Estados Unidos continúa su campaña para impedir la creación de una corte internacional que juzgue a los criminales de guerra, declaró hoy la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
El grupo con sede en Nueva York señaló en una declaración a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, aunque el estatuto para crear el Tribunal Penal Internacional (TPI) fue aprobado por abrumadora mayoría en julio en una conferencia celebrada en Roma, Washington intenta renegociar las potestades de la corte.
Washington "se opone a un TPI que tan solo tenga la posibilidad teórica de detener a un estadounidense", sostuvo Reed Brody, director de campaña de HRW.
Desde la conferencia de Roma, Washington intentó "renegociar el estatuto", según informes citados por Brody. Lo que pretende el gobierno es una "garantía a toda prueba de que los ciudadanos estadounidenses jamás serán sometidos al TPI". Esto tornaría inútil a la corte, aseguró.
Washington no oculta su oposición a una corte que pueda juzgar a sospechosos de haber cometido crímenes contra la humanidad sin buscar antes la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Estados Unidos y cuatro países más tienen poder de veto.
Estados Unidos fue uno de siete países, entre ellos Iraq y Libia, que se opusieron al TPI en Roma, frente a 120 países que la apoyaron, incluso la mayoría de los aliados de Washington.
Hasta el momento, 61 países -incluso Gran Bretaña, habitual aliada de Washington en cuestiones de la ONU- firmaron el estatuto del TPI, que debe ser ratificado por los poderes legislativos de 60 países antes de entrar en vigor.
"Estados Unidos no firmará el tratado (del TPI) en su forma actual, ni hay esperanza alguna de que firmemos el tratado actual en el futuro", dijo en noviembre el embajador David Scheffer, que encabezó la delegación estadounidense en Roma.
Scheffer explicó que, según el estatuto actual, el TPI podría juzgar a militares estadounidenses por disparar "por error" contra civiles durante una misión de paz, uno de varios puntos que hacen que la corte sea "inaceptable" para el Pentágono (Departamento de Defensa) y el gobierno de Bill Clinton.
"Sin Estados Unidos, el TPI permanente no será tan eficaz", advirtió Scheffer.
La mayoría de los representantes ante la ONU creen que no se justifica el temor de Estados Unidos de que sus ciudadanos puedan ser procesados por el TPI. "El estatuto tiene tantas garantías que esta posibilidad es muy remota", afirmó Philippe Kirsch, el diplomático canadiense que presidió la conferencia de Roma.
Activistas de derechos humanos temen que el TPI se debilite si se le hacen demasiadas concesiones a Estados Unidos.
"La corte sería más efectiva si participara Estados Unidos. Pero eso no significa que el TPI se paralice" hasta que Washington la firme, sostuvo Emma Bonino, comisaria de asuntos humanitarios de la Unión Europea.
Brody sostuvo que ya se pagó un alto precio para convencer a Estados Unidos durante la conferencia de Roma. El "TPI se debilitó considerablemente con transacciones de último momento en un intento vano de aplacar" a Washington, arguyó.
Entre otras cosas, explicó, el TPI sólo podrá juzgar a supuestos criminales de guerra si el país de origen del acusado o aquel donde cometió los supuestos crímenes ratifican el estatuto.
Brody advirtió que con este criterio, el ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres mientras se confirma o se niega su extradición a España para ser juzgado por genocidio y terrorismo, no sería procesado por el TPI si Chile no hubiera ratificado el estatuto.
Brody precisó que su ejemplo es hipotético, ya que Chile firmó el estatuto del TPI, pero el tribunal no puede juzgar crímenes perpetrados antes de su creación, como las más de 3.000 muertes y desapariciones atribuidas a la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990.
Varios países denunciaron que funcionarios suyos, incluso militares, fueron advertidos por sus colegas estadounidenses del poder que tendría el TPI para procesar a sus dirigentes, una táctica que Washington también intentó antes de la conferencia de Roma.
A pesar de la presión de Washington, los defensores del TPI creen que el estatuto acordado en Roma no será debilitado, gracias al amplio respaldo que le otorgó la mayor parte de Africa, América Latina y Europa.
HRW "no considera que la gestión de Estados Unidos tenga éxito", comentó Brody. Los 120 países que votaron por el TPI se resistirían a renegociar los puntos fundamentales del estatuto, aseguró.
Bonino agregó que, como ocurrió con la convención de Ottawa para prohibir las minas terrestres, que en principio se aprobó a pesar de la oposición de Estados Unidos, Washington finalmente tendrá que firmarlo para evitar el desamparo político que le provocaría quedar al margen del tratado.
"Nada es más volátil que la política. Confío en que Estados Unidos finalmente se adhiera" al tratado, dijo a IPS. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/aq/hd/98
