La reunión de expertos en deuda externa celebrada esta semana en la capital de Perú concluyó con una exhortación a realizar auditorías y examinar judicialmente la legitimidad de los 700.000 millones de dólares que deben en conjunto los países de América Latina y el Caribe.
"El jibarito", la canción que describe la historia del campesino que después de vender su café y pagar sus deudas regresa a casa sin dinero, cantada por el brasileño Duboc Pinaud, puso el toque emocional al seminario "Deuda externa, desendeudamiento y solidaridad global" que concluyó este jueves.
Los expertos de nueve países que asistieron a la reunión en la Universidad Católica de Lima cuestionaron la legitimidad de gran parte de la deuda externa, señalaron tres irregularidades frecuentes y recomendaron iniciar acciones ante el Tribunal Permanente de los Pueblos y la Corte Internacional de la Haya.
El primero de los aspectos a investigar, mediante auditorías nacionales y procesos judiciales, es la posible existencia de fraude en la concertación de las deudas, cometidos por funcionarios gubernamentales corruptos.
El segundo aspecto es la decisión unilateral del Fondo Monetario Internacional (FMI) de transformar en variables las tasas de interés fijas, disposición que incrementa el monto de las deudas y beneficia a los acreedores.
También se recomendó cuestionar judicialmente la decisión de algunos gobiernos de la región de convertir en públicas algunas deudas privadas.
La deuda externa global latinoamericana, que en la década del 50 era de 300.000 millones de dólares, pasó a 648.000 millones en 1980 y ahora supera los 700.000 millones de dólares.
Los expertos aportaron conceptos técnicos y jurídicos a la campaña ética emprendida por la Iglesia Católica sobre el tema.
El seminario internacional fue convocado por la sección peruana de la Coalición Mundial Jubileo 2000, que promovió una campaña internacional de recolección de firmas en respaldo a la exhortación del Papa Juan Pablo II a los banqueros del Club de París para que condonen sus deudas a los países pobres.
La iniciativa al Jubileo 2000 propuesta por el Papa se basa en una tradición bíblica según la cual cada 50 años los acreedores deben perdonar las deudas, los prestamistas devolver las tierras hipotecadas y los esclavos puestos en libertad.
Juan Pablo II considera que la deuda externa es la forma moderna del cautiverio y que el ingreso al nuevo milenio debe ser celebrado con el perdón de las grandes deudas que sufren los países más pobres.
Personalidades en todo el mundo, como los cantantes Luciano Pavarotti y Michael Jackson, el ex boxeador Mohamed Alí y líderes religiosos como el Dalai Lama, apoyaron la iniciativa, que en Perú recolectó dos millones de firmas de respaldo.
La demanda ética del Papa fue explícitamente respaldada por los economistas reunidos en Lima, pero consideraron conveniente dotar a la campaña de instrumentos jurídicos, aprovechando las experiencias e iniciativas surgidas en algunos países.
Los expertos señalaron que la exhortación ética y el cuestionamiento judicial sobre la legitimidad de las deudas tienen menos posibilidades de conseguir resultados concretos si no están acompañados de una movilización popular internacional.
Alejandro Olmos, fundador del Foro Nacional de la Deuda Argentina, puso como ejemplo el proceso judicial iniciado en su país en 1980, en el que se demostró con pruebas, testimonios y pericias la ilegitimidad de la deuda contraída durante la última dictadura militar (1976-83).
"Abrir la instancia judicial es uno de los caminos fundamentales para la independencia de nuestros pueblos", concluyó Olmos.
El ecuatoriano Alberto Acosta, del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, expresó: "en muchos casos, la deuda fue contratada en forma irresponsable por nuestros gobiernos en complicidad con los acreedores, quienes para hacer su negocio promovieron que concertáramos préstamos que no necesitábamos".
El economista Oscar Ugarteche, integrante de la Red Peruana Jubileo 2000, propuso que se enjuicie a los funcionarios latinoamericanos corruptos en las naciones de los acreedores.
"Si se abre un juicio por corrupción a quienes intervinieron en cada concertación irregular de deuda se abrirá un espacio político importante y, en la medida que lo ganemos, estaremos creando conciencia en el Primer Mundo de que la corrupción involucró también al banquero que pagó comisiones", afirmó.
Ernesto Arias Schereiber, directivo del Colegio de Abogados de Lima, recordó que esa entidad propuso al Ministerio de Economía de Perú que en la Carta de Intención con el FMI se incluyera una cláusula de declaración de Reserva Legal, que permitiría denunciar ante tribunales contratos concertados antes de 1990. (FIN/IPS/al/ag/if/99
