Los reclamos de justicia para los 320.000 mexicanos que se dirigen cada año a Estados Unidos en busca de trabajo volvieron a la agenda de gobernadores, funcionarios e investigadores, que buscan solución a un problema que sólo en 1998 causó la muerte a más de 350 personas.
La ausencia de oferta laboral en México fue uno de los puntos discutidos este fin de semana por los participantes en el Coloquio Nacional sobre Políticas de Atención al Migrante, que se celebró en Oaxaca, 400 kilómetros al sur de la ciudad de México.
Los expertos coincidieron en que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos es un problema básicamente laboral, que amenaza con generar conflictos sociales.
En su intento por cruzar la frontera, 357 mexicanos murieron el año pasado, informó el subsecretario de Población, Fernando Solís, quien subrayó la necesidad de exigir a las autoridades estadounidenses que no concibieran el fenómeno migratorio como un asunto policial.
Operaciones policiales, aumento del número de agentes o el levantamiento de muros en la frontera no resolverán el problema, porque se trata de un proceso "eminentemente humano", pues el emigrante no es un delincuente, afirmó.
Esta concepción "debemos exigirla, pero también debemos aplicarla (en México) hacia indocumentados de cualquier otro país", dijo Solís.
México es puente en el recorrido hacia Estados Unidos de cientos de miles de personas, sobre todo centroamericanas. Cada año, 10 millones de personas ingresan a México con documentos, mientras 100.000 son expulsadas por las autoridades migratorias por carecer de documentos, según fuentes oficiales.
Traficantes de personas, denominados "coyotes", intentan introducir en Estados Unidos a migrantes centroamericanos o mexicanos de las zonas rurales más pobres, que transitan rutas peligrosas en vagones de tren o camiones de carga con cerrojos "sellados", que a veces terminan convirtiéndose en sus ataúdes.
Sólo en el estado de Oaxaca, en cuya capital se celebra el coloquio, entre 100.000 y 150.000 campesinos abandonan cada año sus comunidades con destino a Estados Unidos, donde viven 7,3 millones de mexicanos.
Los trabajadores migrantes envían al país 6.000 millones de dólares anuales, lo que representa la quinta fuente de divisas, destacó Jorge Bustamante, del Colegio de la Frontera Norte.
El investigador propuso la creación de las "casas del migrante mexicano" en ciudades de Estados Unidos, las cuales servirían como especie de "embajadas o consulados" para los trabajadores indocumentados.
José Murat, gobernador de Oaxaca, dijo que el fenómeno de la migración obedece a falta de oportunidades y René Juárez, de Guerrero, de donde parten al ano 50.000 personas, reconoció que los esfuerzos para atender sus necesidades son insuficientes y pidió mayores recursos federales para los estados expulsores.
Los abusos contra migrantes no ocurren sólo en Estados Unidos, pues en los campos agrícolas de estados del norte de México, como Sinaloa y Sonora, indígenas del sur del país padecen explotación, denunció el vicecoordinador del Frente Indígena Oaxaqueño, Rufino Domínguez.
Desde fines de la década del 70, se refugiaron en estados del sudeste de México unos 45.000 guatemaltecos que huían de la violencia generada por el conflicto armado interno en su país.
En 1992, al firmarse la paz entre el gobierno y la guerrilla en Guatemala, comenzó un proceso de repatriación que culminará en julio próximo. Pero unos 20.000 indígenas guatemaltecos optaron por quedarse a vivir en México. (FIN/IPS/pf/ag/pr-hd/99
