El juicio iniciado hoy en Cuba a cuatro miembros del opositor Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna por el delito de sedición cerrará un caso de notoriedad internacional pendiente desde hace más de año y medio.
Esta instancia judicial por delitos contra la seguridad interior del Estado es la primera que se realiza luego de promulgada la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.
Este nuevo cuerpo legal aprobado por el parlamento el 16 de febrero junto a modificaciones del Código Penal, tipifica como delitos aquellas acciones que favorezcan la aplicación del bloqueo de Estados Unidos y otros actos hostiles contra la isla.
No obstante, la fiscalía se pronunció en este caso con anterioridad a la entrada en vigor de esa ley y pidió una condena de seis años de cárcel para Vladimiro Roca y cinco para Martha Beatriz Roque, René Gómez y Félix Bonne.
Los cuatro enjuiciados fueron detenidos el 16 de julio de 1997, tras divulgar dentro y fuera de la isla un documento opositor al gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC).
"La Patria es de Todos" apareció en respuesta a la resolución política presentada al quinto congreso comunista, realizado en octubre de ese año, con el título "El Partido de la unidad, la democracia y los derechos humanos que defendemos".
El texto disidente cuestionó el apoyo popular al informe del PCC y exigió el pluripartidismo, ausente en el régimen socialista cubano, que reconoce al Partido Comunista como única opción política.
En la única reacción oficial sobre el juicio, el vocero de la cancillería, Alejandro González, recordó a IPS que los cuatro detenidos están acusados de "otros actos contra la seguridad del Estado, en relación con un delito de sedición".
Esos delitos "están previstos en el artículo 125-c, en relación con el artículo 100-c, ambos del Código Penal vigente", explicó González, quien calificó a los enjuiciados de "contrarrevolucionarios".
El artículo 125-c penaliza a "quien incite a otro u otros, de palabra o por escrito, pública o privadamente, a ejecutar alguno de los delitos previstos en este título", (sedición, en este caso).
El artículo 100-c, en tanto, establece penas de uno a ocho años de cárcel en los casos menos graves, para quienes "perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el gobierno."
El juicio transcurrió a puerta cerrada, aunque al parecer en presencia de familiares de los procesados, en un tribunal provincial ubicado en el populoso barrio de Marianao, en el sector oeste de La Habana.
El jefe de la oficina de intereses de Estados Unidos, Michael Kozak, y representantes oficiales de otros nueve países que pretendieron ingresar al recinto judicial fueron notificados por autoridades cubanas que el juicio no estaba abierto al cuerpo diplomático ni a la prensa extranjera.
En breves declaraciones a medios de prensa acreditados, Kozak dijo haber acudido al lugar en solidaridad con los enjuiciados, a quienes calificó de "buenas personas", y rechazó que su país sea responsable de fabricar opositores en Cuba.
Kozac estuvo entre los primeros diplomáticos en llegar a las cercanías del tribunal, al cual acudieron además representantes de Canadá, Sudafrica, España, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Suiza, Polonia y República Checa.
A su vez, en medios periodísticos extranjeros circularon desde el domingo versiones, no confirmadas oficialmente, sobre la detención de varias decenas de personas vinculadas con organizaciones opositoras sin estatuto legal.
Gerardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación, estimó, en declaraciones telefónicas a IPS, que en los últimos tres días hubo 44 detenciones y 37 arrestos domiciliarios.
Sánchez dijo que "todo parece indicar que el gobierno ha tomado medidas para evitar actos de apoyo a los enjuiciados", y lo relacionó con el hecho de que el juicio haya sido trasladado a un barrio apartado de la ciudad.
El papa Juan Pablo II y el primer ministro de Canadá, Jean Chretien, además de otras altas personalidades que visitaron Cuba en 1998, pidieron la liberación del también conocido como Grupo de los Cuatro.
Luego de la estancia del Papa en la isla, el gobierno de Fidel Castro concedió indulto a 299 prisioneros, 224 de ellos por razones humanitarias.
Entre los liberados se encontraban más de 90 opositores, pero no se incluyó al Grupo de los Cuatro.
Una nota del diario oficial Granma afirmó por esos días que unas 70 personas, incluidas en una solicitud papal a la cual respondía el indulto, no serían liberadas "por razones de seguridad para el país, peligrosidad de los sancionados y gravedad de los delitos cometidos. (FIN/IPS/pg/dm/hd ip/99
