Aldo Rico, líder de dos sublevaciones militares contra el gobierno de Argentina en los años 80, ocupó hoy por la fuerza un hospital comunal perteneciente al distrito del que es intendente y cuyo personal se resiste a reformas en su funcionamiento.
"El hospital es mío", gritó Rico ante las protestas de un grupo de funcionarios del sanatorio, en alusión al hecho de que el centro de salud depende de la jurisdicción de la que es intendente, la localidad de San Miguel en la provincia de Buenos Aires.
El ex coronel "carapintada" (como se denomina a los participantes en aquellas rebeliones militares) se instaló en una oficina del hospital Larcade, y su presencia desde el viernes en el lugar junto a un grupo de ex militares rebeldes es resistido por médicos, pacientes y entidades de derechos humanos.
La presidenta de la organización de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se presentó en el hospital junto a un grupo de madres de desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983). Si Rico no abandona el hospital, "lo sacamos como sea", advirtió la activista.
La justicia federal hizo lugar este martes a un recurso de amparo presentado por los profesionales del hospital para frenar la ordenanza de Rico, que pretendía en principio cerrar y luego, según denuncias, privatizar la institución sanitaria.
Los médicos de toda la provincia de Buenos Aires, la más populosa del país, realizarán este jueves una huelga en apoyo a sus colegas del hospital Larcade y contra los métodos del ex militar rebelde para aplicar su reforma.
Rico, que encabezó en 1987 y 1988 sendas rebeliones contra el gobierno del Raúl Alfonsin (1983-1989) y fue indultado por el presidente Carlos Menem, advirtió que permanecerá en el hospital hasta lograr que se reforme su sistema de autogestión.
Las rebeliones de los carapintada tuvieron el objetivo de presionar a Alfonsín para que sancionara las leyes de amnistía que permitieron luego la suspensión de procesos legales contra militares que participaron de la represión ilegal durante la dictadura.
"Los médicos son vagos, no les gusta trabajar, pero ahora se les termina el negocio", acusó Rico. Mientras, los médicos blandían recibos de salarios inferiores a 1.000 dólares mensuales, monto considerado bajo para un profesional en Argentina.
El método de ocupar el sanatorio por la fuerza fue rechazado y criticado por dirigentes políticos del oficialismo y la oposición, médicos, personal del hospital, pacientes y por organizaciones de derechos humanos.
Rico fue elegido jefe comunal de San Miguel hace dos años, luego de haberse desempeñado como diputado nacional de un partido derechista que él mismo fundó. Pero en los últimos años se alió al gubernamental Partido Justicialista y disolvió su grupo.
Durante su gestión como jefe comunal intentó primero prohibir que el Hospital Larcade reciba enfermos de otros distritos de la provincia, pero la medida fue resistida por médicos, pacientes, y políticos opositores.
Ahora, en una estrategia puesta en marcha con el presunto fin de privatizar los servicios del hospital, el ex rebelde ocupó una de sus oficinas. Según denuncian los profesionales, mantiene personal de custodia en consultorios y controla el acceso al edificio, derivando a pacientes por su cuenta a otras entidades.
Los médicos y sindicalistas de la municipalidad denunciaron que su último objetivo es "poner en disponibilidad" al personal, un eufemismo que suele ser precedente de la cesantía. Luego, pondría en marcha un sistema arancelado de atención pública.
Bajo esta premisa, Rico aseguró que los médicos percibían sueldos de varios miles de dólares al mes, a expensas de los enfermos que son obligados a pagar el arancel. Los médicos negaron esa acusación y mostraron sus recibos.
Aun más, los profesionales aseguran que los enfermos que se atienden en esa institución carecen de recursos económicos para pagar aranceles, y ni siquiera podrían ser derivados a hospitales más alejados porque no tendrían dinero para costear el viaje. (FIN/IPS/mv/mj/ip he hd/99
