El enviado de la ONU Soli Sorabjee no tuvo obstáculos esta semana para reunirse en Nigeria con funcionarios y opositores, lo cual revela hasta qué punto el presidente Abdulsalaam Abubakar pretende cambiar la imagen del país.
Sorabjee, relator especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre derechos humanos en Nigeria, concluirá este domingo una visita de cinco días a este país de Africa occidental para observar hasta qué punto la apertura democrática prometida por el gobierno es una realidad.
El año pasado, el régimen militar del general Sani Abacha se rehusó a brindarle cooperación y le impidió ingresar al país, al igual que en otras ocasiones anteriores. Pero Abacha murió en junio de este año.
La visita de Sorabjee coincide con el momento en que el gobierno del general Abukabar, que reemplazó a Abacha, pretende limpiar su imagen ante la comunidad internacional tras su anuncio de que cederá el mando a un gobierno democrático el 29 de mayo.
La semana pasada, la Asamblea General de la ONU elogió "los pasos alentadores realizados por el gobierno de Nigeria para retornar a la democracia".
La Asamblea General, tras el fin de de Abacha (1993-1998), manifestó su beneplácito por el compromiso del gobierno de Abukabar para otorgar libertad de expresión y abolir leyes violatorias de los derechos humanos.
Sorabjee, acompañado por dos funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se reunió esta semana con los ministros de Justicia, Asuntos Exteriores y del Territorio de la Capital Federal en Abuja, capital del país.
"Se han producido numerosos cambios en su país que constituyen una buena señal para el futuro de la nación", dijo Sorabjee al ministro del Territorio de la Capital Federal, Mamman Kontagora.
Sorabjee afirmó que había sido enviado por la ONU para estudiar la situación de los derechos humanos en Nigeria. "No voy a hacer ninguna declaración categórica sobre las sanciones a Nigeria. Entregaré mi informe con los resultados a la ONU y espero poder influir en sus decisiones", expresó.
Las sanciones fueron impuestas a Nigeria luego de que el régimen de Abacha se rehusó a restaurar la democracia y ejecutó en 1995 a ocho activistas que se oponían a la explotación petrolera en Ogonilandia.
Garba Shehu, de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), elogió el informe del relator especial. "En nuestras recomendaciones, hemos solicitado un mayor respeto a los derechos humanos en el país", declaró.
Shehu, ex titular de la Corporación de Editores de Nigeria, manifestó que Sorabjee, que no pudo ingresar al país durante el régimen de Abacha, accederá esta vez a información de primera mano sobre la situación interna.
"Por el hecho de haber visitado el país, el informe del relator estará más cerca de la verdad. Apreciamos el trabajo de Sorajbee como complementario al que hemos realizado", dijo Shehu.
"Nuestros informes están en la ONU hace tiempo, y hemos provisto instrumentos confiables para que la organización internacional pueda realizar una correcta evaluación de lo que sucede en Nigeria", afirmó.
Por su parte, el ministro de Justicia Ibrahim Abullahi aseguró al enviado de ONU que su gobierno se había comprometido a realizar una transición pacífica a la democracia.
"El gobierno está interesado en anular esos decretos que ya no sirven a Nigeria", expresó Abullahi haciendo referencia a las leyes que violan los derechos humanos.
La semana pasada el general Abukabar declaró que todas las leyes opuestas a los derechos humanos universalmente aceptados serán eliminadas de los textos legales del país.
"Pueden estar seguros que haremos lo posible y, que yo sepa, desde que asumí el gobierno esos decretos jamás fueron utilizados", dijo a la prensa el militar.
Al tope de la lista figura el decreto número 2 puesto en vigor en 1994 por el gobierno militar del general Muhamed Buhari, que otorga poderes a la policia secreta para arrestar a cualquier persona durante seis meses si es considerada un riesgo para el Estado.
Los sucesivos gobiernos militares emplearon los decretos para detener a activistas prodemocráticos y de derechos humanos o a cualquier persona que fuera considerado peligroso por la policía secreta.
Samson Bako, del Proyecto de Derechos Constitucionales, afirmó que había aclarado, ante el enviado de la ONU, que la policía secreta debía ser reorganizada para reducir sus excesos.
Bako añadió que había entregado al representante de ONU una lista con 295 personas que permanecen encarceladas sin proceso desde 1990, acusadas de subversión.
"Algunos de los supuestos conspiradores, amnistiados durante el gobierno provisorio de Ernest Shonekan (1992-1993), siguen en la cárcel", denunció Bako.
No todos los grupos humanitarios se muestran complacidos por la visita del enviado de la ONU.
Gani Fawehinmi, del Comité de Accién Conjunta sobre Nigeria, expresó "serias objeciones" respecto de las declaraciones preliminares en las que Sorabjee elogió la situación humanitaria en el país.
Fawehinmi, abogado y activista de derechos humanos, dijo que el informe del enviado "expresa conclusiones sin una apropiada investigación, lo que desacredita la función del redactor especial". (FIN/IPS/trad-en/ro/mn/ego/nc/mj/hd ip/98
