El parlamento de Colombia mantendrá el sistema de "jueces sin rostro" creado para luchar contra el narcotráfico, a pesar de las críticas de la Organización de las Naciones Unidas y expertos de distintos ámbitos.
En 1988, cuando empezó a operar la Justicia Regional, se previó que esta jurisdicción con jueces y testigos sin identificar rigiera hasta el 2002. La Ley de Administración de Justicia aprobada en 1996 acortó los plazos y fijó su término para el día 30 de este mes.
Ante la inminencia de esta fecha, y en medio de un clima de creciente violencia e inseguridad ciudadana, el Congreso legislativo le dio permanencia al sistema y la nueva denominación de Justicia Especializada, con algunas modificaciones respecto del régimen anterior.
La votación parlamentaria se registró el miércoles, ante la posibilidad de que 3.000 presos por delitos graves fueran excarcelados tras la expiración del plazo fijado en 1996.
Por 79 votos a favor y 42 en contra, la Cámara de Representantes (baja) concretó la penúltima de las ocho votaciones requeridas para aprobar el proyecto. Su aprobación definitiva se considera un hecho.
De acuerdo con la Fiscalía, la Justicia Regional de Colombia está a cargo de 29.662 investigaciones formales, por las que 4.106 personas están presas y pesa orden de captura sobre otras 3.394.
El último fallo de los jueces sin rostro fue la condena el jueves a 40 años de prisión para los siete integrantes de una banda que en 1997 secuestró durante tres horas a los pasajeros de un ómnibus en Bogotá.
El desmantelamiento de la justicia sin rostro implicaría la reducción automática de las penas de condenados por delitos graves, que pasarían a regirse por las normas que hoy regulan las sanciones por delitos leves.
Entre los detenidos que serían favorecidos figuran jefes de carteles del narcotráfico, paramilitares acusados de perpetrar masacres de campesinos y militares vinculados con magnicidios, así como acusados y condenados por lavado de dinero, secuestro extorsivo y actos de terrorismo.
Una semana antes del fin del debate parlamentario sobre el asunto, el ministro del Interior a cargo también de la cartera de Justicia, Néstor Martínez, se declaró "satisfecho".
"Ha quedado claro que el Congreso (legislativo) le ha dado instrumentos a la justicia para seguir luchando contra el delito organizado, con características especiales", dijo Martínez.
Su antecesor en la cartera de Justicia, Parmenio Cuéllar, dimitió tras declararse incapaz de defender ante los legisladores un proyecto con el que no estaba de acuerdo.
La que de ahora en adelante se llamará Justicia Especializada empezaría a regir el 1 de julio y procesará casos de narcotráfico, terrorismo, secuestro extorsivo, conformación de grupos paramilitares y enriquecimiento ilícito, cuando la suma indagada exceda 50 salarios mínimos (7.400 dólares).
La modificación más notable respecto del régimen anterior es que las declaraciones de testigos anónimos no podrán ser utilizados, como hasta ahora, como fundamentos para acusaciones, llamamientos a juicio ni condenas.
Se protegerá la identidad de los jueces, cuando la Fiscalía y la Procuraduría lo estimen, sólo en la etapa de instrucción del proceso. Para el período del juicio, otro magistrado conducirá las audiencias públicas.
El fiscal general Alfonso Gómez reconoció que "filosóficamente, en términos abstractos, la justicia con rostro es lo normal y lo justo", pero alertó que "la justicia sin rostro es una manera de proteger a los jueces y de fortalecer la justicia, porque la gente no denuncia".
"Desde el punto de vista de los testigos, en términos generales, este es un país de cobardes. La gente habla, señala y acusa en privado, pero a la hora de las pruebas… nada", agregó Gómez.
En su momento, presos políticos y sindicalistas atribuyeron al sistema de jueces y testigos sin rostro la intención de procesarlos ante la justicia, como ocurrió con un grupo de sindicalistas de las empresas estatales de petróleo y telecomunicaciones.
Desde el delegado en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Anders Kompass, hasta el ex comandante de las Fuerzas Armadas general Harold Bedoya criticaron el sistema.
Kompass afirmó que la Justicia Regional viola el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, referido al derecho de los ciudadanos al debido proceso.
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional afirmó que "no se puede restringir esa garantía (del debido proceso) so pretexto de sancionar criminales en razón de su peligrosidad".
Para la Comisión Colombiana de Juristas, la detención preventiva que aplica la justicia sin rostro "es violatoria de un derecho universalmente reconocido" y está reñida con la Convención Americana de Derechos Humanos, según la cual la persona debe ser juzgada en un "plazo razonable".
El general Bedoya, tradicional antagonista de las organizaciones de derechos humanos, coincidió con ellos al afirmar que la justicia sin rostro tiene como método "ocultar pruebas y acabar con el legítimo derecho al debido proceso". La detención preventiva "es absurda", añadió.
Pero, en un ambiente de conciliación, impulsores y críticos del sistema de jueces sin rostro coincidieron en que el problema de fondo de la justicia colombiana es la impunidad. Datos oficiales indican que sólo tres por ciento de las denuncias de delitos llegan a la etapa de fallo definitivo. (FIN/IPS/mig/mj/ip hd/99
