La Universidad e instituciones tradicionales como el Colegio de Abogados de esta ciudad de Brasil incorporaron la cuestión racial a sus temas y buscan promover acciones que reduzcan la discriminación que sufren los negros.
En la Universidad de Sao Paulo (USP), la más importante del país, se calcula que sólo uno a dos por ciento de los cerca de 50.000 alumnos son negros, si se excluyen los estudiantes becados procedentes de Africa.
La desproporción es brutal en un país de 44 por ciento de población negra o mestiza.
Para buscar soluciones para esa evidente desigualdad, la USP creó una Comisión Permanente de Políticas Públicas para la Población Negra.
"Históricamente, la discriminación racial y el prejuicio estimularon la exclusión socioeconómica de los negros, aspectos ocultados por la falsa imagen de democracia racial de Brasil", sostiene el profesor de antropología y filosofía Joao Batista Borges, coordinador de la Comisión.
La Comisión escuchará las necesidades de la población negra y definirá acciones específicas en su apoyo, además de precisar la participación de esa etnia en la USP, lo cual permitirá obtener un retrato fiel de la falta de oportunidades que impide su acceso a la enseñanza, confía Borges Pereira.
El secretario Nacional de Derechos Humanos, José Gregori, considera que la baja presencia de los negros en las universidades es una de las principales causas de las desigualdades en desmedro de éstos en Brasil.
Para corregir el desequilibrio racial en la enseñanza superior de este país, Gregori anunció para el segundo semestre del año el inicio de un programa de refuerzo escolar para ayudar a estudiantes negros a ingresar en las universidades.
La Secretaria de Derechos Humanos decidió actuar en esa área, basada en una cruda realidad. En la década de los años 50, sólo 0,5 por ciento de la población negra de Brasil lograba llegar a la universidad, contra 2,5 por ciento de los blancos.
En la actual década, la tasa de ingreso de los negros a los altos estudios se elevó a 2,5 por ciento, pero los blancos avanzaron mucho más, hasta 12 por ciento, indica un estudio de la Fundación Ford.
El acceso a la universidad en Brasil depende de exámenes de selección muy competitivos. En las mejores facultades, decenas y hasta más de un centenar de candidatos disputan cada lugar, en especial en las estatales, que son gratuitas.
La gran disputa por el ingreso a las universidades públicas, las mejores del país, crea una situación perversa. De ellas son excluidos los pobres y, por tanto, los negros, forzados a frecuentar escuelas superiores privadas y caras si quieren alcanzar el grado universitario.
En la enseñanza básica es todo al revés. La privada, que sólo capas medias y ricas pueden pagar, prepara mejor los alumnos para enfrentar los exámenes de selección universitaria. Los pobres estudian en escuelas públicas, en general deficientes.
Una experiencia implementada en Estados Unidos, las cuotas para estudiantes de etnias en desventaja, es de difícil adopción en Brasil. Además "agravaría prejuicios, al definir dos clases distintas de estudiantes", evaluó Gregori.
Cursos de preparación de jóvenes negros es la "acción afirmativa" que puede restablecer condiciones equitativas en la disputa por lugares en las universidades, sostuvo.
La Comisión de la USP ya consiguió que la Fuvest, órgano encargado de los exámenes de ingreso en la universidad, deje de cobrar la tarifa de inscripción a 3.000 estudiantes más pobres.
La medida no es exclusiva, pero será una ayuda a los negros y mestizos que constituyen la mayoría de los excluidos del país, explicó Borges Pereira.
El objetivo más amplio de la Comisión es conocer mejor los problemas de la población negra, a partir de la USP, para proponer acciones a otras instituciones, gubernamentales o no, en favor de esa población discriminada.
El Colegio de Abogados de Brasil decidió, por su parte, crear una Subcomisión del Negro para proponer mejoras en la legislación y asistir a grupos que luchen contra la discriminación.
Brasil ya dispone de leyes e incluso disposiciones constitucionales que penan el racismo como delito no excarcelable, pero el gran desafío es hacer que se cumplan, señala Sergio Moreira da Costa, coordinador de la Subcomisión.
El año pasado, "10 años después de aprobada la actual Constitución, sólo dos casos de racismo tenían curso en la justicia en todo el país", observó el abogado.
Moreira da Costa, sin embargo, argumentó optimista que crecientes áreas de la sociedad ya tratan la cuestión racial sin falsedades. (FIN/IPS/mo/dm/ed hd/99
