Ruanda observará una semana de luto nacional en ocasión del quinto aniversario del genocidio de 1994 que se desencadenó el 6 de abril de ese año con la muerte del presidente Juvenal Habyarimana cuando fue derribado el avión en que viajaba.
El aniversario se conmemora con una serie de vigilias, reuniones públicas y actos que culminarán en una ceremonia en Kibeho, en la región suroeste de Gikongoro, donde se volverán a enterrar los restos mortales de cientos de las víctimas.
Todas las banderas se izarán a media asta durante el período de luto, mientras se pide a la población que reflexione profundamente sobre el genocidio perpetrado entre abril y junio de 1994, y que busque la forma de impedir su repetición.
El año pasado, también se celebró una semana de luto, en medio de una ola de ataques de las milicias Interahamwe, ("los que luchan juntos" en lengua kinyarwanda) los mismos que perpetraron el genocidio, asesinando hasta a un millón de personas, la mayoría tutsis y hutus moderados.
El informe "Que no quede nadie para contar la historia", divulgado el miércoles por los grupos de derechos humanos Human Rights Watch, de Nueva York, y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, de París, relata en 800 páginas el genocidio, y rastrea sus orígenes políticos e históricos.
Acusa a Bélgica, Estados Unidos, Francia, y la Organización de las Naciones Unidas entre otros de "no prestar atención a las señales del desastre que se avecinaba y no reconocer el genocidio cuando comenzó".
El informe cuenta detalladamente cómo se planificaron los asesinatos con meses de anticipación, descarta las versiones estereotipadas que muestran el genocidio como "una incontrolable explosión de ira de personas consumidas por la violencia tribal" y lo califica de "opción deliberada de una elite moderna para promover el odio y el miedo y mantenerse en el poder".
La investigación recalca el papel de los perpetradores del genocidio y la forma en que sus acciones tuvieron tan poca respuesta de la comunidad internacional.
El gobernante Frente Patriótico Ruandés dominado por los tutsis, que libró una guerra de guerrillas desde 1990 a 1994, también es acusado de serias violaciones a los derechos humanos en 1994.
Los autores del informe afirman que miles de hutus fueron asesinados indiscriminadamente y que los "patrones de abuso eran conocidos y tolerados por los más altos niveles de mando".
Este año, la semana de luto por el genocidio estuvo precedida por las primeras elecciones generales de este país, cuando miles de "células" eligieron comités ejecutivos, que a su vez votaron por representantes para dirigir "sectores individuales".
La votación tuvo lugar mediante un "sistema de filas", en el que los votantes forman filas detrás de candidatos individuales que fueron nominados en el día. No se permitieron afiliaciones partidarias, y el gobierno recalcó la necesidad de evitar "rivalidades sectarias".
Esta vez se eligieron, en lugar de imponerse, dos niveles de gobierno local. Las unidades administrativas involucradas son modestas: cada célula tiene un máximo de varios cientos de residentes y cada sector algunos miles.
El próximo paso es llevar el proceso democrático a nivel de las 155 comunas del país, actualmente administradas por alcaldes, y luego a las 12 prefecturas.
Pero el gobierno no fijó fecha para las elecciones futuras y en su lugar habla de un período de evaluación.
Mientras tanto, los funcionarios locales seleccionados a nivel de células y sectores deberán realizar un programa de entrenamiento bajo supervisión gubernamental, con preparación en técnicas administrativas y clases de historia y política.
Según el secretario general del Frente Patriótico Ruandés, Charles Murigande, "muchos de los nuevos funcionarios nunca ejercieron responsabilidad alguna, por lo que debemos proporcionarles los conocimientos básicos".
El punto de vista oficial de Kigali es que las elecciones fueron un éxito.
Anunciados formalmente con sólo una semana de anticipación, y sin que se permitieran las campañas previas, los funcionarios calificaron los comicios de "experimento en la democracia", con énfasis en la "transparencia", la "responsabilidad" y el "buen gobierno".
Antes de los comicios, Protais Musoni, secretario general del Ministerio de Gobierno Local, dijo que confiaba en que en la nueva Ruanda "los tutsis votarán por hutus y los hutus votarán por tutsis", siendo la competencia administrativa el único criterio con el que se juzgará a los candidatos.
El tema del genocidio surgió durante las elecciones. En Taba, en la región central de Gitarama, los votantes dejaron en claro que el no haber participado en los hechos de 1994 era un prerrequisito esencial para cualquier candidato.
Sin embargo, los funcionarios y comandantes militares locales prohibieron a los periodistas que preguntaran sobre los hechos de 1994 y el papel de Jean-Paul Akayesu.
Akayesu era en ese momento alcalde y fue posteriormente condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas sobre Ruanda, con sede en Arusha, Tanzania, acusado de crímenes de genocidio.
"Están aquí para cubrir las elecciones. Dejen a Akayesu para otro día", advirtió el comandante de la brigada local.
Pero una vez pasadas las elecciones, la atención se centró nuevamente en los hechos de hace cinco años. (FIN/IPS/tra-en/cs/mn/at/aq/hd/99
