La justicia de Guatemala ordenó hoy la inmediata liberación del sacerdote Mario Orantes, encarcelado desde julio pasado por el asesinato del obispo Juan Gerardi, al no encontrar evidencia alguna de su participación en el crimen.
El dictamen del juez Henry Monroy, que clausura de forma provisional el proceso contra Orantes, fue recibido con beneplácito por la Iglesia Católica, así como por simpatizantes y estudiantes de centros de estudios religiosos que esperaban el veredicto en las afueras de los tribunales.
Orantes recibió la noticia de su libertad en el hospital donde se encuentra internado en estado delicado. "El juez actuó con honestidad e imparcialidad", dijo el sacerdote, quien vivía en la misma casa parroquial que el obispo asesinado.
El religioso fue detenido el 22 de julio en un aparatoso operativo policial. La base de la acusación de la Fiscalía fue un dictamen del antropólogo español José Reverte, según el cual el cadáver de Gerardi mostraba mordeduras del perro de Orantes.
Sin embargo, la hipótesis de las mordeduras fue desvirtuada por otros expertos de Guatemala y Estados Unidos que evaluaron radiografías y tomografías del cadáver.
El arzobispo de Guatemala, Próspero Penados, dijo que "es un día de fiesta para la Iglesia".
"Esto es el principio de la verdadera investigación del asesinato de Gerardi. Esto no termina con la libertad del padre Orantes, porque ahora hay que encontrar a los verdaderos culpables intelectuales y materiales" dijo a IPS, por su parte, Carlos Aldana, de la Pastoral Social del Arzobispado.
El presidente del Congreso, Leonel López Rodas, del gobernante Partido de Avanzada Nacional, dijo sentirse "contrariado con la actuación del Ministerio Público en este caso", a la que calificó de "irresponsable y poco seria".
El fiscal Celvin Galindo había ratificado el martes la acusación contra Orantes y solicitó al juez Monroy que llevara al sacerdote a juicio por el asesinato del obispo. Diez días atrás, la propia Fiscalía había pedido la libertad del religioso por "razones humanitarias".
Galindo esgrimió un informe de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), que no fue incorporado en la fase de investigación conducida por el ex fiscal Otto Ardón, según el cual existen manchas de sangre en la alfombra de la habitación de Orantes.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), así como el abogado defensor de Orantes, José Toledo, restaron importancia a esos análisis, ya que el fiscal no aclaró que la sangre perteneciera al obispo Gerardi ni al acusado.
Toledo aseguró que Galindo "está obedeciendo ordenes de algún sector".
El obispo Gerardi fue asesinado el 26 de abril, 48 horas después de presentar un exhaustivo informe sobre violaciones de derechos humanos en 36 años de guerra civil que terminaron con la paz firmada en diciembre de 1996. Ochenta por ciento de esos delitos fueron atribuidoas por el informe al ejército.
Organizaciones de derechos humanos consideraron que el crimen tenía un móvil político, además de la intención de desprestigiar a la Iglesia Católica.
El ex procurador de Derechos Humanos y ex presidente de Guatemala Ramiro de León, calificó el asesinato de "típica ejecución extrajudicial" con "móvil y consecuencias políticas".
De León dijo al diario Prensa Libre que "es posible que no haya sido una decisión institucional, pero sí de grupos que se manejan dentro de las estructuras de poder paralelo de tipo económico y militar, que han existido siempre".
Sin embargo, la Fiscalía se empeñó en dar al caso un cariz doméstico, involucrando a miembros de la misma Iglesia en el crimen, pero no investigó a fondo el posible involucramiento de militares.
Ahora, según Toledo, la Fiscalía deberá hacer un análisis nuevo y completo del caso, tratando de encontrar a los verdaderos culpables. Se cree que en el hecho participaron varias personas.
El asesinato del obispo fue considerado como un golpe al proceso de paz y tuvo una gran repercusión internacional.
Gerardi fue asesinado la noche del 26 de abril, cuando regresaba a su vivienda, la casa parroquial de la Iglesia San Sebastián, donde también residía Orantes. Su cráneo y rostro fueron destrozados a golpes con un objeto contundente.
La Fiscalía afirmó que el asesinato de Gerardi fue un crimen doméstico, sin connotaciones políticas, lo que fue rechazado por la Iglesia Católica, que defendió a Orantes.
Una de hipótesis de la Fiscalía General fue que Gerardi fue atacado por el perro de Orantes, un viejo pastor alemán con problemas de motricidad.
Orantes debió ser hospitalizado en diversas ocasiones durante su detención por problemas gastrointestinales, úlceras e hipertensión arterial, lo que dio origen a insistentes peticiones de liberación de organizaciones de derechos humanos y de la Iglesia Católica. (FIN/IPS/cz/mj/ip hd/99
