Los líderes de los cultivadores de coca de Bolivia volvieron a sus lugares de origen con las manos vacías, tras un largo conflicto con el gobierno en esta ciudad en defensa de las plantaciones ilegales destinadas a fabricar cocaína.
Ni la marcha de 500 kilómetros durante 24 días desde la región productora de coca y cocaína del Chapare hasta La Paz, ni un mes de protestas en las calles de esta ciudad, ni la huelga de hambre de un grupo de campesinos convencieron al gobierno de modificar el programa oficial antidrogas Plan Dignidad.
El gobierno designó con ese nombre su estrategia para erradicar antes del 2002, año en que terminará la presidencia de Hugo Banzer, las alrededor de 35.000 hectáreas de cultivos de coca utilizados por el narcotráfico en Bolivia.
Los campesinos cultivadores de coca intentaron con sus protestas cambiar la opinión a las autoridades, pero ante la firmeza gubernamental, que no cedió ni un milímetro del Plan Dignidad, debieron abandonar La Paz el fin de semana.
Los cocaleros tampoco lograron la desmilitarización del Chapare, donde viven unas 30.000 familias, ni detener la erradicación de coca, que continuó durante los días de conflicto.
Para el gobierno, la conclusión de las protestas es una victoria del Plan Dignidad.
"Expresamos nuestra máxima satisfacción, pero de ninguna manera tenemos la visión de triunfadores y derrotados", dijo el ministro de Defensa, Fernando Kieffer, tras el retorno de los campesinos a sus lugares de origen.
Mientras, Evo Morales, líder cocalero del Chapare, explicó en La Paz que el final de las protestas se inscribe en la crisis de los movimientos populares de América Latina.
Lo único que consiguió el movimiento cocalero es un acuerdo en el que el gobierno reafirmó su compromiso de aplicar la reducción voluntaria de cultivos de coca en consenso con los campesinos, tal como establece la ley vigente en materia de lucha contra las drogas de Bolivia.
Gobierno y campesinos acordaron también la creación de una comisión especial encabezada por la ministra de Justicia, Ana María Cortés, para defender los derechos humanos en el Chapare.
"En la comisión participarán representantes de organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia", explicó Morales el domingo.
El gobierno contempló también la posibilidad de indemnizar a los campesinos heridos en los enfrentamientos con policías y soldados durante las movilizaciones de julio en el Chapare.
Una campesina de 55 años que participó luego en la huelga de hambre en La Paz recibió entonces un balazo que le destrozó una pierna.
"Lo que más bronca me da es que me balearon sin que haya participado en ningún bloqueo. Yo hacía de padre y madre en mi casa y ahora no puedo ni moverme. No sé qué futuro le espera a mis hijos", decía esa mujer, que se presentó a los periodistas como doña Felipa.
Los cocaleros esperan que el gobierno cumpla su compromiso de respetar los derechos humanos en la lucha contra las drogas, que afecta más a los campesinos que a los grandes narcotraficantes.
La defensora del Pueblo, la periodista Ana María Campero, que asumió el cargo el día 1, creó una representación de su oficina en el Chapare para velar por el respeto de los derechos humanos en esa región.
Bolivia figura entre los tres primeros países productores de coca del mundo, junto con Colombia y Perú.
El gobierno de Banzer erradicó desde enero unas 7.700 hectáreas de coca, cantidad superior a la meta anual fijada por ley y suficiente para lograr la "certificación" (aval) de Estados Unidos en la materia.
A diferencia de años anteriores, en los que se llegaba a las 7.000 hectáreas fijadas a fines del año, el actual gobierno prevé erradicar un total de 9.000 hectáreas antes del 31 de diciembre. (FIN/IPS/jcr/mj/ip hd/98
