España conmemorará este domingo los veinte años de vigencia de su Constitución democrática, aprobada en las Cortes Constituyentes por consenso y refrendada por 87,8 por ciento de los votantes.
Refiriéndose al consenso, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo que ésa es una característica que marca los momentos culminantes de las dos últimas décadas en España.
Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, asumió la jefatura del Estado y fue reconocido como rey el hasta entonces príncipe Juan Carlos de Borbón.
Desde entonces, el consenso permitió formar el gobierno de transición negociar un acuerdo económico y social conocido como "los pactos de la Moncloa" y redactar y aprobar la Constitución.
La Carta Magna fue elaborada, por consenso, por los diputados Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez- Llorca, de la Unión de Centro Democrático liderada por Adolfo Suárez, el socialista Gregorio Peces-Barba, Miguel Roca, del nacionalismo catalán, y el comunista Jordi Solé Turá.
El único que no estuvo representado en la comisión fue el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), que en el referéndum promovió la abstención.
La estabilidad de la democracia española se ha beneficiado del respaldo inequívoco de la Corona, afirman el sociólogo y diplomático socialista Carlos Alonso Zaldívar y el sociólogo Manuel Castells, uno de los más reconocidos en España.
El rey Juan Carlos promovió el entendimiento entre los partidos, encomendó gestiones con el Partido Comunista, entonces todavía en la clandestinidad, y sólo intervino abiertamente cuando se enfrentó y logró frustrar un intento de golpe de Estado, el 23 de febrero de 1981.
La Constitución consagra una monarquía parlamentaria de corte liberal, en la que el Rey reina pero no gobierna. El poder soberano reside en dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, cuyos integrantes son elegidos por sufragio universal por los mayores de 18 años.
El presidente del gobierno es designado por el Congreso de los Diputados, en primera votación si recibe más de 50 por ciento de los votos y por mayoría simple en la segunda.
A 20 años de promulgada, la Constitución cuenta con un apoyo suficiente para no ser reformada, al menos a corto plazo.
Ante las demandas de reforma, propuestas por nacionalistas catalanes y vascos y por un sector de la izquierda, se oponen con firmeza el gobernante Partido Popular y la primera fuerza de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español.
Los nacionalistas catalanes, que gobiernan en la región autónoma de Cataluña, reclaman que ese territorio sea reconocido como nación y que la Constitución sea reformada para que España pase a ser un Estado confederado y multinacional.
Los nacionalistas vascos moderados, que también gobiernan en el País Vasco organizado como región autónoma, reclaman la reforma, pero mantienen en la ambigüedad sus definiciones, que oscilan entre la demanda abierta de un Estado confederal y la encubierta del reconocimiento de su soberanía e independencia.
El minoritario Partido Democrático de la Nueva Izquierda, escindido del Partido Comunista y aliado del PSOE, resolvió a finales de noviembre abrir un debate sobre la reforma constitucional.
Su intención es que se reconozca la democracia paritaria, de modo que en todas las instituciones del Estado haya la misma cantidad de mujeres y hombres.
Desde la tercera fuerza política, la coalición Izquierda Unida (IU, cuya fuerza mayoritaria es el Partido Comunista), la crítica no es hacia la Constitución, sino hacia su incumplimiento.
El líder de IU, Julio Anguita, señala que la Constitución proclama la obligación de asegurar a todos una digna calidad de vida y que corresponde a los poderes públicos, entre otras obligaciones, remover los obstáculos que impidan que rija la libertad y la igualdad.
No se puede hablar de igualdad, equidad y digna calidad de vida con dos millones de desocupados, mientras el producto interno bruto y las ganancias de las empresas crecen día a día, dijo Anguita.
Ante el pedido de reforma, Alvaro Rodríguez Bereijo, presidente del Tribunal Constitucional, declaró que la Carta "es joven, fresca, viva y hecha para que pueda durar muchos años, porque es un marco de convivencia política de los españoles en paz, libertad y con respeto al pluralismo político".
Menos poético es el candidato presidencial del PSOE, José Borrell. Para él se puede discutir todo, "excepto que hoy estemos en un período constituyente".
Y eso es así porque "propugnar hoy una organización confederal para el Estado español es también retroceder un siglo en el tiempo", añadió. (FIN/IPS/td/mj/ip/98
