Una grave crisis estalló dentro de la policía del estado de Río de Janeiro, dejando al desnudo acciones clandestinas de grupos militares en organismos que trabajan con información sobre seguridad pública.
Este es el segundo incidente en el que están involucrados policías y gobernadores estaduales de oposición, empeñados en modificar métodos y conductas considerados violatorios de los derechos humanos dentro de organismos de seguridad pública.
Antes, en el sureño estado de Río Grande del Sur, el gobernador Olivio Dutra, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), enfrentó la rebelión de jefes de la policía militar, que no acataron su traslado a ciudades del interior luego que un joven de 14 años fue muerto por agentes policiales.
La crisis en Río de Janeiro estalló la semana pasada cuando el subsecretario de seguridad pública, el sociólogo Luis Eduardo Soares, descubrió que sus teléfonos estaban bajo escucha clandestina por el Centro de Inteligencia de Seguridad Pública (CISP), órgano policial bajo el mando de un coronel del ejército.
Soares trabajó en una organización no gubernamental (ONG) de Río de Janeiro, responsable de una serie de proyectos destinados a promover una reforma de fondo en el sistema de seguridad pública de la ciudad.
La policía de Río de Janeiro es tristemente célebre por su participación en masacres de niños de la calle y sus vínculos con el narcotráfico.
El gobernador de Río, Anthony Garotinho, del opositor Partido Democrático Laborista (PDT), sancionó a los responsables por la escucha ilegal y prometió desactivar el Centro de Inteligencia de Seguridad Pública, pero las divergencias con jefes policiales locales están lejos de haber llegado a un final feliz.
El responsable máximo de la seguridad pública en Río de Janeiro, el general José Siqueira da Silva, renunció durante la crisis y fue reemplazado por un coronel de la policía militar.
En todos los estados brasileños hay una policía militar, responsable de la seguridad pública, y una policía civil, encargada de investigar delitos y capturar delincuentes. Esta división de responsabilidades es más teórica que práctica, lo que ha generado celos y competencia entre las dos instituciones.
Al asumir un compromiso público con la defensa de los derechos humanos, los dos gobernadores opositores pasaron a enfrentar estructuras policiales donde la corrupción, la violencia y el corporativismo son endémicos.
En junio de 1997, el Centro de Inteligencia de Seguridad Pública realizó una investigación sobre narcotráfico y la policía de Río de Janeiro. El informe final acusó a 100 oficiales y agentes de reciber sobornos de los carteles de la droga, pero muy pocos de los sospechosos fueron sancionados.
La policía en las grandes ciudades brasileñas es un problema muy grave, según el antropólogo Ruben Cesar Fernandes, del Instituto de Estudios de la Religión, la más activa ONG de Brasil en el campo de la seguridad pública.
"Casi cuatro décadas de impunidad y de una relación poco clara con el ejército han creado una especie de poder paralelo", afirmó Fernandes.
El gobernador Garotinho, quien asumió el cargo en enero, está impulsando un ambicioso proyecto de "ocupación social" de las favelas y de creación de unidades modelo para atención al público en materia de seguridad pública.
La "ocupación social" es una operación donde la policía se instala durante un par de días en puntos estratégicos de las favelas más afectadas por la violencia para establecer contactos con la población y buscar información sobre narcotraficantes.
Ya ocurrieron dos ocupaciones en favelas de Río de Janeiro y los resultados aún están siendo evaluados por expertos civiles y de la policía.
Las unidades modelo son edificios totalmente reformados para eliminar el mal aspecto de las actuales dependencias policiales en Río de Janeiro. La atención al público está a cargo de universitarios y las quejas son estudiadas por abogados o defensores públicos.
"Nuestra intención es acercar la población a la policía, porque actualmente el miedo es muy fuerte", admitió Soares.
Los nuevos métodos y proyectos en Río de Janeiro, a la par de la ofensiva por los derechos humanos en Río Grande del Sur, muestran que tanto Dutra como Garotinho parecen dispuestos a abrir la "caja negra" de la seguridad pública, al contrario de otros gobernadores, que prefieren mirar hacia el otro lado.
Pero aún es prematuro decir si los cambios esperados por la población de Río de Janeiro y Río Grande del Sur en materia de seguridad pública serán reales o no.
"La policía de Río es un cementerio de buenas ideas e iniciativas", indicó un abogado penalista que actúa en procesos de seguridad pública que pidió reserva de su nombre. (FIN/IPS/cc/ag/ip/99
