi Strauss, Apple Computer, PepsiCo y Liz Clairbone abandonaran ese país, sometido a una dictadura militar.
El desafío legal del Consejo Nacional del Comercio Exterior se basaba en tres argumentos constitucionales referidos a los poderes relativos del gobierno federal respecto de las jurisdicciones locales en cuanto a la conducción del comercio y los asuntos exteriores.
El grupo comercial sostuvo que de la Constitución se desprende que la ley y la política federales son supremas y prevalecen e invalidan automáticamente a las leyes estatales que se le opongan.
Massachussetts alegó que las jurisdicciones locales tienen derecho a decidir cómo desean gastar su dinero y a tener en cuenta ciertos principios morales para tomar sus decisiones.
Veinticuatro miembros del Congreso, grupos defensores de los derechos humanos y del ambiente, organizaciones sindicales, 11 estados y 12 ciudades apoyaron a Massachussetts.
El Consejo Nacional de Comercio Exterior ganó la primera ronda en noviembre, cuando un tribunal falló que la ley "infringe el poder del gobierno federal para regular los asuntos exteriores".
El fallo de esta semana fue más terminante aún en cuanto a los tres argumentos con los que el Consejo Nacional de Comercio Exterior defiende la supremacía federal.
"La conducción de los asuntos exteriores de este país no puede representar a todos los ciudadanos si cada uno de los gobiernos estatales y locales hace prevalecer su propia postura", rezaba el fallo de 78 páginas redactado por los tres jueces.
"Este es un duro golpe para los poderes locales, en cuanto a su posibilidad de tomar decisiones. Pone en duda muchas más leyes estatales y locales", declaró Thomas Barnico, el abogado defensor de la Fiscalía General de Massachussets, que aún no decidió si apelará el fallo ante la Corte Suprema. (FIN/IPS/tra-en/jl/aa/ceb/aq/if-ip/99
