Una revuelta estudiantil en Cumaná, la ciudad más antigua de América, encendió las luces de alarma en Venezuela sobre la larvada tensión social, cuando se cumplen 10 años de las sangrientas protestas conocidas como el Caracazo.
El histórico Palacio de la Gobernación de Cumaná, situada en la costa caribeña a 450 kilómetros al este de Caracas, quedó destruido por un fuego provocado, durante una protesta por la muerte de un estudiante el miércoles por parte de la policía.
"Los responsables (de la muerte del estudiante) van a ser castigados", dijo este viernes en Cumaná el ministro del Interior, Luis Miquilena, llegado a la ciudad para informarse sobre lo acontecido y encabezar el sepelio de Luis Castillo, de 21 años, que cursaba el segundo año de la carrera de química.
En tanto, hubo disturbios estudiantiles en varios estados vecinos de Sucre y otros puntos del país, mientras en una tensión controlada, jóvenes de educación media y superior participaron en el sepelio de Castillo, muerto por un perdigón de plomo disparado por un policía regional el miércoles.
"Es un desastre que se haya producido esta represión absurda después de años en que Cumaná mantuvo una cultura no represiva de las manifestaciones populares y estudiantiles", dijo a IPS por teléfono el alcalde de la ciudad, el socialista Elio Figueras.
Figueras criticó que un día la policía regional ingresase al autónomo recinto del Instituto Universitario de Tecnología y disparase contra los manifestantes, y al siguiente se dejase a la ciudad "totalmente desguarnecida" por las fuerzas policiales y militares, lo que permitió el desbordamiento estudiantil.
Ramón Martínez, ex gobernador del estado de Sucre, del que es capital Cumaná, dijo que "la conmoción que vivimos hoy acá es un alerta para el presidente Hugo Chávez de que debe revisarse la actuación policial en todo el país y prohibirse absolutamente el uso de armas de fuego en la represión de manifestaciones".
En el vecino estado de Anzoátegui, trabajadores petroleros paralizaron este mismo viernes las principales vías de comunicación, en protesta por los despidos en el sector, y prometieron nuevas acciones si no se remedia una desocupación que alcanza 20 por ciento en el oriente del país.
En las principales ciudadades de Anzoátegui y Sucre los comercios cerraron sus puertas ante el temor de nuevos actos vandálicos, informaron medios de comunicación de la zona.
El Cumanacazo, como en Sucre comenzaron a llamarse los actos vandálicos del jueves, se produce cuando este sábado se conmemora el décimo aniversario del comienzo de la semana de desórdenes y saqueos en que murieron al menos 450 personas en Caracas y poblaciones cercanas.
Chávez asumió la Presidencia el día 2 y las protestas en el oriente del país confirman su propia afirmación de que la situación de pobreza en que se encuentra 80 por ciento de la población del país y un desempleo de 15 por ciento nutren "una bomba de tiempo social en acelerado tic-tac".
Esta misma semana, el presidente explicó durante una serie de encuentros que sostuvo con los diferentes sectores del país, que es consciente de que si no mejora en forma urgente las condiciones de vida del ejército de excluidos sociales, el fervor popular que despierta ahora podría trastocarse en ira desatada.
Sólo parte de la fachada de columnas de la que era la joya colonial de la ciudad y el bajorrelieve de mujeres aguantando el escudo cumanés que enmarcaba la puerta principal resistieron a las llamas, pero los bomberos dudan que pueda salvarse.
El edificio original databa de 1830 y fue reconstruido un siglo después, cuando casí lo destruyó uno de los cinco terremotos que asolaron Cumaná, desde que en 1521 se convirtió en la primera ciudad establecida por los españoles en tierra firme, con el nombre primero de Nueva Toledo y después de Nueva Córdoba.
La congestión de las estrechas calles del reconstruido centro colonial cumanés por las protestas, provocó que los bomberos sólo pudieran llegar al lugar cuando lo único que podían hacer era el evitar que el fuego se extendiese a los edificios colindantes.
La militar Guardia Nacional se había apersonado sólo instantes antes para controlar la furia de adolescentes estudiantes de bachillerato, que antes de prender fuego habían destruido por largo rato computadoras, muebles y documentos, según la filmación de una televisora local que transmitió en directo los hechos.
Eloy Gil, el gobernador electo en noviembre y que tomó posesión en enero, se encontraba en Caracas cuando el recien nombrado jefe policial del estado, Jesús Navarro, ordenó "reprimir a como diese lugar" la protesta universitaria.
Los universitarios protestaban en forma pacífica por la paralización de la construcción de un comedor estudiantil, sin salir de las instalaciones del instituto, ubicado a las afueras de la ciudad, cuando la policía ingreso al recinto, explicó a IPS el periodista Rafael Marín del diario cumanés La Región.
Navarro y otros tres funcionarios fueron destituidos por el gobernador el jueves, pero los actos vandálicos sólo se paralizaron cuando Gil firmó la noche del jueves un acta con dirigentes estudiantiles, en que aceptó sus exigencias.
Según los comentarios del alcalde Figueras y del periodista Marín, el gobernador cometió el error de ordenar el acuartelamiento de la policía, dejando las calles sin custodia.
La Guardia Nacional, por su parte, se negó a intervenir hasta que las autoridades del estado lograron que el ministro Miquilena le diera desde Caracas la instrucciones al respecto.
Chávez ha instruido a la Guardia Nacional que no participe en conflictos civiles. También se ordenó a las fuerzas policiales que dependen del poder central que no repriman las protestas ciudadanas y se limiten a controlar que se mantengan pacíficas.
Gil, del tradicional partido Acción Democrática, adjudicó al incendio del edificio intenciones políticas, al recordar que en él operaba sólo la parte administrativa de la gobernación, y que ahora quedaron hechas cenizas las pruebas del alegado desfalco de unos 87 millones de dólares, del que acusa a su antecesor.
"Hubo manipulación e infiltrados en la revuelta", dijo el gobernador, aunque las imagenes televisivas mostraron que las decenas de estudiantes que atacaron el edificio eran adolescentes, muchos casi niños, vestidos con uniforme escolar y que actuaron, salvo excepciones, con el rostro descubierto.
El periodista Marín planteó otro efecto de la destrucción de toda la documentación administrativa. "Además de la conmoción hay gran preocupación en el estado porque la situación económica y social va a ser dramática, debido a que aquí la actividad depende en gran medida del dinero público", explicó.
Sucre es uno de los estados más pobres de los 23 en que está dividido administrativamente Venezuela y aparte de la actividad pesquera y el turismo, depende de los recursos que moviliza la gobernación y el poder central.
Con una población total cercana a 800.000 habitantes en el estado, los empleados públicos superan el número de 30.000 y "casi toda la actividad se mueve en torno a los dineros públicos", comentó Marín. (Fin/IPS/eg/ip hd/99
