El asesinato del líder izquierdista Jaime Hurtado, de Ecuador, sigue impune tres meses después de haberse cometido, mientras la hipótesis presentada por el gobierno, que involucra a paramilitares de Colombia, pierde asidero.
El diputado Hurtado, líder del Movimiento Popular Democrático (MDP), fue asesinado a tiros en pleno día el 17 de febrero, junto con su diputado suplente, Pablo Tapia, y su sobrino Wellington Borja, a una cuadra y media del parlamento y a 30 metros de la Corte Suprema de Justicia.
El crimen conmocionó el ámbito políticos. Dirigentes de distintos sectores deploraron el asesinato y exigieron justicia.
Paco Moncayo, líder del partido Izquierda Democrática en el Congreso legislativo, dijo que el crimen no podía quedar impune como también ha ocurrido con el del dirigente sindical Saúl Cañar, cuyo cuerpo apareció muerto con signos de tortura en diciembre.
El presidente Jamil Mahuad manifestó su profunda consternación el mismo día del asesinato de Hurtado, por cadena nacional de radio y televisión, al tiempo que comprometió a su gobierno a hacer todo lo posible para su esclarecimiento.
Mahuad declaró tres días de luto nacional y recordó que ningún otro diputado había recibido tal honor, al tiempo que ofreció una recompensa de 140.000 dólares a quien entregara pistas para hallar a los culpables.
La Conferencia Episcopal manifestó que el asesinato de Hurtado podría ser obra de grupos paramilitares que en otros países han demostrado actuar con "mucha violencia y poca inteligencia".
Otra de las hipótesis manejadas fue la de un ajuste de cuentas a manos de importantes sectores económicos de Guayaquil, capital comercial de este país, a los que Hurtado había acusado de corrupción.
También se mencionó la posibilidad de sicarios contratados por sectores vinculados al entonces cogobernante Partido Social Cristiano (PSC).
Otra hipótesis sostiene que la violencia política interna podría convenir a sectores de las Fuerzas Armadas, que vieron recortado su presupuesto luego de firmada la paz con el Perú.
Dos días después del crimen, el 19 de febrero, Mahuad y el ministro de Gobierno (interior), Vladimiro Alvarez, informaron sobre la captura de tres cómplices de los asesinos.
El ministro citó declaraciones de Washington Aguirre, uno de los detenidos, al señalar que Hurtado había sido asesinado por un sicario colombiano conocido como "Victorino", quien había recibido el apoyo de otro compatriota suyo, pero los dos escaparon por vía aérea a Bogotá antes de las detenciones.
Según Aguirre, habían recibido la ayuda de Michel Oña, un funcionario del Congreso que fue asesor de diputados del MDP y el PSC, quien estudió los movimientos de Hurtado y anunció por teléfono celular a Victorino cuando el diputado se retiraba del edificio.
La policía informó que Oña murió en un enfrentamiento con agentes cuando lo fueron a buscar a su domicilio, aunque los vecinos dijeron a la prensa que no había existido tiroteo.
Aguirre afirmó que el trabajo les fue encomendado por un ecuatoriano de nombre Henry y un paramilitar colombiano de nombre Andrés, quien les habría dicho que querían ejecutar a Hurtado porque "estaba colaborando con la guerrilla colombiana" y estaba "formando una guerrilla en el Ecuador".
Una encuesta realizada por la empresa Cedatos horas después de las declaraciones de Aguirre aseguró que 65 por ciento de los ecuatorianos no creyó en la versión presentada por el gobierno.
El hijo de Hurtado, Lenin Hurtado, señaló que había "muchos cabos sueltos en la información proporcionada por el ministro, y de los autores intelectuales, nada".
Días después, el gobierno aceptó crear una comisión investigadora independiente en la que participan Lenin Hurtado, la religiosa Elsie Monge, de la Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos, el diputado Iván Rodríguez y Juan de Dios Parra, de la Asociación Latinaomerciana de Derechos Humanos.
Con el correr de los días fueron apareciendo nuevos elementos, entre ellos la certeza de que Aguirre era informante de la policía y de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y que, días antes del crimen, habría informado de la llegada de los sicarios colombianos a dos oficiales de la policía.
El ministro Alvarez señaló que no se podía dar credibilidad a las declaraciones de Aguirre, lo cual contradijo la actitud del gobierno al usar esas declaraciones para vincular a Hurtado con la guerrilla colombiana.
Con el asesinato de Cañar, el gobierno también había deslindado responsabilidades y prometió encontrar a los culpables. Sin embargo, las investigaciones no arrojaron ningún resultado positivo y persiste la impunidad.
Una nueva versión, difundida el martes por el diario La Jornada de México, acusa al embajador Medardo Cevallos de estar implicado en el crimen del líder del MDP, ya que Hurtado investigaba "supuestos vínculos" del diplomático "con el narcotráfico".
Cevallos es dueño de la empresa Aislantes Plumavit, que, según La Jornada, fue acusada por la DEA de fabricar cajas con doble fondo para empacar productos pesqueros y cocaína.
El diputado Rodríguez dijo a IPS que, tras desechar muchas hipótesis sobre el crimen, hay una decena que aún tienen asidero.
"Entre esas posibilidades figura la de una ejecución por orden del narcotráfico por indagaciones que Hurtado venía realizando días antes de morir. Pero sería irresponsable asumirla como definitiva antes de terminar las investigaciones", comentó Rodríguez.
El legislador aseguró que Hurtado había solicitado información relacionada con Bancomex, institución financiera de propiedad de Cevallos, pero las copias de la solicitud se perdieron en el Congreso.
La comisión investigadora del crimen también ha pedido información sobre algunas personas y empresas vinculadas a ese banco.
"La nota de La Jornada corrobora parte de nuestra información pero no podemos acusar al embajador ni a nadie. Se está investigando y al final sabremos cuál es la hipótesis más confiable, entre las que también figura un posible crimen de Estado", aseguró Rodríguez.
Rodríguez también se quejó de la falta de apoyo a la comisión por parte de la justicia y la policía, aunque prometió "llegar hasta el fin de las investigaciones para que el asesinato del diputado Jaime Hurtado no quede impune". (FIN/IPS/kl/mj/ip hd/99
