Yugoslavia acusó hoy ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya a 10 países de bombardear su territorio en violación del derecho internacional que impide el uso de la fuerza contra estados soberanos.
Los acusados son Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Portugal, todos pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que ataca el territorio yugoslavo desde el 24 de marzo.
Pero por razones que no se especificaron, Yugoslavia no incluyó en su acusación a los demás miembros de la OTAN: República Checa, Dinamarca, Grecia, Hungría, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Polonia y Turquía que, técnicamente, también están en guerra con Belgrado.
La Corte informó este jueves que comenzará a analizar la protesta yugoslava el 10 de mayo, en su sede de La Haya, Holanda.
Yugoslavia sostiene que los 10 países cometieron actos que "violaron sus obligaciones internacionales de no utilizar la fuerza contra otro estado, de no intervenir en los asuntos internos de ese estado, y de no violar su soberanía".
Belgrado declaró que tanto objetivos militares como civiles fueron atacados por las bombas de la OTAN, lo que causó muchas víctimas, entre ellos "1.000 civiles" y más de "4.500 con graves heridas", y gran daño a escuelas, hospitales, emisoras de radio y televisión, monumentos culturales y centros religiosos.
Yugoslavia también acusa a los diez países de la OTAN de destruir gran cantidad de puentes, carreteras y vías férreas, así como refinerías de petróleo y fábricas químicas, provocando graves perjuicios a la salud y el ambiente.
Belgrado fundamenta su acusación en varias convenciones internacionales, incluso en la Convención de Ginebra de 1949, el protocolo adicional de 1997 para la Protección de Civiles y Objetivos Civiles en Tiempos de Guerra, y la Convención de 1948 sobre la Libre Navegación del río Danubio.
Así mismo, se basó en la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y la Convención de la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio.
Yugoslavia asegura que la ofensiva de los 10 estados va en contra del "artículo 53, párrafo 1, de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".
El párrafo en cuestión estipula que no se tomarán medidas punitivas por organismos o instituciones regionales (como es el caso de la OTAN) sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
Desde que comenzaron los ataques, Yugoslavia argumentó que estos son ilegales porque no fueron autorizados por el Consejo, que rechazó por 12 contra tres votos a fines de marzo una resolución presentada por Rusia para cesar la ofensiva de la OTAN. (FIN/IPS/tra-en/td/mk/aq/ip/99
