La principal central obrera internacional anunció su respaldo a una fórmula multilateral de negociación para reglamentar el tráfico de inversiones en el mundo y previno que debe estar condicionada por una cláusula social.
La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) estimó vital que cualquier marco multilateral posible para la inversión "impida que países y empresas socaven el respeto universal de las normas de trabajo fundamentales como un modo de ganar ventajas competitivas a corto plazo".
La organización obrera, que congrega a 206 centrales nacionales "de sindicatos independientes y democráticos", concluyó este miércoles en Ginebra un seminario dedicado a diseñar su estrategia ante la próxima ronda de negociaciones comerciales internacionales.
La deliberaciones del seminario incluyeron consultas con autoridades de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
En la reunión con la UNCTAD, los sindicalistas objetaron los acuerdos bilaterales de inversión que "por lo general se inclinan fuertemente a favor de las empresas de los países industrializados".
Los tratados bilaterales no abordan cuestiones de desarrollo, ambiente y empleo, insistió la CIOSL.
El punto de vista sindical coincidió con el criterio del presidente de la Comisión de Inversiones de la UNCTAD, el embajador venezolano Werner Corrales Leal, quien sostiene que en los tratos bilaterales los países del Sur participan en una relación despareja frente a las naciones industrializadas.
La CIOSL reprochó también que en ese proceso bilateral de negociación se ignoran prácticamente las opiniones de los sindicatos y de las organizaciones no gubernamentales.
El secretario general de la UNCTAD, el brasileño Rubens Ricupero, estimó "muy novedosa" la predisposición de los sindicatos a discutir normas multilaterales.
De manera curiosa, a los sindicatos les parece que los acuerdos bilaterales son menos favorables desde el punto de vista social, "al revés de lo que dicen los gobiernos", comentó Ricupero a IPS después de la sesión con la central obrera.
Un grupo de países en desarrollo, encabezados por India, Pakistán, Malasia y Egipto, se oponen firmemente a una negociación multilateral, en la OMC o en otros foros mundiales, para reglamentar las inversiones.
Un intento por establecer un acuerdo de esas características fracasó a mediados de octubre en París, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que reúne a los países más industrializados del mundo.
El tropiezo de la OCDE puso en evidencia la fragilidad del intento de elaborar un instrumento estrictamente comercial que no tenía en cuenta las implicancias sociales más amplias de una liberalización de largo alcance de las reglas de inversión, dijo la CIOSL.
Los sindicatos no se han pronunciado de una manera clara respecto del foro que aceptarían para que acoja la negociación sobre inversiones.
"Creo que favorecerían inclusive una negociación en la OMC siempre que las cuestiones sociales, la famosa cláusula social, estuvieran incluidas", evaluó el secretario de la UNCTAD.
La OMC tiene previsto realizar su próxima conferencia ministerial en Estados Unidos, en 1999, para confirmar la convocatoria de una nueva ronda multilateral de negociaciones comerciales, que pueden incluir hasta asuntos como las inversiones y la controvertida cláusula social.
La CIOSL expuso en un documento de trabajo sus prevenciones ante la probable aplicación sin reservas del principio de igualdad de trato para empresas extranjeras y nacionales.
En esas condiciones, dijo, podría ser sumamente difícil para las empresas de países en desarrollo y en transición posicionarse en los mercados mundiales cada vez más competitivos.
La central obrera acepta, en consecuencia, que en un acuerdo sobre un marco internacional de inversión se debería incluir una cláusula de desarrollo.
Pero esas excepciones deben ser transparentes para impedir que el apoyo gubernamental a las empresas nacionales sea abusivo "a favor de unos cuantos individuos y funcionarios públicos acaudalados", alertó.
Ricuperó estimó que en las conversaciones con los sindicalistas se puso en evidencia, de manera general, "que el problema central es la cuestión de la competencia y el trato que debe dársele".
Los países en desarrollo disponen de escasas formas de hacer frente a la competencia de la globalización. La intención de los sindicatos de adoptar ciertos límites sociales es percibida en general por muchos de esos países como una limitación adicional a su capacidad de competir, reflexionó Ricupero.
El mundo en desarrollo se ve en un ambiente sin mayores posibilidades porque ya afronta muchas dificultades en términos de financiación y en otras esferas, observó.
Ricupero dedujo de la conversaciones con los sindicalistas que "la lección principal es cómo vincular esa necesidad de que las inversiones no sacrifiquen los derechos de los obreros con la idea más amplia de dar a los países la capacidad real de desarrollarse y de competir en la economía". (FIN/IPS/pc/mj/lb if/98
