La autorización del Ministerio de Agricultura de Brasil para la siembra de soja transgénica en el país intensificó una polémica que involucra cuestiones ambientales, sanitarias y comerciales.
Brasil, único de los tres países mayores exportadores mundiales de soja que aún no produce variedades transgénicas, se convirtió en el campo de batalla de los que buscan trabar el avance de las empresas transnacionales de las semillas modificadas de manera genética.
Con ese fin están en el país varios expertos extranjeros, como Lindsay Keenan, quien coordina desde Escocia la campaña Alerta a los Alimentos Transgénicos, y la hindú Vandana Shiva, directora del Centro de Investigación de Naciones Unidas de Ciencia y Ecología.
El gobierno brasileño está dividido, ante la oposición del Ministerio de Medio Ambiente a la soja denominada "Round-up Ready" (RR), de la empresa transnacional de origen estadounidense Monsanto.
"No se hizo un estudio de impacto ambiental", argumenta el ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho.
En el mismo Ministerio de Agricultura, e incluso entre agricultores, hay dudas sobre la conveniencia de incorporar esos granos a la producción nacional, por razones puramente comerciales.
El movimiento de resistencia a los transgénicos se desarrolló especialmente en Europa y Japón, los dos principales mercados de la soja brasileña.
Este país puede tener cautivo el mercado europeo, en su calidad de "mayor proveedor mundial de soja convencional", añadiendo el argumento comercial para convencer a aquellos que poco se preocupan por los posibles daños ambientales y a la salud humana, señaló Keenan.
Argentina y Estados Unidos, los otros grandes productores y exportadores de soja, ya utilizan hace tiempo semillas con modificación genética y tendrían, por eso, mayores dificultades en vender sus granos en tales mercados.
El gobierno de Río Grande del Sur, uno de los estados brasileños de mayor producción de soja, encabeza la resistencia local y trata de mantenerse como territorio libre de los transgénicos, a través de medidas judiciales y decretos locales prohibiendo su siembra.
Pero es en ese estado donde se concentra gran parte de las siembras experimentales de soja y maíz, autorizadas por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), órgano del Ministerio de Ciencia y Tecnología encargado del asunto.
La CTNBio ya autorizó unas 650 áreas experimentales, pero técnicos del Ministerio de Agricultura reconocieron la total incapacidad del gobierno para inspeccionar y controlar la actividad.
Es "una contradicción" que en esas condiciones el gobierno apruebe la producción de la soja RR, criticó el secretario agrícola de Río Grande del Sur, José Hoffmann, quien pretende decretar una moratoria contra la siembra de transgénicos en su estado hasta que se compruebe su inocuidad.
El ministro de Agricultura, Francisco Turra, trató de aclarar que la concesión del registro de cinco variedades de la soja geneticamente modificada de la empresa transnacional Monsanto no significa su comercialización inmediata.
Está autorizada la siembra para producción de semillas, pero podrá ser suspendida si hay daños identificados por cualquiera de las autoridades involucradas, los ministerios de Salud, Medio Ambiente o Ciencia y Tecnología, además de los órganos técnicos de su propia cartera, precisó.
El Congreso Nacional se incorporó al debate, promoviendo un seminario para discutir todos los aspectos de la cuestión, invitando a expertos internacionales, entre los que se cuenta Shiva.
La soja RR es resistente al herbicida Round-up de la misma Monsanto. Eso le permite una productividad 25 por ciento superior a la semilla convencional, argumenta la empresa.
Shiva cuestionó esa ventaja en un informe hecho para la Organización de las Naciones Unidas.
También Keenan divulgó estudios de la Universidad de Wisconsin, de Estados Unidos, que reveló aumento de hasta 14 por ciento en la productividad en Michigan, pero la reducción de dos a 14 por ciento en la mayoría de los estados del país.
El presidente de la CTNBio, Luis Antonio Barreto de Castro, defiende la decisión de su comisión científica, con el argumento de que la batalla es comercial, pero de otros actores y por otras razones.
La campaña contra los alimentos transgénicos es, en su opinión, fomentada por la industria química europea, interesada en mantener sus ventas de agrotóxicos en Brasil y otras partes del mundo.
La modificación genética, además de aumentar la productividad, podrá reducir mucho el consumo de venenos agrícolas, en beneficio del medio ambiente y de la salud humana, sostuvo. (FIN/IPS/mo/dm/en if/99
