La voluntad de cambios políticos del gobierno de Cuba volvió a convertirse en motivo de polémica, entre otras razones por la condena a muerte por terrorismo del salvadoreño Raúl Cruz León, conocida hoy.
Más de un año después de la visita del papa Juan Pablo II y de su pedido de apertura hacia y desde la isla, La Habana emitió en el último mes una serie de señales bastante claras para los estudiosos del caso cubano y evidente en el discurso político.
Cuba "nunca hará concesión alguna para que cese el bloqueo de Estados Unidos, pues ello sería hipotecar el país", dijo Castro el día 15, en un mensaje que podría dirigirse a cualquier nación o bloque que trate de presionar o imponer condiciones a la isla.
Desde enero se acumulan dos juicios contra acusados de terrorismo, condenas contra disidentes, endurecimiento de las leyes penales, críticas públicas a la prensa extranjera y un nuevo conflicto con Estados Unidos en el terreno de las telecomunicaciones.
Por un lado, aumentan las tensiones con Washington y el sector más radical del exilio cubano y, por el otro, las autoridades endurecen las medidas de carácter interno contra cualquier movimiento que ponga en peligro la estabilidad social.
La nueva Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, criticada con fuerza fuera de la isla, es vista por las autoridades como un acto de legítima defensa en un país amenazado por la injerencia de Estados Unidos.
Los movimientos del gobierno cobran mayor relevancia en este año, cuando La Habana será sede de la IX Cumbre Iberoamericana, ante la cumbre de Río de Janeiro entre la Unión Europea y América Latina y frente a la perspectiva de una visita de los reyes de España.
Con esos antecedentes, el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, hablará este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un intento por contrarrestar un proyecto de condena a la isla presentado por la República Checa.
La presencia de Lage dará un mayor nivel que el acostumbrado a la delegación cubana y, de alguna manera, refleja la preocupación del gobierno de Castro por no perder terreno en un foro que el año pasado rechazó la condena a la isla presentada por Estados Unidos.
Observadores cubanos estiman que se vive un "ascenso de la marea" que irá bajando y tomando su nivel en la misma medida en la posición oficial quede clara y en que el gobierno recupere algunos espacios que cedió a raíz de la visita del Papa.
Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, informó el martes la decisión de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana de aplicar la pena capital al salvadoreño Cruz León.
Procesado por "hechos de terrorismo de carácter continuado", Cruz León se declaró culpable de seis atentados contra la industria turística cubana en 1997, en uno de los cuales murió el empresario italiano Fabio Di Celmo.
La confirmación de una sanción similar espera el también salvadoreño Otto Rodríguez Llerena, que se confesó culpable de un atentado con explosivos contra un hotel de La Habana y de la introducción en este país de 1.519 gramos de explosivo plástico.
Aunque la ley establece la apelación de oficio al Tribunal Supremo y el Consejo de Estado tiene la potestad de perdonar, ambos procesos avivaron la polémica sobre la pena de muerte.
Al mismo tiempo, sirvieron a las autoridades para involucrar en planes y acciones de terrorismo a la Fundación Nacional Cubano- Americana, la más influyente de las organizaciones anticastristas, y al propio gobierno de Estados Unidos.
Pero más confictivo aún para Cuba resultaron las sanciones de tres a cinco años de prisión aplicadas a los miembros del llamado Grupo de los Cuatro por, entre otros delitos, haber divulgado una crítica a un documento del Partido Comunista.
Las medidas para desestimular la disidencia política y, específicamente, el caso de los cuatro, convirtió el problema cubano en un punto conflictivo de la reunión de cancilleres del Grupo de Río, celebrado el pasado viernes en Veracruz.
En un intento por alcanzar una posición común, los cancilleres de la región se dividieron en dos grupos. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay se manifestaron a favor de declarar la "preocupación" del Grupo de Río, mientras México, Colombia, Panamá y Venezuela se manifestaron en contra.
La Unión Europea advirtió que exigirá determinadas condiciones políticas para la integración de Cuba al tratado que sustituirá a la Convención de Lomé, que beneficia a las antiguas colonias europeas de Asia, el Caribe, y el Pacífico.
El primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, afirmó que su gobierno revisará el alcance de sus relaciones con Cuba, país que "proyecta una imagen poco afortunada ante sus amigos de la comunidad internacional".
El presidente de España, José María Aznar, lamentó la "grave y dura" sentencia aplicada al Grupo de los Cuatro y el endurecimiento legal en Cuba y vaticinó que actos como éste podrían poner en peligro la visita de los reyes a la isla.
Sin embargo, el rechazo de Chrétien coincidió con una fructífera visita a Canadá del ministro de Inversión Extranjera cubano, Ibrahim Ferradaz, y fuentes diplomáticas aseguran que los preparativos de la visita de los reyes de España han continuado en estos días.
Entre rumores de intentos de boicotear la IX Cumbre Iberoamericana, un portavoz de la Cancillería de Costa Rica desmintió el día 19 que su gobierno estuviera pensando en no asistir a La Habana.
Varias versiones han circulado las últimas semanas sobre la posibilidad de la ausencia de Nicaragua y Argentina, incluso de un intento de bajar el nivel de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno al de cancilleres.
Más allá de las especulaciones, analistas en la isla estiman que sin descartar alguna ausencia, la cumbre se realizará con todo el nivel de prioridad que otorga el gobierno de Castro a un foro iberoamericano donde Estados Unidos está excluido. (FIN/IPS/da/mj/ip hd/99
