Bolivia recibió el aval de Estados Unidos respecto a la política antidrogas que siguió en 1998, pero deberá extremar sus esfuerzos para obtener una nueva certificación este año.
Si hasta ahora al país le bastaba con erradicar un mínimo de 7.000 hectáreas de cultivos de coca de la región del Chapare -zona roja de producción de coca y cocaína a 500 kilómetros de La Paz- y combatir el tráfico de droga, este año debe extender esas acciones a la región de los Yungas, a 100 kilómetros de La Paz.
Bolivia debe destruir en 1999 igual o más cantidad que las 11.621 hectáreas de coca erradicadas en 1998, combatir la corrupción de jueces, militares y policías, y dar un énfasis mayor a los programas de desarrollo alternativo para evitar que los campesinos se dediquen a la producción de coca.
Por último, desde este año tiene que arrestar a los campesinos que cultiven coca nueva e incluir en el nuevo Código de Procedimiento Penal, que en estos días se discute en el parlamento, la figura de la "conspiración", para hacer más efectiva la lucha contra las drogas.
Esas nuevas condiciones están contenidas en el extenso informe sobre Bolivia que la Oficina Antidrogas de Estados Unidos emitió para explicar la certificación en 1998 y determinar nuevas acciones que Bolivia debe emprender contra el narcotráfico.
Casi simultáneamente a la difusión de ese informe, el gobierno boliviano fijó posición frente a las nuevas exigencias de Washington, al señalar que todos los medios valen para combatir a las drogas.
El vicepresidente Jorge Quiroga, el principal interlocutor boliviano ante Estados Unidos, comentó el fin de semana pasado que su país tiene derecho a recurrir a todos los instrumentos posibles en su lucha contra el narcotráfico, incluyendo los pedidos estadounidenses.
"El narcotráfico no pide permiso. No pide perdón. Usa todo lo que está a su alcance y le vamos a luchar con todos los instrumentos que nos permitan realmente controlar la producción y el tráfico de gente poderosa, que tiene muchos recursos y no anda con contemplaciones", aseguró.
Parte de esos instrumentos, en curso de aprobación en el parlamento, son reformas que facilitan el trabajo de los organismos de inteligencia, como la puesta en vigencia de la figura de los agentes encubiertos o "buzos" y los informantes.
Aunque esas figuras existen en las legislaciones de varios países de la región, en Bolivia su inminente aprobación generó una dura polémica por el riesgo de trasladar el trabajo de los espías a áreas diferentes de la lucha antidrogas, como la política.
Esas reformas fueron elogiadas por el informe de Estados Unidos líneas antes de pedir la adopción de "una ley más fuerte sobre conspiración" en el Código de Procedimiento Penal.
Por el momento, legisladores bolivianos han descartado "por razones técnicas" que se incluya esa figura en el Código de Procedimiento, porque la conspiración es un delito y como tal debería ser parte del Código Penal o la Ley antidrogas.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Luis Vásquez, no descartó que en el futuro se incluya esa figura, pero dijo que "eso es algo que tienen que discutir todos los bolivianos".
Vásquez calificó como un "problema" el hecho de que la propuesta haya llegado de Estados Unidos, porque "da a entender que nuestra legislación está en mérito de ese tipo de sugerencias".
El gobierno de Hugo Banzer recibió con satisfacción la certificación plena de Estados Unidos y confía que ello le permita obtener satisfacción a su demanda de aumentar de 180 a 360 millones de dólares la ayuda global antidrogas de Estados Unidos para los próximos cuatro años.
Si Washington accede al pedido, Bolivia habrá prácticamente financiado la totalidad de su "Plan Dignidad", que consiste en destruir toda la coca, desmantelar a las redes del narcotráfico y sacar al país del circuito de las drogas hasta agosto del 2002.
Bolivia abandonó el segundo puesto en la producción de coca y cocaína del mundo y ahora está en el tercero.
Hasta finales de 1998 aún existían en el país unas 38.000 hectáreas de coca, 23.500 de las cuales en el Chapare, donde la totalidad de la producción se destina a la fabricación de cocaína.
En esa región, una hectárea de coca rinde aproximadamente un promedio de 2,7 toneladas métricas de coca seca, con las que se producen 7,4 kilogramos de cocaína.
Con la erradicación de 11.621 hectáres de coca en 1998, Bolivia evitó la fabricación de unas 85 toneladas de la droga. (FIN/IPS/ac/dg/ip-if/99
