Los ministros de Agricultura y Ganadería de la Unión Europea (UE) fracasaron hoy en su intento por poner fin a una guerra comercial en la que se juegan miles de millones de dólares, en un sector que enfrenta a los países del bloque entre sí y con otras regiones, en especial con América.
Los ministros abrieron este viernes en Bruselas un compás de espera hacia la semana siguiente, mientras los subsidios en debate son causa de queja en los países en desarrollo de América, cuya producción pierde así un importante mercado.
La definición de objetivos y la asignación de fondos para la Política Agraria Común, que regula la ayuda y las normas comerciales para el sector agrícola y el ganadero, es el principal problema interno de la UE.
Pero el mantenimiento de un sistema proteccionista y de subsidios en ese sector es también una fuente de fricciones con terceros países.
Alemania, presidente de turno de la UE, intentó que se aprobase un sistema de cofinanciación para la Política Agraria Común, lo que significaría que una parte de la ayuda se pagaría con fondos comunitarios y otra con fondos del país respectivo.
Ante el rechazo de la propuesta, a la que se opusieron con especial firmeza Francia y España, Alemania plantea ahora que de mantenerse el presupuesto para la Política Agraria Común se rebajen otros rubros. También encuentra oposición en varios países, que deberán pronunciarse al respecto este martes.
La ministra de Agricultura de España, Loyola de Palacio, señaló que no se trata de establecer criterios rígidos ni de hacer ahorros "sino (de) garantizar el futuro de los agricultores y ganaderos".
España reclama que se le permita aumentar la producción de lácteos en 550.000 toneladas al año, casi la mitad de lo reclamado por los productores.
También pide que se corrija el criterio para evaluar la ayuda en la plantación de cereales, que se aumenten para terneros y que se incluya el vino, con un permiso para plantar nuevas vides.
El país que recibe más fondos agrícolas de la UE es Francia, con 24,5 por ciento del total. La sigue Alemania (15,5 por ciento), Italia (10,8) y España (10,4). Los demás oscilan entre el 8,9 de Gran Bretaña y el 0,1 por ciento de Luxemburgo.
Los productores del sector quieren que se mantenga la ayuda, pero también que se las aplique con un criterio social más claro, explicó José Manuel de las Heras, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España.
De las Heras señaló que 80 por ciento de la ayuda se destina a solo 20 por ciento de los agricultores, por lo que la reforma debe implicar una distribución de esos fondos sobre la base del empleo generado en las explotaciones.
Así, el recorte de la ayuda "se debe dirigir a los especuladores y absentistas", como se denomina a los grandes propietarios ausentes de sus explotaciones, "que no generan empleo ni riqueza y que reciben 80 por ciento del presupuesto agrario".
Hacia afuera, las definiciones más próximas tendrán que producirse en relación con México y el Mercosur. La UE está negociando un acuerdo de libre comercio con ese país y tiene pendiente de resolución un mandato para iniciar negociaciones en el mismo sentido con el Mercosur.
La Comisión Europea (CE, órgano ejecutivo de la UE) prevé aprobar este lunes su propuesta a la Primera Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de Europa, América Latina y el Caribe, convocada para fines de junio en Río de Janeiro.
El texto será sometido luego al Consejo de Ministros del bloque y al Parlamento Europeo.
En un primer borrador, se recuerda que la CE sometió al Consejo un proyecto de directivas para la negociación con el Mercosur y otro similar para Chile, al tiempo que se mantienen activas las negociaciones con México.
Nada más al respecto, excepto una declaración general sobre la necesidad de luchar contra el proteccionismo y regular positivamente la globalización de los mercados.
La voluntad europea de impulsar una asociación con América Latina y el Caribe de cara al próximo siglo debe superar la demanda de los países de aquella región de que se liberalicen los mercados europeos para sus productos y se eliminen los subsidios agrícolas, para evitar la competencia desleal.
Mientras, de Estados Unidos llegan represalias por la política europea de apoyo a los productos de banano de las ex colonias de Asia, Africa y el Caribe no hispanoparlante.
El gobierno de Bill Clinton, ante las medidas europeas que afectan a dos grandes transnacionales estadounidenses, Dole Food y Chiquita Brands, que controlan el mercado bananero de América, dispuso nuevas trabas para productos europeos, algunos de cuyos aranceles sufrirán un aumento de 100 por ciento.
Los países más afectados son Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania, aunque también figura España, en menor medida. Las exportaciones europeas a Estados Unidos amenazadas por esas medidas suman unos 500 millones de dólares al año.
El embajador de Estados Unidos en España, Edward Romero, debió escuchar este viernes una dura protesta del gobierno de José María Aznar.
El secretario de Estado de Política Exterior, Ramón de Miguel, le recordó que la UE modificó sustancialmente su política bananera y que está dispuesta a asumir las decisiones al respecto de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Por eso, añadió, a España "le sorprende la agresividad de Estados Unidos en este conflicto", dijo De Miguel.
El funcionario subrayó que la adopción por Washington de medidas sin contar con la autorización de la OMC "está debilitando la credibilidad del sistema multilateral de comercio y cuestionando su propia voluntad de negociación con actuaciones unilaterales". (FIN/IPS/td/mj/ip/99
