La impunidad de los militares, la brutalidad policial, la xenofobia y la pobreza opacan los pequeños avances que dio América Central en materia de derechos humanos en los últimos años, según un informe especializado.
La investigación, elaborada por la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca) en seis países de la región, manifiesta una profunda preocupación porque continúan violándose esos derechos aun tras el fin de las guerras civiles que se libraron hasta esta década.
"La situación sigue siendo precaria y preocupante", dijo a IPS Factor Méndez, coordinador general de Codehuca, quien mencionó las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales entre los mayores abusos cometidos en la segunda mitad de los años 90.
El aumento de la pobreza, la inseguridad social, así como el escaso acceso a vivienda digna, medicamentos y educación serían ejemplos de estas violaciones, que, según Méndez, son las que más se han agravado.
Se calcula que 60 por ciento de los 35 millones de centroamericanos viven en situación de pobreza e indigencia.
Los países estudiados en este informe fueron Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
"Aunque no trabajamos en conjunto, nuestro informe coincide con el de Amnistía Internacional, cuando señala que el país de la región que más viola los derechos humanos es Guatemala", explicó Méndez.
De acuerdo con el coordinador de Codehuca, aunque en Guatemala los índices de desaparecidos, torturados y perseguidos no son tan altos como en el pasado, en este país sigue registrándose una sistemática de violación de derechos humanos.
Los informes de ejecuciones extrajudiciales, acción de grupos clandestinos de represión, el incremento de la corrupción y el tráfico de influencias e impunidad son parte de esa política, advirtió.
El informe expresa inquietud por la xenofobia que sufren emigrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos en Belice, donde también se formularon denuncias de brutalidad policial.
"Hay denuncias de arrestos ilegales (…), golpizas a sospechosos de delitos y uso de (métodos de) torturas como choques eléctricos, puñetazos, intentos de asfixia con bolsas sobre las cabezas de los interrogados", según el informe.
Méndez añadió que las autoridades de derechos humanos están preocupadas por la próxima retirada de las fuerzas armadas de Estados Unidos del canal de Panamá, que deberá producirse antes del 31 de diciembre de 1999.
"La preocupación se basa en que los efectivos norteamericanos (…) no están limpiando la zona de desechos militares como minas, gases tóxicos y residuos de armamento", indicó Méndez, quien sostuvo que esto podría traer perjuicios a la salud de la población panameña.
En la investigación se afirma que unas 7.000 de las 17.000 hectáreas de tierras ocupadas por campos de ejercicios militares y las bases militares se encuentran identificadas como áreas de de alto riesgo.
"Hasta ahora, las autoridades estadounidenses se han mostrado renuentes a limpiar los sitios contaminados, tal como lo estipulan los tratados de 1977, aduciendo que no existe un método apropiado para ello", según el informe.
Las municiones sin detonar en las riberas del canal han causado la muerte de 12 personas en los últimos 18 años, agrega el estudio de Codehuca.
Con respecto a El Salvador, el informe subraya las acusaciones de abusos de autoridad por parte de agentes de la nueva Policía Nacional Civil (PNC), que podría estar implicada en falseamiento de investigaciones criminales.
Con respecto a Costa Rica se señalan la corrupción que se registra en todos los niveles, la brutalidad contra los campesinos y la creciente pauperización de niños y niñas, causa de explotación sexual infantil.
Méndez también señaló como preocupante la impunidad de abusos supuestamente cometidos por las fuerzas armadas hondureñas y guatemaltecas.
Codehuca, organización no gubernamental con sede en San José, lamentó la escasa volundad de los gobernantes para cambiar este panorama, por lo que llamó a la sociedad civil a mantenerse alerta. (FIN/IPS/nms/mj/hd/99
