Grupos defensores de los derechos humanos de Nigeria prometieron obligar a los militares, que han dominado la política del país desde 1960, a quedarse en sus cuarteles tras la asunción de un presidente electo democráticamente.
"Nos proponemos movilizar al pueblo para defender la democracia y asegurarnos de que este país no vuelva a tener un gobierno militar", afirmó Clement Nwankwo, del Grupo de Supervisión de la Transición (TMG, por su sigla en inglés), una coalición de 62 organizaciones no gubernamentales.
"La sociedad civil no dejará de presionar", aseguró.
"Pondremos el énfasis en la realización de cursos de formación democrática para sectores clave de la sociedad como los jueces y los clérigos de iglesias y mezquitas", declaró a IPS en Lagos Abdul Oroh, director ejecutivo de la Organización de Libertades Civiles, miembro del TMG.
Los cursos empezarán a impartirse en junio, poco después de que asuma el poder, tras más de 15 años de gobierno militar, el presidente electo Olusegun Obasanjo, a quien el actual gobernante, general Abdulsalaam Abubakar, prometió transferir el mando el 29 de mayo.
Olisa Agbakoba, un abogado que estuvo detenido sin ser jamás juzgado durante la dictadura del general Sani Abacha, ya fallecido, redactó un memorando de ocho páginas titulado "Agenda para promover un buen gobierno durante la cuarta república".
"Es evidente que la dictadura militar es la causa de la declinación de Nigeria. También es la razón del trauma de la sociedad civil, la desproporcionada distribución de la riqueza, la monumental corrupción, el fracaso del gobierno y otras distorsiones sociales", sostuvo Agbakoba en el documento.
"Durante los años de gobierno de Abacha (1993-1998) fuimos testigos de violaciones sin precedentes de los derechos humanos, y de un trato brutal hacia la sociedad civil. Eso era sólo la parte visible de un plan de los militares para apropiarse del país", explicó.
"Debe quedar registrado que la violación de las instituciones de la sociedad civil, los asesinatos y detenciones arbitrarias, la intolerancia hacia el disenso y otras violaciones a los derechos humanos, tan presentes durante el gobierno de Abacha, eran una guerra contra la democracia", insistió.
Una de las víctimas del régimen encabezado por Abacha fue Ken Saro-Wiwa, un escritor y activista en la defensa de los derechos de la etnia ogoni, ejecutado junto con otros ocho líderes de esa minoría en 1996.
El empresario Moshood Abiola, considerado ganador de las elecciones de 1994, que fueron anuladas, murió el año pasado mientras estaba preso. Las autoridades informaron que había sufrido "un ataque al corazón".
Sólo se salvaron algunas figuras prominentes como Obasanjo, que fue detenido bajo la acusación de haber conspirado contra Abacha.
Agbakoba sostuvo que sería un gran peligro para la democracia que el gobierno no fuera capaz de tomar medidas contra los policías y militares que perpetraron actos de brutalidad durante el gobierno de Abacha.
"No ha existido una oportunidad para hacer que la policía y los militares entiendan las contradicciones morales y legales de acciones opuestas a las convenciones y principios que rigen la aplicación de la ley", señaló.
"El tipo de personas que fueron elegidas para integrar la Asamblea Nacional (a principios de este año) podría constituir otro peligro oculto", advirtió el abogado.
"Es probable que esa asamblea sea controlada por individuos leales a los militares, que podrían no ser concientes de las cuestiones vinculadas con los derechos humanos o no estar interesados en ellas", añadió.
Desde la independencia del país, en 1960, las fuerzas armadas han dominado la escena política, y ejercieron directamente el gobierno durante la mayor parte de las últimas cuatro décadas.
Agbakoba indicó que "durante la cantidad de años que estuvieron al frente del gobierno, los militares conocieron las intrigas del poder. El resultado es su desprecio por los derechos humanos y la democracia".
Agbakoba presentó una lista de 16 pedidos al nuevo gobierno civil, que incluye "la revocación de los decretos absolutistas, la abolición de los tribunales especiales y el cierre de todos los centros de detención, una investigación de los gastos del gobierno anterior".
También solicitó el juicio de quienes violaron los derechos humanos, y la reestructura de la policía.
El abogado espera que al menos la mitad de esos pedidos sean atendidos en los seis primeros meses del gobierno de Obasanjo, que durará cuatro años. "Las tareas principales del nuevo gobierno deberían ser la construcción de la democracia y la recuperación de los derechos humanos", sostuvo. (FIN/IPS/tra-en/ro/mn/ceb/mp/ip hd/99
