La polémica en Cuba sobre la internación obligatoria de estudiantes de enseñanza media en escuelas rurales alcanzó este mes una intensidad sin precedentes en los últimos años.
El gobierno de Fidel Castro reafirmó su política educativa, frente a las críticas de algunos padres, que exigen mejores condiciones para sus hijos, estudios especializados sobre la repercusión del sistema en las familias cubanas y demandas de medios católicos en la materia.
"No es una situación coyuntural. Obedece a una idea pedagógica a la que el país ha llegado por consenso", afirmó sobre los centros internos el ministro de Educación, Luis Ignacio Gómez, entrevistado por Granma, diario del gobernante Partido Comunista.
Gómez defendió el derecho que cada país tiene para escoger el modelo "para educar a sus hijos". "En nuestro caso no se trata de una ley", sino de "una estrategia para continuar construyendo el socialismo", enfatizó.
Además de la entrevista al titular de Educación, Granma publicó este mes una extensa e inusual serie peridística bajo el título de "La beca a debate".
Por su parte, un artículo del último número de la revista católica Vitral sobre la autonomía de la educación defendió el derecho que tienen la familia y el estudiante a escoger una escuela interna o una de tiempo académico mínimo.
"No debe suceder que los padres deleguen su responsabilidad educativa en la escuela, ni que ésta no deje tiempo a que los padres vivan con sus hijos", afirmó el académico Sergio Lázaro Cabarrouy en su artículo para Vitral, publicación del arzobispado de Pinar del Río, a 176 kilómetros de La Habana.
La obligatoridad del sistema de internado en escuelas rurales fue considerada contradictoria desde un inicio, pero la polémica cobró fuerza este año cuando el papa Juan Pablo II reivindicó el derecho de la familia a escoger el tipo de educación que quiere para sus hijos.
La demanda fue más allá de exigir la apertura de escuelas católicas para llevar implícita una crítica al sistema que, según la Iglesia Católica, genera separación familiar y pérdida de valores esenciales del ser humano.
Salvo raras excepciones, en casos de enfermedad o en alguna región excluida del sistema por razones no conocidas, los adolescentes que cursan los tres grados preuniversitarios tienen como única opción las llamadas escuelas en el campo.
El sistema, que surgió hace 27 años como una alternativa a los preuniversitarios urbanos, fue bien acogida por familias de bajos ingresos y entre aquellos alumnos de alto rendimiento académico que optaban por las mejores escuelas internas.
Pero en el curso escolar 1990-1991, el gobierno de Castro anunció el traslado a escuelas rurales de todos los estudiantes que ingresaban en décimo grado, en aras de cumplir con el principio de vinculación del estudio con el trabajo.
Hasta ese momento los alumnos de las secundarias y preuniversitarios urbanos cursaban estudios cerca de sus hogares y una vez al año eran movilizados durante 45 días a labores agrícolas.
"No me explico cómo la escuela logrará crear hábitos de organización en los estudiantes si la mayoría de los albergues carecen de una taquilla donde el muchacho guarde sus pertenencias", dijo Olga Rodríguez, graduada de un instituto preuniversitario en el campo.
Los padres suelen quejarse de las malas condiciones materiales y el deterioro de la construcción de algunas escuelas, la deficiente alimentación, la libertad sexual y la ausencia, en ocasiones, de un control efectivo del personal docente sobre los becados a su cargo.
El reglamento escolar vigente, según Granma, considera de obligatorio cumplimiento que los estudiantes practiquen la cortesía y el respeto mutuo y prohibe "el juego de manos, los motes y apodos ofensivos, bromas groseras y de mal gusto".
Los jóvenes "deben manifestar una conducta sexual responsable, siendo consideradas como indisciplina las manifestaciones excesivas" y las relaciones con los profesores deben ser respetuosas, sin mostrar "exceso de confianza".
"El uso de las literas tiene carácter individual, por lo que se prohibe el dormir más de un estudiante en cada cama", exige el reglamento sobre un hecho que se convirtió en práctica y alarma de no pocos padres y madres en la isla.
Gómez, por su parte, estima que están tomadas las medidas para el perfeccionamiento del sistema que responde a las necesidades de un país que "ha universalizado la educación y tiene que universalizar el trabajo.
Desde su arribo al poder, en 1959, el gobierno de Castro eliminó el analfabetismo, nacionalizó la enseñanza y declaró el derecho universal y gratuito de todos sus ciudadanos de acceder a todos los niveles de educación, incluido el universitario.
El Ministerio de Educación informó en septiembre que al curso escolar 1998-1999 se incorporaron unos 2,4 millones de niños y jóvenes, alrededor de la quinta parte de una población total de algo más de 11 millones de personas.
"Si no hubiera aceptación (por las becas), si el rechazo fuera generalizado, la matrícula de este curso en todos los centros internos del país no habría aumentado 20.000 estudiantes", comentó el ministro de Educación.
Entre los argumentos oficiales a favor de la escuela en el campo, las autoridades del sector esgrimen el 30 por ciento de aumento del número de estudiantes de duodécimo grado que deciden presentarse a los exámenes de ingreso a la Universidad.
Gómez enfatiza también en el aporte económico que significan estas escuelas en sectores agricolas priorizados como la producción de cítricos. En Cuba "sólo se cuenta con 20 por ciento de la población en áreas rurales", afirmó.
El ministro llamó a escuchar la opinión de los estudiantes y evitar sacar conclusiones a partir de lo que piensan los adultos, que en un pasado fueron a donde les pidió la dirección de la revolución cubana "pero ahora manifiestan cierta actitud paternalista".
Expertos cubanos alertaron a finales de la pasada década que la familia cubana se ha visto afectada por movilizaciones agrícolas, concentraciones militares, servicios sociales de los graduados universitarios y escuelas en el campo.
Investigación de varios centros de estudios sociales coinciden en que las separaciones en períodos de tiempo más o menos prolongados han alterado la dinámica familiar en la isla, con consecuencias negativas en la formación de los hijos y en la estabilidad de la pareja.
Para Patricia Arés, profesora de la facultad de Sicología de la Universidad de La Habana, no se puede hablar de la importancia social de la familia cuando se separa a los adolescentes de los padres, en momentos en que el papel educativo de los progenitores es indispensable.
"Es cuestión de enfoques o intereses y necesidades, pero también del derecho de opción que corresponde a los padres y a los hijos", opinó Orlando Márquez, director de la revista del Arzobispado de La Habana, Palabra Nueva. (FIN/IPS/da/mj/ed/98
