Familiares de cinco ítalo-uruguayos detenidos y desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1977 pidieron a la justicia italiana que investigue esos hechos a la luz de nuevas evidencias.
Las investigaciones desarrolladas en España por el juez de la Audiencia Nacional Baltazar Garzón contra el ex dictador de Chile Augusto Pinochet y acciones desarrolladas por la justicia chilena en otros casos, son algunas de los nuevos datos mencionados.
Así lo afirmó el miércoles en conferencia de prensa Raúl Olivera, de la organización no gubernamental Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organización que presentó el caso conjuntamente con la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y la central sindical única PIT-CNT.
En Italia, donde interviene el abogado Giancarlo Maniga, esta acción es respladada por la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos.
Olivera destacó en los casos denunciados surge con claridad la acción de la Operación Cóndor, que coordinó "una secuela de crímenes, desapariciones y secuestros" a manos de militares y policías de las dictaduras que imperaban en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
La denuncia fue presentada ante el fiscal italiano Giancarlo Capaldo por familiares de Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno, Andrés Bellizi, Armando Arone y Alvaro Banfi.
Los cuatro primeros fueron secuestrados entre 1976 y 1977 en Buenos Aires, donde habían buscado refugio de la dictadura que se instaló en Uruguay en 1973 y terminó en 1985.
Nunca más volvió a saberse de su destino. En cambio, el cadáver de Banfi, secuestrado a fines de 1974, fue encontrado mutilado poco después en las afueras de Buenos Aires.
Según la denuncia, en los secuestros fue identificado personal de la policía uruguaya, varios de ellos denunciados por el PIT-CNT ante Garzón.
Los fundamentos jurídicos de la denuncia no se basan en acusaciones de genocidio o delitos de lesa humanidad, sino en delitos encuadrados dentro del Código Penal italiano, que también permite juzgar a los imputados en ausencia.
En la causa presentada ante la justicia italiana se incluyen también los casos de Lorenzo Viñas, Horacio Campiglia y Alejandro Logoluso, tres ciudadanos ítalo-argentinos desaparecidos.
Hace dos semanas, la justicia italiana resolvió abrir una causa por la desaparición de ciudadanos ítalo-argentinos y citar a militares de Argentina.
Esta acción se logró luego de 16 años de gestiones ante la justicia italiana por parte de familiares de desaparecidos ítalo- argentinos.
Olivera explicó que se decidió acudir ante los tribunales italianos ante la imposibilidad de investigar esos hechos en Argentina y Uruguay, debido a las leyes de "punto final" que rigen en esos países.
El integrante del Serpaj recordó que la legislación italiana habilita la defensa de sus ciudadanos aun cuando éstos residan en el exterior.
"Si bien uno de los principios fundamentales del derecho penal hace referencia a la territorialidad de las leyes, un Estado puede y debe avanzar sobre ese principio, tanto para defender sus derechos como para tutelar valores que trascienden el ámbito de un Estado", añadió Olivera.
Entre 1974 y 1978 fueron secuestrados en Argentina 109 uruguayos en del marco de la Operación Cóndor, hoy registrados como desaparecidos.
La mayoría de ellos eran perseguidos políticos bajo protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Entre el 19 de abril y el 21 de mayo de 1976 se produjo la mayor ofensiva de secuestros, seguida por la aparición de cadáveres mutilados en el Río de la Plata.
El PIT-CNT recordó que en ese período, entre las víctimas más representativas de la operacción coordinada por las dictaduras de la región, figuran el ex presidente de Bolivia Juan José Torres, el ex comandante del Ejército chileno Carlos Prats y los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. (FIN/IPS/rr/mj/hd/99
