El gobierno de Colombia intenta abatir la alta tasa de desempleo mediante la construcción de viviendas para los sectores más pobres, mientras familias de clase media pierden su casa por falta de pago de créditos hipotecarios.
En un país con dos millones de desempleados, la reactivacón de la economía pasó a ser la prioridad del gobierno, incluso por encima del buscado acuerdo de paz con la guerrilla.
El desempleo, que en diciembre de 1998 fue de 15,2 por ciento, podría llegar a 19 en el segundo trimestre de 1999, según el estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE),
En ese mapa de crisis, a la que algunos expertos ya califican en el tránsito de la recesión a la depresión, la construcción parece el sector que más rápidamente podría generar empleo, particularmente para mano de obra no calificada.
La construcción cayó más de 40 por ciento en 1998, de acuerdo con los registros de licencia solicitados a las municipalidades de las principales ciudades del país.
Según el DANE, en el primer trimestre de este año siguió la tendencia a la baja y se situó en 43,6 por ciento.
El caso de Cali, capital del departamento del Valle, en el occidente, epicentro de uno de los principales carteles del naocotráfico, cuyos capitales irrigaron y crearon un nivel de precios de construcción ficticios, es uno de los más ilustrativos.
Un estudio de la Cámara Colombiana de la Construcción divulgado por su presidente Hernando José Gámez indica que en 1992 -en pleno auge del narcotráfico- se construyeron 900.000 metros cuadrados de viviendas, mientras que entre marzo y septiembre de 1998 se cayó a 119.480.
El gobierno mantiene la meta de construir 420 mil nuevas Viviendas de Interés Social (VIS), planteada por el presidente conservador Andrés Pastrana en la campaña que en agosto del año pasado lo condujo al poder.
Las VIS se destinan a familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales, unos 630 dólares, con derecho a acceder a subsidios del Instituto de Desarrollo Urbano (Inurbe), hasta por 3.300 dólares).
Pero el Inurbe sólo cuenta con unos 26 millones de dólares) para 1999, por lo que se gestiona un crédito por otros 133 millones, de lo que que dependerá, en parte, que el gobierno pase de las promesas a la realidad.
El Ejecutivo estima que si el plan de reactivación de la construcción de vivienda arranca pronto, podrá mantener la meta de 400.000 nuevos empleos por año.
Aun así la zozobra por el mal clima para los negocios hace que incluso quienes tienen derecho al subsidio no lo tomen. Todo el mundo parece vivir al día.
"Yo dejé perder un subsidio al que tenía derecho porque no conseguí para completar la cuota", dijo Alejandro Navarro, microempresario del sector textil, uno de los más deprimidos de la economía.
"El asunto es tan grave que me separé de Teresa y ella se fue a vivir con las niñas a casa de la mamá. Nos vemos cada ocho días. Quién sabe si podamos tener algún día casa y vivir como una familia normal", dijo con un tono entre nostálgico y resignado.
A inicios de la década, Navarro tenía un taller de tejidos con una planta de entre 20 y 30 operarias, según la temporada.
"Las cosas se complicaron cada vez más, y hoy subcontrato una o dos obreras para cumplir los pocos pedidos que consigo", contó.
Las familias de estratos medios que desde los años 80 y comienzos de la presente década entraron en el carrusel de los créditos de vivienda con el sistema UPAC atraviesan ahora por un estrecho tunel.
El UPAC, diseñado durante la presidencia de Misael Pastrana (1974-78), padre del actual mandatario, se concibió como unidad de pago, exclusiva para créditos de vivienda, cuyo valor aumentaba de acuerdo a la inflación.
Resultado de susesivas reformas, se introdujo el factor de las tasas de interés, con lo que las deudas se dispararon a límites impagables por los acredores, que ya se empiezan a organizar en asociaciones que exigen el desmonte del sistema y amenazan con no pagar las cuotas.
Se calcula que unos 800.000 deudaores morosos del sistema UPAC están agremiados, muchos de ellos damnificados por la confiscación de las casas y apartamentos cuya deuda se ha duplicado en un lapso de seis años, mediante un sistema que califican de "siniestro".
Es el caso de José Luis Nuñez, ingeniero eléctrico, casado y con dos hijos que en 1993 obtuvo un crédito por 19 millones de pesos para adquirir un apartamento usado en el centro de la capital por un valor total de 28 millones.
Las primeras cuotas mensuales fueron de 225 mil pesos y ahora paga 780.000, con el agravante de que el capital de la deuda aumentó a 36 millones.
"No tengo certeza de que me renueven el contrato y a mi esposa ya la liquidaron", dijo a IPS.
"Con Mariela -su esposa- y los niños estamos pensando en irnos a vivir con mi suegra, algo que nunca imaginamos. Eso implica cambiar a los niños de colegio y desmejorar nuestra calidad de vida", comentó.
Entidades bancarias y corporaciones de ahorro y vivienda reportaron que tienen 50.000 inmuebles confiscados con los que no saben qué hacer, pues tampoco hay quién los compre, ya que nadie tiene dinero ni se arriesga a invertir.
La presidenta de la Federaciómn de Lonjas de Propiedad Raíz, Clemencia Parra, divulgó una propuesta para que el gobierno duplique los subsidios de VIS: el ya establecido través del Inurbe, y otro por intermedio de los municipios materializado en lotes y conexión de servicios públicos.
Parra también propuso que los bancos y corporaciones que tienen inmuebles confiscados los pongan en arriendo, porque ese es un mercado también deprimido.
En cuanto a los arrendamientos, un documento de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá señala que mientras en 1995 un inmueble para vivienda tardaba entre 15 días y un mes para alquilarse, ahora demora hasta 65 días.
Para los locales comerciales y bodegas los tiempos son mayores.
El mismo estudio reseña que por lo menos 900 propietarios de la capital del país (10 por ciento de los contratos que manejan las empresas consultadas) bajaron el precio del alquiler de sus inmuebles para mantener a los inquilinos que amenazabn con irse.
De acuerdo con la misma muestra, 4.000 residencias (40 por ciento de los contratos) conservaron el precio del año pasado. (FIN/IPS/mig/dg/if-pr/99
