La Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso la creación de un organismo internacional de supervisión que se ocupe de estudiar cada caso de contratación de mercenarios y de firmas de seguridad privada.
La ONU, en un estudio divulgado el jueves, califica de "inaceptable desde todo punto de vista" al reclutamiento, la financiación y el uso de mercenarios, incluso si se trata de restaurar un régimen constitucional derrocado por un golpe militar.
"El hecho de que un gobierno reclute mercenarios o contrate compañías reclutadoras de mercenarios para defenderse o para reforzar su capacidad de defensa en conflictos armados no hace que esas acciones dejen de ser ilegales e ilegítimas", señala.
La legislación de varios estados miembros de la ONU no considera que los mercenarios sean criminales. En algunos de los países donde los mercenarios son considerados criminales, no se conoce ningún caso de aplicación de la ley.
Por ejemplo, la ley de Alistamiento Extranjero de 1870, de Gran Bretaña, prohíbe a los ciudadanos británicos reclutar o convertirse en mercenarios, pero la última vez que se aplicó fue en 1896.
Más de cien años más tarde, en 1997, la compañía británica Sandline International firmó un contrato por 36 millones de dólares con el gobierno de Papua Nueva Guinea para luchar contra un grupo rebelde, el Ejército Revolucionario de Bougainville.
La misma empresa británica firmó contratos con diversas compañías financieras y mineras de Sierra Leona, que desean proteger sus inversiones de los ataques de los rebeldes, para lo cual necesitan que se restituya al gobierno derrocado.
Por su parte, Executive Outcomes, de Sudáfrica firmó un contrato similar con Sierra Leona en 1996.
El informe de la ONU señala que hubo mercenarios en las guerras civiles de muchos países africanos, entre otros, Angola, República Democrática de Congo, Liberia, y Sierra Leona, además de Papua Nueva Guinea, en el Pacífico sur.
Enrique Bernales Ballesteros, el relator especial sobre mercenarios de la ONU, calificó a los mercenarios de "criminales". No actúan movidos "por motivos altruistas sino para ganar dinero a cambio de su aptitud en el manejo de armas y explosivos", explicó.
Ballesteros relacionó también a los mercenarios con el terrorismo. "Muchos actos terroristas fueron perpetrados por mercenarios contratados para cometer uno o varios crímenes", dijo.
Sudáfrica, a pesar de los datos "alarmantes" sobre el abuso de firmas militares de seguridad, es uno de los pocos países que legislaron la asistencia militar extranjera y las firmas de seguridad privada dentro de los parámetros de las leyes internacionales y los derechos humanos.
Pretoria promulgó una ley en 1998 para limitar la jurisdicción de las compañías de seguridad privada que contratan mercenarios.
Según la nueva ley, cualquier residente de Sudáfrica, nacional o extranjero, que participe en operaciones militares fuera del país, puede recibir una multa de alrededor de 200.000 dólares y ser condenado a 10 años de prisión.
El informe de la ONU señala que el gobierno sudafricano limita la libertad de acción de las compañías de seguridad involucradas en asuntos militares. También regula, aunque no prohíbe, la existencia de dichas empresas.
Mientras, la firma Executive Outcomes, establecida en Pretoria en 1989 y acorde a la legislación vigente, se registró en el Departamento de Defensa como organización proveedora de apoyo militar, y en particular, de entrenamiento en el exterior. (FIN/IPS/tra-en/td/mk/ceb/aq/ip/99
