La coalición gobernante en Chile no está ni será afectada por los procesos judiciales contra el ex dictador Augusto Pinochet en Europa, dijo el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, de visita en la capital de España.
Zaldívar, aspirante a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, principal fuerza de la gobernante Concertación Democrática, pidió en Madrid que España y Chile sometan su diferendo acerca de la jurisdicción para juzgar a Pinochet a la Corte Interamericana de Justicia, con sede en Costa Rica.
El ex dictador está detenido en Londres desde el 16 de octubre, en cumplimiento de una orden internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón, en el marco de un proceso en que se le acusa de genocidio, torturas y terrorismo.
El proceso de extradición está debatiéndose en instancias judiciales británicas.
Dirigentes del Partido Socialista, también integrante de la Concertación Democrática, como los diputados Isabel Allende y Juan Pablo Letelier, viajaron a Londres y Madrid para respaldar la acción de Garzón y presionar por el juzgamiento de Pinochet en España.
Zaldívar, que finalizó el viernes una estancia de tres días en Madrid, se entrevistó con el presidente del gobierno, José María Aznar, con el ex presidente y dirigente del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, y con autoridades parlamentarias.
El presidente del Senado chileno explicó a sus interlocutores la posición de su gobierno, en el que su partido es la fuerza mayoritaria, y afirmó que todos ellos se mostraron comprensivos.
"Todos los políticos encontraron razonable nuestra posición y no la del juez Garzón, pero añadieron que deben respetar las decisiones de la justicia" española, dijo a IPS.
Para Zaldívar, la posición de González, contraria a la extradición de Pinochet a España, no es extraña. El ex primer ministro "nos ayudó a recuperar la democracia y nos recomendó que si veíamos necesario transar, que transáramos, incluso con Pinochet, para hacer avanzar el proceso", dijo.
El aspirante a la Presidencia de Chile negó que en su país haya existido un conflicto bélico, como manifestó Pinochet para justificar las violaciones de derechos humanos cometidas por su dictadura (1973-1990).
"Hubo algunos enfrentamientos, con francotiradores, los primeros días del golpe. Pero la mayor parte de los desaparecidos y ejecutados ilegítimamente lo fueron en 1974, cuando el proceso (el régimen militar) ya estaba estabilizado", explicó.
"Nuestro reclamo es una cuestión de soberanía. Queremos resolver el asunto en Chile, aplicando nuestro derecho y que Pinochet sea juzgado allí al igual que cualquier ciudadano chileno", dijo.
Zaldívar afirmó que Chile no tiene ni quiere una "ley de punto final", al estilo de la que puso fin en Argentina a fines de los años 80 los juicios contra responsables de la represión ilegal, lo cual podría constituir un impedimento legal para el procesamiento de Pinochet en su país.
Por otro lado, el dirigente democristiano sostuvo que el sistema judicial chileno debe ser modificado para impedir que la justicia militar constituya un fuero especial y establecer su dependencia de la justicia civil.
Las gestiones de Zaldívar y otros integrantes del gobierno chileno motivaron la reacción del equipo que acusa a Pinochet ante la Audiencia Nacional de España, encabezado por el abogado Joan Garcés, quien fue asesor del presidente Salvador Allende, derrocado en 1973 por Pinochet y muerto durante el golpe.
Las autoridades chilenas "buscan incapacitar a la justicia española en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales", afirmó el equipo de Garcés el viernes en un comunicado.
Por un lado, el gobierno de Eduardo Frei "interfiere en el procedimiento de extradición en curso en el Reino Unido, siendo así que la República de Chile no es parte demandada ni tampoco ha solicitado la extradición de Pinochet".
Por otro lado, "envían sucesivas expediciones a España con el fin de deslegitimar el normal desarrollo del procedimiento jurisdiccional, tratando de dictar a las autoridades españolas que interfieran en su desarrollo".
En consecuencia, el equipo alertó sobre el riesgo que entraña que algunas autoridades españolas "aparezcan como prestándose, una y otra vez, a semejante operación".
El comunicado recuerda que el ministro de Relaciones Exteriores, Abel Matutes, afirmó que "España estudiará la propuesta chilena para que sea una Corte Internacional de Justicia la que decida qué país y qué institución es competente para juzgar a Pinochet".
El gobierno español no puede negar la competencia de su justicia, por lo que el equipo consideró deseable que respete a los tribunales de justicia españoles, la ley nacional y los tratados internacionales.
El equipo exhortó al gobierno de José María Aznar a declarar públicamente "que no va a plegarse a las presiones que están ejercitando quienes no son parte en el procedimiento", realizadas por "personas que se desviven por mantener la impunidad del detenido a efectos de extradición".
Zaldívar manifestó que la detención y procesamiento de Pinochet afectó el proceso democrático en su país, al causar una polarización. El presidente del Senado dijo entender la condena de la comunidad contra Pinochet, "porque nosotros también lo condenamos".
Pero el precandidato democristiano dijo anteponer la defensa de la soberanía nacional y apostar por la constitución de un Tribunal Penal Internacional para que sancione la violación de derechos humanos, "con reglas y procedimientos bien establecidos".
En cuanto a la Concertación Nacional, la coalición gobernante en su país, "es la única fuerza capaz de proporcionar gobernabilidad y estabilidad a Chile" y no se verá afectada por los hechos derivados del "caso Pinochet", afirmó. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/98
