Las compañías mineras de Canadá, acusadas de contaminar extensas áreas del mundo en desarrollo, hicieron muy poco en el último año para cambiar su mala reputación, según ambientalistas.
"Las empresas mineras canadienses dicen que ahora actúan en forma más responsable, pero poco ha cambiado", afirmó Stephen D'Esposito, del Centro de Política Minera, un grupo de vigilancia de las actividades de minería con sede en Washington.
En abril de 1998, la falla de un embalse en una mina de cinc en España inundó un río cercano con residuos tóxicos y mató a miles de peces. Biloden, la empresa canadiense propietaria de la mina, culpó a las lluvias torrenciales y no se hizo responsable de la contaminacion.
Poco después, el 20 de mayo, un camión que transportaba en Kirjistán residuos mineros fuertemente impregnados de cianuro cayó al río Marksuan y envenenó el suministro de agua de dos aldeas. Unas 2.000 personas debieron ser hospitalizadas y miles de peces perecieron a causa del accidente.
Además, se denunciaron violaciones de derechos humanos a manos de estas empresas. Greenstone Resources, dedicada a la extracción de oro, reubicó por la fuerza a la aldea hondureña de San Andrés en agosto de 1998. Las aplanadoras de Greenstone derribaron la torre de agua de la aldea e hirieron a un lugareño.
Casi todos los últimos casos de accidentes en instalaciones de empresas mineras canadienses se debieron al derrumbe de embalses de residuos tóxicos, que contaminaron vías de agua con aluviones de barro rico en cianuro, arsénico y otros metales pesados.
Accidentes parecidos ocurrieron en Canadá a comienzos de siglo, hasta que el gobierno de ese país impuso reglas estrictas para la construcción de embalses. Pero esas normas no son aplicadas a las operaciones de empresas canadienses en el exterior.
Además, las leyes canadienses que castigan los actos de corrupción fuera del país son menos estrictas que las de Estados Unidos y Europa. Las empresas estadounidenses no pueden hacer donaciones a funcionarios extranjeros, pero las canadienses pueden justificar sobornos como gastos legítimos.
Las minas canadienses en el exterior están regidas por las leyes de los países donde operan. A menudo las compañías de Canadá dan a los gobiernos y sus funcionarios un porcentaje de la propiedad de esas minas.
El fin de la influencia soviética en el mundo en desarrollo incentivó a esas empresas a reducir su actividad en Canadá, para realizar operaciones más lucrativas y menos controladas en Africa y América del Sur. Los ambientalistas acusan a las compañías de emplear "mano dura" en los países donde obtuvieron concesiones.
En el último trienio, los accidentes en explotaciones mineras de compañías canadienses causaron grandes derrames tóxicos en España, Filipinas, Guyana y Kirjistán.
Ni siquiera Estados Unidos fue inmune a los problemas creados por firmas canadienses. En 1989, Galactic Resources Limited, firma con sede en Vancouver, se vio obligada a cerrar su mina en el estado central de Colorado, después de que residuos tóxicos comenzaron a filtrarse de un sistema de contención.
Cerca de 27 kilómetros del cercano río Alamosa fueron contaminados, causando daños valuados en millones de dólares. Damnificados y gobiernos estatales demandaron a Galactic, que debió declararse en bancarrota.
En el estado septentrional de Montana, Pegasus Gold Incorporate, empresa estadounidense registrada en Canadá, informó de nueve vertidos de cianuro en los últimos 19 años. En enero de 1998, la compañía también se declaró en quiebra preventiva y negó ser culpable de la contaminación causada.
Uno de los peores accidentes en instalaciones mineras canadienses ocurrió en Guyana en agosto de 1995, cuando una brecha abierta durante cuatro días en un embalse de residuos dejó pasar 3,2 millones de metros cúbicos de material contaminado con cianuro que terminaron en el río Omai.
El material tóxico devastó el ecosistema en un tramo de 1.000 kilómetros de río, y cientos de pescadores perdieron su fuente de subsistencia. Guyana y varios otros países del Caribe prohibieron la venta de productos de la región afectada.
La mina era propiedad de Cambior Incorporated de Montreal, en sociedad con Golden Star Resources de Denver, Estados Unidos, y con el gobierno de Guyana, que recibía cinco por ciento de los beneficios. Todos afirmaron que la rotura del embalse fue accidental.
Los intentos de entablar pleito a los propietarios de la mina fracasaron, pero Cambior enfrentó una campaña lanzada por Recherches International, grupo ambientalista con sede en Montreal, que divulgó los peligros asociados con la contaminación del Omai.
Los medios de comunicación canadienses prestaron poca atención a la campaña, pero Recherches organizó boicots de compañías que hacían negocios con Cambior. La firma intentó sin éxito que la justicia canadiense impidiera al grupo ambientalista interferir en sus asuntos.
Dermod Travis, portavoz de Recherches, advirtió que los inversores canadienses podían sufrir graves pérdidas si Cambior y otras firmas mineras no dejaban de contaminar a los países en desarrollo.
"Existe la percepción, casi universal, de que las compañías mineras canadienes actúan mejor aquí que en el exterior", dijo Bob Kerr, un activista de Toronto perteneciente al grupo ambientalista Amigos de la Tierra.
Sin embargo, la Asociación Minera de Canadá, que actúa como portavoz de las empresas, declaró que la industria está "limpiando" sus actividades. La asociación reconoció que las normas mineras son "honorables" y alegó que los operadores mineros responsables protegen las inversiones de sus accionistas.
Las acciones de Biloden, la firma propietaria de la mina de cinc que sufrió un gran vertido tóxico en abril, perdieron sólo 30 por ciento de su valor en las semanas que siguieron al incidente. Los precios de las acciones volvieron a subir desde entonces, casi hasta el nivel anterior a la crisis.
El paquete accionario de Kumtor, la compañía responsable del derrame en Kirjistán, perdió sólo 15 por ciento de su valor.
De todos modos, algunos países han comenzado a rechazar las ofertas de explotación minera de empresas canadienses. Es el caso de TVX Gold Incorporated, a la cual el gobierno de la República Checa informó que no renovará el permiso para operar en las Montañas de Sumava.
En Grecia, grupos de manifestantes que protestaban contra otro proyecto de TVX quemaron equipos de perforación para obligar a la compañía a cesar operaciones que, a su juicio, implicaban graves riesgos de contaminacion. (FIN/IPS/tra-en/mb/kb/ego/mp/mj/en/99
